El juez federal Rodolfo Canicoba Corral, dictó el procesamiento a quien fue funcionario de la cartera de Hacienda en la gestión de gobierno de Mauricio Macri como presidente de la nación. Además, le trabó un embargo sobre sus bienes de 100 millones de pesos.

«Ha quedado demostrado, con el grado de certeza exigido en esta etapa procesal que el nombrado intencionalmente no ejecutó la normativa cuyo cumplimiento le incumbía, conforme el cargo que desempeñaba», enfatizó el magistrado en el fallo.

Se investigan maniobras a través de las cuales las empresas AUSOL y Grupo Concesionario Oeste S.A. lograron prolongar la concesión de los peajes de los accesos Norte y Oeste respectivamente hasta 2030, sin pasar por un previo proceso licitatorio, y se garantizaron así que el Estado les reconociera deudas de 499 millones de dólares y 247 millones de dólares, según el caso.

Previo a entregar un escrito ante Canicoba Corral, Dujovne realizó una breve declaración por videoconferencia en la que se desligó de cualquier responsabilidad sobre la acusación que recae en su contra:

“Voy a declarar y quisiera realizar la siguiente manifestación. Me encuentro en condiciones de aclarar, desde ya, que no tuve ninguna participación en el tema de la renegociación de contratos de concesión de autopistas, que es objeto de investigación en la presente causa», expresó.

Y agregó: «Ello, por la sencilla razón de que se consideró que la ley vigente al momento en que se requirió la participación del Ministerio de Hacienda, no le otorgaba intervención a dicha cartera, cosa que sí sucedía hasta diciembre de 2017. El Ministerio que yo dirigía no emitió ningún juicio de valor, ni tampoco opinó si estaba bien o mal, porque no le correspondía hacerlo, nada más».

«Estoy presentando un escrito en donde he volcado todo lo que conozco y todo lo que puedo decir sobre este tema hasta el momento. Si luego de la lectura de la documentación obrante en la causa, surgen cuestiones no abarcadas por mis manifestaciones, ampliaré mi declaración a fin de formular las aclaraciones que fueran necesarias».

Los otros exfuncionarios procesados fueron el exministro de Transporte Guillermo Dietrich; el exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel, y el exProcurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, aunque a ellos se les endilgó el delito de administración fraudulenta en contra de las arcas del Estado, se los investiga en el mismo expediente si desde el Gobierno de Macri se favoreció a empresas concesionarias de peajes, como Autopistas del Sol S.A (AUSOL), que habían estado vinculadas comercialmente con empresas de la familia del expresidente.

El magistrado tomó la decisión de prohibirles a los imputados la salida del país debido «al estado del proceso y la gravedad de las conductas que se investigan». Canicoba Corral, también citó a declarar al exdirector de Asuntos Jurídicos de Vialidad, Ricardo José Stoddart; al procurador del Tesoro y exabogado de la familia Macri, Bernardo Saravia Frías y al presidente del directorio de Autopistas del Sol SA, Andrés Alfonso Barberis Martín.

Los exfuncionarios de Cambiemos y el empresario serán indagados por «maniobras defraudatorias», que, según el juez, resultaron «gravemente lesivas para las arcas del Estado, llevados a cabo por funcionarios públicos, en connivencia dolosa con particulares que intervinieron…“.

Las indagatorias se ordenaron en el marco del expediente en el que se investigan maniobras fraudulentas entre la corporación Abertis y el Grupo Macri en los peajes de los principales accesos a Buenos Aires, en el Acceso Oeste y la autopista Panamericana. Barberis Martín fue quien firmó en junio de 2018 las renegociaciones de los contratos en nombre de las compañías a cargo de la concesión de ambas autopistas y Stoddart, fue quien estuvo a cargo del área de Legales de la Dirección Nacional de Vialidad cuando se firmaron los contratos.

Macri, en complicidad con los imputados Iguacel y Dietrich, permitió aumentos altísimos en las tarifas de peajes y por consecuencia Socma S.A. decidió vender sus acciones a mediados de 2017 a precio récord. La acción trepó de tres a 83 pesos, es decir, un 400 por ciento más. Quien se quedó con el siete por ciento vendido por el entonces presidente de la nación fue una empresa llamada Natal SA, sin antecedentes en el rubro y que pagó 19,7 millones de dólares, cuando facturaba sólo unos dos millones de pesos anuales. La sospecha es que pudo haber sido una venta simulada.

En el caso de Autopistas del Sol, el gobierno de Macri negoció una extensión de la concesión hasta 2030 y un pago de 499 millones de dólares en concepto de “inversión efectuada no amortizada” a cambio de que Albertis S.A., la española controlante de Ausol, retirara la demanda ante el tribunal internacional. Albertis y Sideco (compañía de los Macri) fueron socias en la Panamericana hasta 2017.

Según los denunciantes, las irregularidades comenzaron el 7 de diciembre de 2015, tres días antes de la asunción de Macri a la presidencia. Ese día, Albertis presentó un reclamo por 1.100 millones de dólares. Esa demanda fue utilizada luego como argumento por el gobierno nacional para renegociar la concesión, que le costó su cargo en Vialidad Nacional a la abogada Julieta Ripolli, quien se opuso a avalar la prórroga del contrato y denunció públicamente las presuntas irregularidades.

