El juez Ramos Padilla envió a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, la información y los documentos requisados al falso abogado Marcelo D’Alessio. Entre el material se encuentra documentación con membrete de la Agencia Federal de Inteligencia, de la Embajada de los Estados Unidos y del Ministerio de Defensa de Israel.
De acuerdo al periodista Néstor Espósito la documentación incluye “reportes de inteligencia y contrainteligencia vinculados con causas judiciales como la ‘mafia de los contenedores‘, el doble crimen de Unicenter y el triple crimen de General Rodríguez. Además, investigó al periodista Alejandro Fantino y a la mediática Natacha Jaitt”.
El legislador Juan Carlos Marino recibió del juez un oficio de nueve páginas y una caja lacrada con la documentación probatoria de lo informado por escrito, lo que incluye: “operaciones de narcotráfico y terrorismo, pero además se han hallado informes de inteligencia, de contrainteligencia y de acciones de campo relacionados con dirigentes políticos, periodistas, personas públicas, así como relacionados con investigaciones judiciales de trascendencia tales como la ‘mafia de los contenedores’, el ‘doble crimen de Unicenter’, el ‘triple crimen de General Rodríguez´, entre otros (…) Además, se ha hallado documentación interna del organismo en poder del imputado Marcelo D´Alessio en formato digital, así como informes que aparecen con membretes de la AFI, de la Embajada de los Estados Unidos y del Ministry of Defense del Estado de Israel, entre otros”. También se encontraron: “legajos e informes sobre operaciones de inteligencia y contrainteligencia obrantes en sus computadoras –Operación Jaitt, operación Traficante, operación Fantino, etc.-; informes remitidos a R.B. y Ricardo Bogoliuk sobre la ideología política de periodistas, entre otros; registros fílmicos y fotográficos, legajos de información identificatoria de objetivos –domicilios, teléfonos y datos personales-, casi todos de renombre público”.
El escrito sostiene que “la AFI ha informado su situación”, lo que sería una cuasi confirmación de su pertenencia a dicho organismo. Lo que es coherente con lo expresado por D’Alessio cuando fue allanada su casa en country Saint Thomas en Canning. Según Ramos Padilla, el imputado: “Evocó que debía comunicarse con Gustavo Arribas o la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y refirió que poseía información cuya difusión podía resultar violatoria de la Ley Nacional de Inteligencia o poner en peligro la seguridad nacional, lo que ratificó en audiencia indagatoria”.
El juez se ofreció a concurrir al Congreso a exponer el caso ante los legisladores: “Puedo comparecer personalmente para que, con los recaudos que el caso exige, ampliar el presente y explicitar las razones por las cuales se concluye –tal y como señalé en la resolución dictada el 25 de febrero pasado- que en virtud de estas actividades de espionaje ilegal político y judicial se está afectando gravemente el Estado de Derecho y el funcionamiento de las instituciones democráticas en la Argentina”.
De esta forma, Ramos Padilla se adelanta a la jugada del poder corporativo de Comodoro Py, que intenta quitarle la causa para dársela al juez Julián Ercolini, el mismo que sobreseyó a Héctor Magnetto de la causa Papel Prensa y que viene fallando de acuerdo a los deseos del Poder Ejecutivo. Si Ercolini termina haciéndose de la causa, luego de que la Cámara de Apelaciones lo acepte, es de suponer que toda esta investigación quede en la nada. Pero ahora el Congreso también tendrá a su disposición buena parte de la misma en una comisión con miembros de los distintos partidos y no podrá mirar para otro lado.
