El gobierno nacional anunció la intervención y envió al Senado el proyecto expropiación de la empresa agroindustrial Vicentin, sexta compañía en el mercado de granos del país, cuya deuda total asciende a alrededor de $100 mil millones y que se encuentra en concurso de acreedores. Es también una de las principales empresas en el negocio de molienda de oleaginosas del país, con una capacidad de 29.500 toneladas diarias.
Un total de 2.638 acreedores esperaban cobrar los créditos, préstamos y operaciones realizadas con la empresa de las familias Nardelli y Padoán. La deuda de la empresa con acreedores financieros internacionales asciende a $30.153 millones. Más del 50% pertenece a International Finance Corporation con $ 16.504 millones, también figuran Netherlandese Financerings con $9.228 millones e ING Bank NV – Tokyo Branch con $ 4.420 millones.
El Banco Nación es el principal acreedor bancario local con un total de $18.182 millones (u$s350 millones de dólares en créditos). Pero también la empresa mantiene deudas por $1.814 millones con el Banco Provincia de Buenos Aires, por $752 millones con el Banco Hipotecario, $652 millones con Banco Macro, $508 millones con el Banco de Entre Ríos, $372 millones con el Banco de Santa Fe, $374 millones con el Itaú, $318 millones con el Ciudad y $313 millones con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
El Grupo Vicentin tiene una deuda comercial por compra de granos por $26.657 millones con empresas locales, lo que representa casi un 26% del total de la deuda general. De ese monto, un 31,33% (más de $ 8.000 millones) están en manos de cerca de 100 cooperativas agropecuarias, cuya principal acreedora es la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) con casi el 20%, la cooperativa agrícola más grande de la Argentina y a la que le debe más de 110 millones de dólares.
El Estado nacional también es acreedor a partir del impago de impuestos y conceptos aduaneros. La cifra total se eleva a un valor $9.549 millones, que durante el Gobierno de Mauricio Macri se acumularon mientras la empresa registraba subas en sus ingresos.
El presidente Alberto Fernández dio a conocer la decisión este lunes en conferencia de prensa junto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, la senadora mendocina por el Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, y Gabriel Delgado, futuro interventor de la compañía que a partir de ahora pasará a ser de capital mixto, con YPF Agro controlando vía un fondo fiduciario sus activos. “Si hay evidencias de defraudación se harán las denuncias del acaso y lo llevaremos a la Justicia, pero queremos mantener en pie a un empresa muy importante”, explicó el mandatario sobre los manejos irregulares de sus actuales dueños.
Vicentín cuenta con participación accionaria en 20 empresas tanto en Argentina como en Brasil, Uruguay, Paraguay y España. La expropiación de la compañía, comprende todos los activos y la operatoria de Vicentin SAIC. De esta manera, abarca un grupo de sociedades donde la empresa agroindustrial tiene participación como accionista: la Algodonera Avellaneda, su bodega de vinos de alta gama (Vicentin Family Wines) y el frigorífico Friar y hasta Terminal Puerto Rosario, entre otras.
Según cifras oficiales, Vicentin cuenta con cerca de seis mil trabajadores que se distribuyen principalmente entre 2.195 de la industria aceitera (1.283 a Vicentín SAIC, 806 a Renova SA, 58 a Renopack SA y 48 a Patagonia Bioenergía SA); 920 de la algodonera; 376 de la vitivinícola y 2.057 de la frigorífica.
En los últimos años, declaró un incremento de hasta 42% en las ventas al exterior de granos, legumbres, harinas y aceites entre las campañas 2015/16 y 2018/19, según cifras del Ministerio de Agricultura.
La mitad de las firmas agroexportadoras en la Argentina pertenece a capitales extranjeros y la mitad a capitales nacionales. Vicentin es la principal empresa de capitales nacionales en exportaciones y por detrás aparecen AGD, Molinos Agro (Grupo Pérez Companc) y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).
“Teniendo en cuenta que frente a un escenario de quiebra de la empresa o de dilación de los procesos judiciales, habría grandes posibilidades de que el volumen agroexportador de Vicentin S.A.I.C. (10 millones de tn – 9% del total de la oferta exportable) pase a manos de sus competidores y consecuentemente el mercado se concentre aún más en los mismos actores transnacionales, que continuarán especulando con la liquidación de divisas expoliando nuestros recursos y transfiriendo sus rentas al exterior y a países no cooperantes con baja o nula tributación, es que resulta imperioso tomar medidas tendientes a evitar la situación planteada”, concluye un informe que circuló dentro del Gobierno.
¿Qué dice el proyecto de expropiación?
“El precio de los bienes sujetos a expropiación se determinará conforme lo previsto en el artículo 10 y concordantes de la Ley N° 21.499”, que estará a cargo del Tribunal de Tasaciones, sostiene el proyecto. El Estado pagará lo correspondiente al proceso con “la deuda que Vicentin registre ante” el Banco Nación y AFIP y asumirá el pasivo con los privados.
El Gobierno autoriza al Ministerio de Economía a “contraer, en el mercado local o internacional, empréstitos y/o a emitir títulos de deuda pública y/o monedas complementarias a fin de abonar los saldos correspondientes al proceso expropiatorio, si los hubiere”.
También se creará un Fondo Fiduciario Agro Argentina, “cuyo fiduciario y fideicomisario será el Estado Nacional y el Fiduciante la empresa YPF”, según explica el proyecto, donde irán los bienes de Vicentín, una vez culminado el proceso de expropiación.
Con respecto al futuro de los empleados, el Gobierno los transferirá a YPF con la conservación de “todos los derechos laborales adquiridos, la afiliación gremial que posean en la actualidad y la vigencia de su Convenio Colectivo de Trabajo. Sus relaciones de trabajo se continuarán rigiendo por la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias”.
Con la expropiación de Vicentin, el Gobierno podrá tener una empresa testigo dentro del mercado de exportación de granos y un mayor control sobre la liquidación de divisas, necesarias para diagramar un plan económico, evitando parte del acopio de cosechas que tienden a presionar al tipo de cambio. También evita su extranjerización y/o quiebra, lo que habría redundado en una mayor concentración. Al tomar YPF Agro el control de Vicentin, se apropia de parte de Renova (en la que es socia de la multinacional suiza Glencore), que es la principal productora de biodiesel del país y por lo tanto podría manejar en parte el estratégico precio del gasoil. El costo de la operación implicará asumir activos y pasivos de la compañía, con lo que el Estado será el nuevo deudor de los 2638 acreedores por un monto de alrededor de $100.000 millones de pesos, descontando del precio a pagar a los actuales dueños las deudas con el Estado, pagando las deudas a los productores del interior y renegociando cerca de U$S 900 millones de dólares con los bancos acreedores.
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