El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 procesó al empresario de supermercados Alfredo Coto por las armas de fuego halladas en una de las sucursales de los hipermercados -Paysandú 1800- en el barrio porteño de Caballito, bajo los cargos de “tenencia ilegítima de material explosivo”, “acopio de armas de riesgo sin la debida autorización” y “adulteración” de los números identificatorios de distintas armas.
El juez Federal Sebastián Ramos le dictó un embargo por 3 millones de pesos y lo exceptuó de la prisión preventiva, a pesar de que por los años de la posible pena no es excarcelable, demostrando que nuevamente cuando de empresarios amigos del poder se trata, no rige la “doctrina Irurzun”.
También procesó al hijo del empresario Germán Alfredo Coto y al prefecto Cristian Javier González por incumplimiento de los deberes de funcionario público, luego de confirmar que parte del arsenal hallado en Coto pertenecía al grupo Albatros y estaba bajo su cuidado. En 2017, Coto alegó que las armas estaban “para ser usadas ante posibles saqueos”. “Las presuntas irregularidades advertidas por la inspección que diera origen a estas actuaciones solo constituyen, eventualmente, un exceso de confianza derivado de las relaciones que se tejieron en los últimos años con los organismos de Seguridad del Estado y con la empresa de seguridad privada”, había declarado por escrito.
Sin embargo, el juez Ramos afirmó que “las pruebas documentales aportadas dan por tierra con el argumento ensayado por el encartado, toda vez que se constató que las fuerzas de seguridad cuyo armamento arguyó fue dejado en distintas sedes de la empresa con motivo de las tareas de resguardo realizada contra grupos de manifestantes, en realidad, no prestaron funciones en la empresa en el pasado”. En el hipermercado de Coto se encontró también un lanzagranadas con la numeración limada, algo que tampoco pudo explicar.
¿Para qué tenía Coto semejante arsenal? ¿Por qué la ANMAC ( Agencia Nacional de Materiales Controlados) recibió la orden de encubrir el arsenal que había hallado? ¿Pudo Macri dar esa orden para proteger a su empresario amigo? Alfredo Coto supo mantener buenas relaciones con todos los gobiernos y el de Macri no es la excepción. De hecho fue el empresario que mayor cantidad de dinero en negro pudo blanquear gracias a la ley de perdón fiscal promovida por Cambiemos, unos $7000 millones.
La inspección de realizada por la ANMAC, luego de recibir una denuncia anónima, tuvo lugar el pasado 30 de agosto de 2016 en la sede del supermercado de la calle Paysandú al 1800, en el barrio porteño de Caballito. El arsenal encontrado fue increíble: 227 granadas, ubicadas dentro de tachos, 41 proyectiles de gases lacrimógenos, 27 armas de fuego, 2 de lanzamiento, 3886 municiones, 14 chalecos antibala, 22 cascos tácticos sin numeración, 9 escudos antitumulto, un gas pimienta y hasta un silenciador de armas.
En el expediente se detallan las irregularidades:
a) material perteneciente a “Coto Centro Integral de Comercialización SA” que no se encontraba acompañado de su correspondiente credencial de tenencia
b) la tenencia por parte de la firma de material perteneciente a otros usuarios
c) material que –al momento de la inspección- se encontraba sin credencial de tenencia a nombre de terceros, no obstante que poseían registro ante el organismo de control
d) material sin origen registral lícito
e) armas de fuego de uso exclusivo de instituciones militares
f) explosivos de uso exclusivo de fuerza pública
g) material de uso prohibido
Alfredo Coto ha sido otro de los empresarios que
