Macri o Democracia – una opción de hierro

Jose Massoni *

En esta nota, que no pierde actualidad por el tema que aborda, el autor describe el complejo entramado judicial con el que el gobierno actual complementa sus políticas de exclusión social y represión popular. Comprender este entramado judicial y sus consecuencias negativas para la democracia resulta un desafío para el intento subvertir este orden actual.

En primer lugar, en el vivir cotidiano de casi todos los argentinos, el gobierno no deja injusticia sin cometer. Sin cesar y presumiendo de que no tiene otro plan, todas las medidas de gestión, en absolutamente todos los ámbitos del quehacer social, tienen como objetivo trasladar recursos desde los sectores más pobres hacia los más ricos; destruir toda actividad estatal –por ende social- mercantilizando la ciencia, la técnica, la enseñanza, la salud, las artes y todo cuanto sea bien común realizado socialmente; destruye las pequeñas y medianas empresas, obstaculiza e impide discusiones y paritarias libres entre obreros y empleados con la patronal, promueve desempleo privado y ejecuta el público; dedica ingentes recursos y presta incondicional apoyo a que crezca aún más el ya existente monopolio de la información para el adoctrinamiento de la ciudadanía; actúa en el plano internacional como contumaces cipayos regalando el dinero del pueblo argentino; tras innumerables acciones de resistencia aisladas, cuando comenzó a haber respuestas populares masivas con inicio en marzo de este año, sacó a relucir que sí tiene un “plan B”: la represión violenta de toda manifestación contraria.

Hasta ahora se había limitado a mostrar que es capaz de tener injusta e ilegítimamente presa a una mujer (y dirigente social) por el solo hecho de serlo, a pesar de todos los organismos de derechos humanos y de la orden de libertad de obligatorio cumplimiento para el gobierno nacional del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas. Mediante el accionar de un entramado de funcionarios en frontal conflicto de intereses con lo que resuelven, pues lo hacen a favor de las empresas de las que provienen, en demostración de corrupción formidable, de proporciones inéditas e inimaginables.

Ahora “su equipo” disuelve a golpes columnas de manifestantes políticos el día de un masivo paro general de actividades en su contra, apalea pacíficos maestros, compra armamento específico para disolver manifestaciones callejeras y marcha -alimentando prejuicios xenófobos y de clase- por una reforma del código penal que convertiría en delito grave toda expresión pública de disenso. Disciplinar es la consigna, seducir a la clase media con la ley y el orden para la satisfacción del individuo aislado en su existencia egoísta y medrosa, y atemorizar a los disidentes. En el sendero de esos fines, Macri y su gobierno, en significación vulgar, son la injusticia innumerable, completa, sin resquicios.

También tenemos la Justicia como valor moral, como “conjunto de todas las virtudes, por el que es bueno quien las tiene”. No perdamos tiempo: Macri no califica. El principio que lleva a “dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece”: tampoco le cuadra, su obsesión es justamente la contraria. Justicia como “derecho, razón, equidad”: él y su equipo son un mecanismo al servicio de violentar el derecho y con irracional marcha a un desastre nacional promueven la inequidad más incuestionable de toda la historia argentina: tampoco aplican.

En el idioma político y periodístico corriente, por lo tanto el significado más difundido, la Justicia es sinónimo de Poder Judicial. En las condiciones de un sistema republicano, democrático y liberal (en sentido político) como el de nuestra Constitución Nacional, el poder judicial procura dar lo suyo a cada uno de los que tiene posibilidades económicas de pedir pero, por debajo y sobre todo, es el último reducto institucional que garantiza la propiedad privada. En un país donde ya en 2014 había 1185 personas con patrimonio neto superior a 30 millones de dólares, equivalente el 26% del PBI, desde fines de 2015 –asunción de Macri- se sumaron 1,5 millones de pobres alcanzando así a los 13 millones, esto es, el 33% de la población (datos que pueden ser cotejados en las publicaciones de La Nación del 15/7/16 y de Ámbito el 9/3/17). Es, por tanto, inexorablemente, valla protectora del poder real.

