Como venimos observando, el proyecto regional diseñado en el Departamento de Estado de los EEUU para tomar el control político y económico en los países latinoamericanos, se viene desplegando paso a paso. El control político requiere neutralizar, proscribir y encarcelar a los dirigentes políticos populares que se corrieron del eje geopolítico norteamericano y se acercaron a Rusia y China (Lula da Silva, Cristina Kirchner, Rafael Correa, etc.). El control económico a su vez requiere desplazar a poderes económicos locales, tanto industrial como el de la “patria contratista”, para preparar la entrada de grandes empresas norteamericanas que las reemplacen o compren a bajos precios.
Por este motivo, Bonadío avanza con un nuevo procesamiento contra Cristina Kirchner pero también contra Ángelo Calcaterra (primo y testaferro de las empresas de Mauricio Macri –hacia quien finalmente podría desembocar esta investigación judicial-), Luis Betnaza (CEO de Techint, la primera empresa industrial nacional de capital privado), Aldo Roggio (una de las principales constructoras del país), Hugo Eurnekian (sobrino de Eduardo Eurnekian y director de Corporación América S.A.) y Gerardo Ferreyra (desplazando a la empresa que junto a China iba a realizar las represas en Santa Cruz).
La cercanía de Bonadío con algunos sectores del PJ ligados también a la Embajada permite vislumbrar que este “Lavajato” a la argentina podría terminar perjudicando tanto al kirchnerismo como a Cambiemos y beneficiar una salida hacia el autodenominado “peronismo racional” amigable con los EEUU.
Otros de los procesados en la “causa de los cuadernos” son: el ex jefe de la AFI del gobierno anterior, Oscar Parrilli, el chofer-espía, Oscar Centeno y los ex funcionarios Julio De Vido, José López y Roberto Baratta; los empresarios Carlos Wagner, Gabriel Romero, Néstor Otero, Juan Carlos Lascurain (ex presidente de la UIA) y el operador judicial Javier Fernández.
Este nuevo procesamiento a Cristina Kirchner no determina su encarcelamiento dado que por su carácter de senadora nacional y de acuerdo a la doctrina que rige en la tradición del Senado, según Miguel Ángel Pichetto “la etapa de instrucción, una etapa preliminar donde hay elementos, pero que no configura la responsabilidad penal, entonces es imposible producir el desafuero y la detención de un senador, presidente, ministro”.
El texto completo de los procesamientos:
