La deuda del Grupo Macri con el Estado Nacional (todos nosotros), por causa del canon impago mientras administró el Correo Argentino, actualizada al presente, ronda los $4.500 millones de pesos, sin embargo, en su última propuesta, solo acepta pagar lo adeudado al año 2002, o sea, $296 millones, y deja de lado los intereses acumulados en los 18 años que pasaron, licuando cerca del 94% del total.
El Grupo Macri (Socma) supedita el pago de intereses al resultado de los juicios que a su vez le entabló al Estado por el supuesto perjuicio sufrido a partir de la expropiación del Correo. O sea, si gana sus juicios contra el Estado, usará el dinero público para pagar los intereses adeudados. En caso de aceptarse esta propuesta, serán nuevamente todos los argentinos quienes deberán pagar las deudas de los Macri, ya que los $296 millones son solo el 4% del total.
En el escrito, se sostiene con descaro que “La capacidad de pago surgirá de los propios importes que el Estado deba pagar a la concursada. Estos importes, luego de deducidas las costas y gastos que correspondieran serán depositados por el Estado Nacional según las formas de estilo en la cuenta que la concursada posee ante el Banco de la Ciudad de Buenos Aires”.
Quien desde el Estado Nacional deberá analizar la propuesta y reclamar un acuerdo justo, desde el 2017, es el representante de la Procuración del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, histórico ex abogado del Grupo Macri, por lo que la misma familia empresaria queda de ambos lados del mostrador.
Será el Poder Judicial quien finalmente determinará si lo que se termine acordando no incurre en una nueva estafa al Estado Nacional. La causa original ya tiene varias derivaciones judiciales. En abril de 2019, fue la fiscal general, Gabriela Boquín, quien expuso una serie de desvíos irregulares de fondos del Correo Argentino por parte de los Macri, generando un «vaciamiento progresivo», por unos $35 millones de pesos. En noviembre de 2018, la fiscal Paloma Ochoa imputó a Laura Alonso por proteger a Mauricio Macri desde la Oficina Anticorrupción.
Tras 18 años, los argentinos siguen sin poder cobrar esta millonaria deuda de los Macri.