Pero el Poder Judicial, fruto de la forma republicana, en su matriz conservadora esporádicamente traza pinceladas de independencia con arrestos de apego a la Constitución; inclusive una muy modesta cantidad de sus operadores sostiene en sus fallos y dictámenes posturas apegadas a los importantes avances legales provenientes del derecho internacional, introducidos por la ley fundamental en la reforma de 1994 toma decide de modo justo, con sentido democrático y progresividad social, así como ha librado dura lucha en la persecución de los genocidas que engendró la dictadura.

Pero el macrismo no entiende de moral, por tanto tampoco de leyes, ni de república, ni de democracia. La sociedad debe estar constituida por individuos aislados (aunque jolgoriosamente partícipes amontonados en la banalidad), a-morales, a-críticos, financieramente útiles como productores o proveedores de dinero, y obedientes. Así es el completo ciudadano Pro (también quienes acompañan con eficacia, que admite concurso por indiferencia). En esta cultura, los vientos desde la casa de gobierno soplan para disciplinar el Poder Judicial, aunque sea mayoritariamente conservador y elitista, para soldarlo como muralla impenetrable que proteja al nuevo régimen. Lo están haciendo con desvergüenza absoluta, atropellando en el Consejo de la Magistratura para manejar por completo la designación de nuevos jueces, desplazar a los que no les obedecen al detalle, proteger a los que ciudadanos o sus representantes denuncian por comisión de delitos o malos desempeños mayúsculos. Cualquier decisión que no se ajuste exactamente a la pretensión oficialista conlleva la imputación del juez o fiscal, con todo el aparato mediático a pleno, de ser miembro del colectivo Justicia Legítima (aunque no lo integre), por consecuencia tildado de kirchnerista (JL no lo es, es multipartidaria). No es ajeno a su agenda –y lo está desarrollando- terminar con el fuero del trabajo, cuyos jueces aplican el derecho laboral con su esencia protectora de los asalariados en sus litigios con la patronal.

Desde la perspectiva de la Justicia en sus diversas acepciones, el resultado del plan macrista es el atropello de todos los derechos de los argentinos y de la Patria, con el seguro de impunidad para los autores.

Esta conclusión no desea ser el colofón de una queja. Sí de una caracterización del macrismo desde el punto de vista de la institucionalidad democrática, imprescindible porque en ella nos desplazamos y en sus marcos decidimos permanecer.

Debe ser claro entonces que el gobierno nacional está en manos de un movimiento fascistoide, ajeno y antagónico al juego democrático constitucional que aparenta practicar. Por la esencia de sus actos (muchas veces también por la forma), están fuera de la Constitución. Esas condiciones determinan la estrategia popular: no cabe sino derrotarlos y, en lo posible, correrlos de la arena política de modo integral, que les quede el solitario y poderoso refugio de la prolongada supervivencia cultural que la estructura socio-económica les proporcionará durante un tiempo más prolongado que el deseable.

Lo dicho condiciona las tácticas. Utilizando todas las reglas de la democracia formal que nos abarca desde la Constitución y los tratados internacionales de su rango en punto a comunicación, propaganda, concientización, organización y alianzas por arriba, abajo y el medio. Con la condición estratégica de su funcionalidad a la efectiva derrota del régimen fascistoide y sus cómplices; no cabe la más mínima concesión al objetivo conductor. Están en juego los derechos de nuestro pueblo –desde la vida hasta su comida, pasando por la libertad y su trabajo-  nuestra dignidad como Nación y el futuro de la Patria. Son tiempos de unidad y lucha, para el enfrentamiento.

* Jose Massoni – Ex juez de cámara nacional – ex titular Oficina Anticorrupción.

Fuente: www.horizontesdelsur.com.ar – 4-5-2017