El histórico apagón que dejó sin energía eléctrica a la Argentina desde durante este domingo 16 de junio no pudo ser explicado por el Gobierno Nacional, el que tardó más de 7 horas para pronunciarse mediante una conferencia de prensa del secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, en la que solo se atinó a decir que: “No hay razones para que esto haya ocurrido, pero la realidad es que ocurrió”. O sea, la nada misma. ¿El Gobierno desconoce las causas del inédito suceso o esconde información? El SADI (Sistema Argentino de Interconexión) está gestionado por la empresa Transener, privatizada por Macri y entregada a su amigo y testaferro, dueño de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, lo que motivó una denuncia penal en 2018. A su vez, la empresa que conecta a Yaciretá con el SADI es Yacylec, histórica compañía del Grupo Macri, con impuestos adeudados a la AFIP por $46 millones de pesos. Yaciretá y Salto Grande desmintieron las versiones oficiales. ¿Qué esconde el Gobierno?
Lopetegui solo repitió lo que ya se había comentado desde el mediodía: “Sabemos que a las 7:07 se produjo una falla en el sistema de transporte del Litoral. Son fallas que ocurren con asiduidad, tanto en Argentina como en otros países. Lo que sí es anormal o extraordinario es la cadena de acontecimientos posteriores que causaron la desconexión total. Desde que el sistema se desestabiliza hasta que se corta pasan milisegundos. Son sistemas de protección que producen una desconexión total. Hay que saber por qué pasó”.
Ante la ausencia de respuestas oficiales, las hipótesis se multiplican: ¿Falta de mantenimiento por corrupción del Gobierno y desvío de fondos millonarios (después de tarifazos de más del 1000%)? ¿Sabotaje o testeo de la debilidad estructural del sistema mediante un ciberataque (como le ocurrió a Venezuela bajo el ataque de los EEUU)? Esto último no debería descartarse cuando se acaba de conocer a través del New York Times que la inteligencia norteamericana habría implantado o intentando implantar malware en las redes eléctricas de Rusia, justamente para provocar un apagón masivo como parte de las guerras híbridas de última generación.
La Entidad Binacional Yacyretá emitió un comunicado en el que “desmiente categóricamente que la falla se haya iniciado en las instalaciones de la Central Hidroeléctrica”. Expresando además que “el origen del corte de energía eléctrica en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) fue generado a raíz de un evento en un ámbito que es ajeno a las instalaciones de la Central Hidroeléctrica y cuyas causas aún no han sido identificadas”.
Por su parte, desde Salto Grande declararon al sitio de noticias El Entrerios, afirmando que “desconocemos la causa de este apagón inédito. Sólo podemos informar que la Represa de Salto Grande está funcionando con normalidad y no ha tenido participación alguna en este imprevisto”.
Todo esto desmiente lo que la Secretaría de Energía había afirmado al oficialista diario Clarín: “las tormentas del litoral (que) sacaron de sistema líneas de Yacyretá – Salto Grande”, lo que “saca de sincronismo a las centrales eléctricas de todo el país que tienen protección automática cuando se altera la frecuencia de 50 Hz”.
¿Tan débil es la infraestructura de todo el sistema eléctrico nacional que una falla aislada puede dejar a más de 40 millones de personas sin luz e incluso afectar a países vecinos? Si fue parte de un ciberataque probando las debilidades estructurales de la Argentina, ¿nadie se va a hacer cargo de esta vulnerabilidad estratégica de nuestro país? ¿Qué pasaría en el caso de una guerra? ¿Tan fácil sería dejar al país entero sin suministro eléctrico? ¿A dónde fueron a parar los millones de pesos de ganancias extraordinarias que recibieron las compañías del rubro? ¿Hubo detrás de este inédito incidente un desvíos de dinero o ventas en negro de energía?
¿Más de 12 horas sin saber las causas? ¿Entre 10 y 15 días para poder tener más información? ¿Qué oculta el Gobierno?
Muchas dudas recaen sobre la empresa Yacylec, que es la encargada de proveer el transporte de energía desde Yacyretá a la estación transformadora de Resistencia, Chaco. Esta empresa es propiedad del Grupo Macri y ya había generado un escándalo cuando se conoció que le debe impuestos a la AFIP por $46 millones de pesos. Recordemos que por acumular deudas millonarias al fisco, empresarios como los dueños del ex Grupo Indalo están presos. El control sobre el Poder Judicial evidentemente hace que solo sean penados los enemigos del Gobierno.
Como se explicó desde Kontrainfo en 2018, “Yacylec debía originalmente $6,9 millones de impuesto a las Ganancias (de 1998 a 2000 y 2000), más intereses, multa de $4,8 millones. A esto se sumaron $1,7 millones del período 2001, más intereses y multa por $1,2 millones. Sumando a esto los intereses acumulados hasta el 2018 la deuda ya asciende a los $46 millones”.
