Presentaron en Diputados un proyecto para incorporar al Código Civil y Comercial como “técnica de reproducción asistida” a la polémica “subrogación de vientres” bajo la denominación de “gestación por sustitución”, y que suele ser denunciado en distintas partes del mundo como una forma de “alquiler de vientres”. Las críticas tienen un fundamento muy claro: en muchos países, especialmente países pobres, las mujeres están siendo usadas como meras incubadoras humanas para satisfacer, usualmente a cambio de dinero, los deseos de parejas para tener hijos. Una mercantilización del cuerpo y la persona humana, afín al individualismo extremo de toda ideología liberal, se presente como de izquierda o derecha. El proyecto en la Argentina busca legalizar la práctica en casos “sin fines de lucro”, si bien en la práctica resultaría difícil, si no imposible, saber si hubo dinero de por medio o no.
“El proyecto busca regular la Gestación por Sustitución en nuestro país para una mayor seguridad jurídica. La regulación es la mejor herramienta para evitar que estos procedimientos adquieran un carácter lucrativo que vulnere los derechos de las personas gestantes”, sostuvo la diputada Gabriela Estévez en un comunicado.
Y fundamentó la necesidad del mismo en un supuesto principio de igualdad: “Lo que buscamos con este proyecto es garantizar la igualdad en el acceso a estos procedimientos, ya que actualmente sólo pueden acceder quienes tienen los recursos para realizarlos en el extranjero o judicializar”.
En la Argentina la subrogación de vientres se encuentra en una zona gris, ni prohibida ni legalizada. A diferencia de otros países, el presente proyecto apuesta por su legalización.
Según el proyecto, “la gestación por sustitución constituye un procedimiento de técnicas de reproducción médicamente asistida por medio del cual una persona denominada gestante, sin ánimo de lucro, lleva adelante un embarazo con el fin de que la persona nacida tenga vínculos de filiación con una persona o pareja, pretenso/s progenitores, con quien/es la gestante posee lazos afectivos”.
Y dispone que “los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quién o quiénes prestan su voluntad procreacional manifestada en el correspondiente consentimiento previo, informado y libre en los términos de los artículos 560 y 561, debidamente inscripto en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, con independencia de quién haya aportado los gametos”.
El proyecto fue presentado este miércoles 15 de julio por la diputada nacional Gabriela Estévez (Frente de Todos – Córdoba), fue redactado por la Dra. Marisa Herrera y Natalia de la Torre y cuenta con el acompañamiento de las diputadas nacionales Mónica Macha, Cecilia Moreau, Cristina Álvarez Rodríguez, Jimena López, Carolina Gaillard, Marisa Uceda, Mara Brawer, Lucila Masin y Maria Liliana Schwindt.
El “alquiler de vientres” ha generado últimamente fuertes críticas tras conocerse en el caso de Ucrania, país famoso por su “turismo reproductivo”, la existencia de “granjas de bebés” esperando por sus compradores de otros países, los que no pudieron viajar tras la aparición de la pandemia de coronavirus.
