Tras el escándalo por intentar cargarle a los usuarios en sus facturas las deudas de las corporaciones gasíferas en 24 cuotas más interés, Macri decidió que sea el Estado argentino el que se haga cargo de las mismas, lo que en la práctica es una estatización de deudas privadas, con efectos similares a lo ocurrido en 1982, cuando por medio de otros mecanismos financieros (seguros de cambio), Domingo Cavallo desde el Banco Central estatizó las deudas en dólares contraídas por las corporaciones privadas, entre ellas del Grupo Macri, el que licuó cerca de U$S 200 millones de dólares en aquella ocasión.
El monto en este caso es de $20.000 millones de pesos, alrededor de U$S 500 millones de dólares al cambio actual que tendremos que asumir con nuestros impuestos todos los argentinos. Falta establecer el mecanismo, pero ya se habla de 30 cuotas que abonaría el Estado, más intereses, quizá bajo el formato de un bono.
Este nuevo disparate es sin embargo presentado por los grandes medios cómplices del Gobierno como una «marcha atrás» de la medida original, como un «acto de racionalidad» ante el pedido de toda la oposición y hasta del radicalismo, encubriendo así la verdadera maniobra que consiste en hacer asumir al conjunto del pueblo argentino las pérdidas de grandes empresarios amigos de Mauricio Macri. Los medios siguen así el dislate del radical Ángel Rozas, quien llegó a publicar: «Lo logramos, el radicalismo consiguió frenar la suba retroactiva del gas. El Estado se hará cargo del monto extra». Un nuevo engaño, que la ciudadanía no debería dejar pasar.