El caso Yacylec también quedó entremezclado con los Panama Papers: “La empresa contaba en su paquete accionario con la empresa SIDECO, de los Macri, desde que ganó la concesión en 1993. Mauricio Macri retuvo incluso acciones en Yacylec a título personal hasta febrero de 2016, luego de los primeros tarifazos que acrecentaron la rentabilidad de la misma, para luego transferir sus acciones (en un supuesto 5,33%, si bien aparecían subvaluadas en declaraciones previas para que aparezcan como un 0,01%) a su propio padre en SIDECO Americana, con sede en Panamá. Macri transfirió sus acciones en febrero de 2016, cuando se supo que se revelarían sus movimientos en los Panama Papers (abril de 2016) y empezaron a conocerse las incompatibilidades entre las empresas de las que era titular y la obra pública del Estado, situación que lo ha venido dejando de ambos lados del mostrador, como en el caso del Correo Argentino, en el que desde el propio Gobierno el ingeniero en funciones intentó licuar la deuda de su familia o el caso del soterramiento del tren Sarmiento en el que se autoasignó financiación millonaria por decreto”.
Lo curioso de muchas de estas irregularidades y delitos es que fueron denunciados por quienes hoy son funcionarios macristas, tal el caso de la dirigente Florencia Arietto.
La otra transportadora de energía clave es Transener, la que también quedó involucrada en hechos de corrupción cuando el Gobierno de Macri decidió privatizarla, entregándosela a su amigo y testaferro, Marcelo Mindlin (Pampa Energía) y su primo y también testaferro, Angelo Calcaterra. Este hecho motivó a comienzos de 2018 una denuncia penal presentada ante el Poder Judicial por el Secretario General de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo.
La red troncal de Transener recibe energía de las regionales: Transnea, Transnoa, Transpa, Yacylec, Districuyo y Transcomahue.
La denuncia, sostiene que «El desparpajo distributivo en la titularidad de los negocios de energía hace indiscutible el interés, conocimiento y antecedentes del Presidente Macri, por ello es que la denuncia tiene fundamentos como para sostener que el Ingeniero Presidente ha dispuesto medidas que perjudican a la Nación y beneficia a su grupo de negocios. Nos animaríamos a decir que cuando este fuero tome la velocidad cíclica que lo ha caracterizado desde el regreso a la formalidad democrática, la decisión de finiquitar la meseta de humana especulación corporativa, el hoy Presidente será fatalmente juzgado como el jefe de una asociación ilícita, que obligarán a las reaperturas de causas por haber incurrido en “Cosa Juzgada írrita”, las que se acumularan como nunca en el pasado».
De acuerdo a la propia empresa, Pampa Energía “participa en la totalidad del negocio eléctrico. En generación con más de 3.700 MW de potencia instalada; en transmisión es co-controlante de Transener y Transba; y en distribución, a través de Edenor, atiende a más de 2.800.000 clientes en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense”. Por lo que Mindlin controla gran parte de la generación, transmisión y distribución de electricidad de la República Argentina. Es importante recordar que Mindlin inició sus negocios, en sociedad con Eduardo Elsztain, administrando dinero del megaespeculador George Soros, a su vez ligado a la histórica banca Rotshchild. Mindlin a su vez es socio del británico Joe Lewis en Edenor. Joe Lewis es sobradamente conocido por sus polémicas posesiones en la Patagonia, las que incluyen una enorme pista de aterrizaje de aviones de 2 kilómetros de largo en las costas de Río Negro, cerca del límite con Chubut, y que podría ser utilizada por aviones militares desde la base británica en las Islas Malvinas ¿En manos de quiénes ha quedado la estratégica seguridad energética del país?
Por otra parte, Yacyretá, represa binacional conocida también como el “monumento a la corrupción”, fue un enorme nicho de negocios para las empresas de los Macri, como IECSA, que pasó primero al primo y luego también a Marcelo Mindlin. Muchas de estos negocios se favorecían desde la provincia de Misiones, que supo ser gobernada por el también macrista Ramón Puerta (hoy embajador en España) y a través del presidente del bloque PRO en el Senado, Humberto Schiavoni, durante años también ministro de Economía de Misiones.
El mantenimiento de Yacyretá dejaría también bastante que desear. El ingeniero ambientalista Roberto Ríos alertó, tiempo atrás, que “están empezando a aparecer deslizamientos y fisuras en todos lados”, lo que podría terminar en un colapso catastrófico de la represa.
Durante la noche del domingo del histórico apagón más de 1 millón de usuarios seguían sin suministro eléctrico. Falta de mantenimiento e inversión, corrupción, desvíos de dinero, debilidades estratégicas en nuestra defensa nacional, ¿qué podría salir mal?
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