La justicia federal imputó al exjefe de Gabinete, Marcos Peña y al exministro de Trabajo, Jorge Triaca. Ambos funcionarios durante el gobierno de Mauricio Macri, serán investigados en el marco de la causa denominada “mesa judicial” por presuntas maniobras de coacción desde el Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial.
El fiscal federal Ramiro González, definió las imputaciones tras las declaraciones del juez Luis Raffaghelli y la incorporación al expediente de los emails hallados en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) comandada actualmente por Cristina Caamaño, quien a días de intervenir dicha cartera, decidió realizar una auditoría interna la que dio como resultado el descubrimiento de documentación que acredita el espionaje ilegal a opositores por parte del macrismo.
Raffaghelli declararó como testigo que en marzo de 2016 el entonces ministro de Trabajo visitó la Cámara laboral junto a colaboradores que plantearon “la necesidad de consensuar la doctrina de los fallos y hacerla más previsible en aras de la seguridad jurídica”, lo que fue entendido como un intento injerencia indebida. Además, apuntó contra el actual fiscal general porteño, Juan Bautista Mahíques, como responsable de una denuncia en su contra ante el Consejo de la Magistratura que mantuvo activa pero sin movimientos, por meses, y de “examinar el Facebook” de uno de sus pares.
Peña fue imputado luego de que la intervención de la AFI encontrara una serie de correos electrónicos en la que era la oficina del ex titular de ese organismo, Gustavo Arribas, en los que se destacaba que el exjefe de Gabinete era uno de los que organizaba las reuniones de la “mesa judicial”.
Según el dictamen del fiscal González, el objetivo de esta mesa judicial habría sido el de ejercer “presiones a miembros del Poder Judicial con el objeto de interferir en el normal funcionamiento de ese poder y direccionar el trámite de causas que resultaban funcionales a los intereses políticos.”
El expediente que se abrió el pasado 5 de mayo investiga la posible comisión de los delitos de “amenazas coactivas agravadas por haber sido cometidas con el propósito de obtener alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos”, previstos en los artículos 149 bis y 149 del Código Penal.
La causa a cargo del juez federal Sebastián Ramos, dio inicio tras la denuncia presentada por diputados y senadores del Frente de Todos. En esa denuncia se incluía, como uno de los principales testimonios, el brindado por la jueza Figueroa, quien afirmó en una entrevista radial que en 2015 recibió la visita de un funcionario del ministerio de Justicia de la anterior gestión de gobierno quien le pidió que apurara un fallo sobre la validez del Memorándum con Irán. Al ser citada por el fiscal para declarar como testigo, especificó que el hombre había sido Juan Bautista Mahiques, ex subsecretario de Justicia.
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