La ley prohíbe que contratistas del Estado financien las campañas, para evitar que luego sean objeto de devolución de favores por parte de los gobernantes. Esa restricción fue violada por Marcelo Mindlin, que donó $8.7 millones de pesos a Juntos por el Cambio utilizando a distintas empresas de su grupo, algunas de las cuales están implicadas en varias de las más importantes obras públicas.
Lo hizo a través de las empresas Orígenes Seguros ($4,5 millones) y Grupo Emes ($4,2 millones). Esta última es la controlante de Sacde (la histórica IECSA cuando pertenecía formalmente a Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri), una contratista que participa en el soterramiento del tren Sarmiento y en el Paseo del Bajo.
Mindlin también excedió el máximo legal a donar, que es de $4.6 millones por empresa. En este caso, su grupo empresario aparece donando casi el doble.
De acuerdo al periodista Iván Ruiz, otros grupos económicos aportantes a la campaña de Macri son Grupo AGD (Aceitera General Deheza, $10 millones, dividido en: Aceitera General Deheza con $4 millones, Niza SA con 3,5 millones y Aceitera Chabas con 2,5 millones) y Vicentín Hermanos ($13,5 millones, dividido en: $4,5 millones con Algodonera Avellaneda SA, $4,5 millones con Oleaginosa San Lorenzo SA y el resto con Friar SA). Desde el sector bancario, se destaca Banco Galicia, aportando $4,5 millones.
El sector agrícola y el financiero aparecen como los principales factores de poder económico detrás de la campaña de Juntos por el Cambio. Esto explica también el modelo que viene aplicando y busca profundizar la actual administración. Un proyecto económico para un grupo muy reducido de personas.
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