El juez federal Rodolfo Canicoba Corral llamó este martes a indagatoria al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, al exministro de Transporte, Guillermo Dietrich y al extitular de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Iguacel; y dictó la prohibición de salida del país, en el marco de la causa de “Peajes”, en la que se investigan irregularidades en concesiones a la familia del expresidente de la nación, durante la gestión de gobierno de Mauricio Macri.
El magistrado tomó la decisión de prohibirles a los imputados la salida del país debido “al estado del proceso y la gravedad de las conductas que se investigan”. Canicoba Corral, también citó a declarar al exdirector de Asuntos Jurídicos de Vialidad, Ricardo José Stoddart; al procurador del Tesoro y exabogado de la familia Macri, Bernardo Saravia Frías y al presidente del directorio de Autopistas del Sol SA, Andrés Alfonso Barberis Martín.
Los exfuncionarios de Cambiemos y el empresario serán indagados por “maniobras defraudatorias”, que, según el juez, resultaron “gravemente lesivas para las arcas del Estado, llevados a cabo por funcionarios públicos, en connivencia dolosa con particulares que intervinieron…“.
Las indagatorias se ordenaron en el marco del expediente en el que se investigan maniobras fraudulentas entre la corporación Abertis y el Grupo Macri en los peajes de los principales accesos a Buenos Aires, en el Acceso Oeste y la autopista Panamericana. Barberis Martín fue quien firmó en junio de 2018 las renegociaciones de los contratos en nombre de las compañías a cargo de la concesión de ambas autopistas y Stoddart, fue quien estuvo a cargo del área de Legales de la Dirección Nacional de Vialidad cuando se firmaron los contratos.
Macri, en complicidad con los imputados Iguacel y Dietrich, permitió aumentos altísimos en las tarifas de peajes y por consecuencia Socma S.A. decidió vender sus acciones a mediados de 2017 a precio récord. La acción trepó de tres a 83 pesos, es decir, un 400 por ciento más. Quien se quedó con el siete por ciento vendido por el entonces presidente de la nación fue una empresa llamada Natal SA, sin antecedentes en el rubro y que pagó 19,7 millones de dólares, cuando facturaba sólo unos dos millones de pesos anuales. La sospecha es que pudo haber sido una venta simulada.
En el caso de Autopistas del Sol, el gobierno de Macri negoció una extensión de la concesión hasta 2030 y un pago de 499 millones de dólares en concepto de “inversión efectuada no amortizada” a cambio de que Albertis S.A., la española controlante de Ausol, retirara la demanda ante el tribunal internacional. Albertis y Sideco (compañía de los Macri) fueron socias en la Panamericana hasta 2017.
Según los denunciantes, las irregularidades comenzaron el 7 de diciembre de 2015, tres días antes de la asunción de Macri a la presidencia. Ese día, Albertis presentó un reclamo por 1.100 millones de dólares. Esa demanda fue utilizada luego como argumento por el gobierno nacional para renegociar la concesión, que le costó su cargo en Vialidad Nacional a la abogada Julieta Ripolli, quien se opuso a avalar la prórroga del contrato y denunció públicamente las presuntas irregularidades.
