Las medidas autoritarias con excusa de la pandemia siguen recrudeciendo en todo el mundo y la Argentina no es la excepción. Haber tenido un récord de caída económica en 2020, aumento de muertes por represión policial en el contexto del cumplimiento de las restricciones, según consignó la CORREPI y aumento brutal de la desocupación y la pobreza, para terminar teniendo similares (o peores) cifras de muertes por millón que países que no aplicaron dichas restricciones (de las que actualmente hasta el Dr. Pedro Cahn parece lavarse las manos y volver sobre sus palabras), no impidieron que la diputada nacional del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, presentara este viernes un proyecto de ley que propone “endurecer las penas y las multas contempladas en el Código Penal” para “evitar conductas irresponsables de infractores de las medidas de protección en materia de salud pública, que pongan en riesgo la salud y la vida de la población en el marco de la pandemia de la Covid-19”.
El Código Penal define delitos contra la salud pública y sus respectivas multas en los artículos 202 y 203, mientras que el artículo 205 establece penas y multas para quien viole las medidas adoptadas por el Gobierno para “impedir la introducción o propagación de una epidemia”, lo que abarca cualquiera de las medidas que se vienen tomando como los confinamientos, cierre de comercios, etc. Queda abierta a futuro la inclusión de la vacunación, que no es obligatoria por el momento debido a que su logística y aprovisionamiento no alcanza a cubrir a la totalidad de la población y de hecho se calcula que tomará todo el año 2021 para alcanzar al 70% de la misma.
El proyecto de Vallejos establece nuevas multas, que van desde los $108.000 hasta los $12.960.000, según la gravedad. Mantiene la pena de tres a quince años de prisión para quien “propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”. Y, si tuviera como resultado enfermedad o muerte prisión de seis meses a cinco años. Además, las sanciones establecidas se duplicarán si la violación a la restricción se produce en el marco de una “pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)” o de una emergencia sanitaria establecida por el Poder Ejecutivo Nacional.
El proyecto de Vallejos contó con el acompañamiento de más de quince representantes del bloque oficialista.
Mientras violadores y asesinos siguen siendo beneficiados con salidas transitorias y la sociedad reclama el endurecimiento de sus penas, los legisladores presentan proyectos de ley que afectan al pueblo trabajador, que comete el terrible pecado de salir de su casa para ir a realizar un oficio considerado “no esencial”, visitar a un familiar o abrir un negocio para ganar dignamente su sustento. Quizá el negocio de la casta política sea precisamente ese, destruir toda fuente autónoma de ingreso para arrojar a los ciudadanos a la dependencia absoluta de las dádivas del gobierno de turno.
Hoy presenté un proyecto para fortalecer y actualizar las penas y multas vinculadas a delitos contra la salud pública tipificados en nuestro código penal.
Proteger un bien precioso como es la salud es una responsabilidad de todas y todos. No es una elección, es una obligación. pic.twitter.com/QJ7zyRQnDG— Fernanda Vallejos (@fvallejoss) March 26, 2021