Buques ilegales siguen depredando el calamar argentino: calculan pérdida de hasta 3000 millones de dólares

La presencia ilegal de aproximadamente 300 barcos asiáticos, principalmente chinos, realizando una pesca predatoria en el límite del mar argentino, ocasiona pérdidas económicas al país de entre 2000 y 3000 millones de dólares. Dicha actividad, que viene de décadas sin poder ser resuelto, atenta también contra el desarrollo del sector nacional, porque la industria de nuestro país se ve obligada a competir de manera desleal con quienes explotan recursos sin respetar ningún tipo de regulaciones, procesos ni ciclos ecológicos, repercutiendo en la pérdida de puestos de trabajo.

Desde un avión Turbotracker de la Armada se registró, por medio de una fotografía, cientos de luces de buques extranjeros pescando en las orillas del Mar Argentino, más precisamente en la denominada “Milla 201”, “jugando al gato y al ratón” con la Prefectura y Armada Argentina.

A finales de 2020 llegaron cerca de 300 buques extranjeros, en su mayoría chinos, y se considera que el valor de lo capturado oscila entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. La “Milla 201″ es la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y está reservada para la pesca de los buques argentinos.

Según explicó el capitán de Corbeta Ricardo Schroeder, la luminosidad es parte de la técnica de pesca: atraer los cardúmenes de Calamar Illex.

Juan Redini, presidente de la Cámara de Armadores Poteros Argentinos (CAPA), advierte que cada uno de esos barcos acumula entre 10 y 20 toneladas de calamar por día y considera que esos buques extranjeros capturarán en diez días unas 30.000 toneladas, en un mes 90.000, en dos meses 180.000, superando lo que en todo el 2020 pescaron los buques argentinos, alrededor de 170.000 toneladas.

“Los poteros acá somos 70 barcos, y vendemos a los mismos mercados; si ellos (por los buques extranjeros) pescan bien, los precios pueden caer de un rango de entre U$S 2.700 y 3.000 la tonelada debajo de los U$S 2.000. Y los costos nuestros son mucho más altos, en una proporción de 10 a 1”, aseguró Redini.

También remarcó que algunos buques extranjeros llevan a cabo la extracción de calamar con combustible subsidiado por el Estado y que además se pagan los salarios de U$S 200 mensuales.

“En aguas adyacentes los únicos que cumplen las reglas son los buques argentinos, el resto violan el deber de cooperación, el principio ecosistémico y de pesca responsables, sin tomar en cuenta ninguna medida de conservación”, explicó Eduardo Pucci, director ejecutivo de la Organización para la Protección de los Recursos Pesqueros (Opras) y añadió:  “la pesca ilegal tiene 3 componentes: la ilícita propiamente dicha, que se realiza en ausencia de permisos; la no declarada; y la no reglamentada”.

Pucci concluyó: “Es imprescindible regular la pesca en las zonas adyacentes a la ZEE porque son recursos transzonales, dado que los peces no permanecen estáticos si no que van migrando; entonces el país costero aporta ese recurso y se ve afectado porque se lo pesca afuera con total desregulación”.

Cabe remarcar otra problemática en torno a la pesca en el Atlántico Sur: las licencias concedidas desde las Islas Malvinas. Desde el portal de la población usurpadora kelper, Penguin News, el 12 de febrero, se difundió que ya se había autorizado -desde las islas- 36 de las 105 embarcaciones que solicitaron autorización para la pesca del Calamar, con permiso desde el 15 de febrero hasta el 15 de junio. Además se señala en dicha nota que la explotación total de los pesqueros con “licencia Falklands” pescan unas 200.000 toneladas, de las cuales un 75% (unas 150.000 toneladas) son de Calamar Illex.

La flota china se mueve con libertad debido a la carencia de recursos técnicos y poder de fuego de la defensa argentina, sumado a las leves sanciones impuestas por la legislación nacional: un pesquero operando en la zona económica exclusiva es multado con u$s 150.000, cuando genera ganancias superiores a los u$s 4 millones por vuelta.

La flota de gran distancia china suma en todo el mundo unos 17.000 buques, conformando una actividad delictiva que representa el sexto negocio criminal más lucrativo a nivel mundial, con ingresos que se calcula alcanzan los u$s 36.000 millones, según el Global Financial Integrity.