Según las dos organizaciones gremiales de Vialidad -Sindicato de Trabajadores de Vialidad y la Federación del Personal de Vialidad Nacional-, el desproporcionado crecimiento de la cantidad de gerencias, subgerencias y direcciones armadas por la administración macrista llevó a que las gerencias pasaran de tres a 88 y las subgerencias de 28 a 64.

Otra de las irregularidades, es que el gerente de una empresa contratista pasó a ser gerente Ejecutivo de Licitaciones y Compras de Vialidad, con lo cual adjudicó licitaciones y obras la empresa a la que pertenecía.

La suma de casi un centenar de nuevos empleados con categorías jerárquicas, no tuvo como objetivo hacer más y mejores obras. De 2.800 kilómetros prometidos de autopistas se hicieron 365, apenas el 13 por ciento. Y de 4.000 kilómetros de rutas seguras no se construyó ni un sólo kilómetro. Todo lo que se hizo fue repavimentar. El colmo es que una parte de los pseudo–gerentes reclama indemnización y otros se fueron dejando cerradas sus oficinas y no entregaron ni los automóviles del Estado ni las computadoras ni los celulares.

El flamante ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, se encontró con que el 60 por ciento de las obras paradas, incluyendo algunas que estaban con significativos avances en 2015. Un primer listado hecho por los técnicos de Vialidad indica que hay 181 obras paralizadas. Pero incluso las que figuran en ejecución están también prácticamente paradas, con muy pequeños avances y habiendo despedido a la mayoría del personal.También es falso que el macrismo construyó rutas a un 40 por ciento menos del costo, comparado con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner: las redeterminaciones de precios multiplicaron por cinco y por nueve los valores a los que se adjudicaron las obras en épocas de la expresidenta de la nación.

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Vialidad, Graciela Aleña, presentó una denuncia penal en febrero de 2019 contra los titulares de Vialidad Nacional, en especial Javier Iguacel, por las obras de la ruta 8: fueron licitadas en la etapa final del gobierno de Cristina Kirchner, en 2015, por 285 millones de pesos y se le pretendía pagar a Iecsa, la empresa de Ángelo Calcaterra, primo de Macri, la suma de 2.500 millones. Casi nueve veces más. La obra se rediseñó con el argumento de que produciría un ahorro, pero la encareció en un 120 por ciento. A otros dos tramos se les autorizó aumentos del 35 y el 40 por ciento a valores constantes, pero justito el tramo de Calcaterra tuvo un encarecimiento del 120 por ciento.

En la obra del Puente de la Noria pasó lo mismo. A fines de diciembre de 2015, el valor de la obra estaba oficialmente calculado en 274 millones de pesos. Cuando se hizo la inauguración parcial, el propio gobierno mencionó la cifra de 2.000 millones de pesos. Casi ocho veces más. Siguiendo los índices inflacionarios, no debió costar más de 700 millones.

La puerta giratoria

El gerente ejecutivo de Licitaciones y Compras, Roger Botto, fue gerente del Grupo Abertis, en el que tiene un papel preponderante el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y que es socio de Ausol, la concesionaria de la Panamericana, en sociedad con el Grupo Macri. De hecho, Botto fue director suplente de Autopistas del Sol. Hoy la justicia investiga la forma en la que el gobierno de Cambiemos aumentó los peajes y después Macri vendió su parte en Ausol, con acciones que subieron de cuatro pesos (4) a 75,50.

El gerente ejecutivo de Asuntos Jurídicos fue Ricardo Stoddart, socio en el estudio jurídico Marval, O’Farrel & Mayral, precisamente el que representó a Ausol en la renegociación del contrato de concesión. Judicialmente también se investiga un grotesco pago que le hizo el estado a Ausol alegando que había una demanda ante el CIADI, el tribunal que depende del Banco Mundial.

El gerente de obras fue el ingeniero Mariano López, ex coordinador de Control de Gestión de IECSA, la empresa que era del primo de Macri, Ángelo Calcaterra. La compañía que fuera del grupo del presidente consiguió numerosas obras e incluso redeterminaciones de precios superiores a otras empresas que construían tramos de las mismas rutas.

Los gerentes Botto y Stoddart no sólo no renunciaron finalizada la administración Macri, sino que mandaron carta documento reclamando que se les aclare la situación laboral, es decir que quieren indemnización.

Los asesores Martín Pourrain y Guillermo Fernández Vidal se hacen los distraídos: parece que no se dieron cuenta que el concepto de asesor está ligado a la persona que asesora y que si ésta última se va, también el asesor debe irse con él. Ni Pouirrain ni Fernández Vidal presentaron renuncia. Es más, se retiraron de Vialidad dejando las oficinas cerradas con llave y no entregaron las pertenencias del estado: auto, computadora, celular.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, advirtió que «llevará a la Justicia» las irregularidades detectadas en el área de Vialidad Nacional durante la anterior administración.