Por Alfredo Jalife Rahme
La absurda elevación de impuestos en plena pandemia y la grave crisis económica que golpeó a jóvenes y a 28 millones de pobres en la bioceánica Colombia, de 50 millones, puso en jaque al uribismo neoliberal y a la presencia militar oficiosa de 9 bases de EEUU en el estratégico Gran Caribe: ‘soft belly’ geopolítico de Washington.
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Colombia es ya el tercer país más poblado de Latinoamérica —50,4 millones— después de Brasil —213,5 millones— y México —130 millones, sin contar a los mexicanos en EEUU— y por delante de Argentina —45,8 millones—.
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Existen tres escenarios para la compleja y muy difícil gobernabilidad en Colombia. Determinarán el futuro de las pletóricas bases militares oficiosas de EEUU que, de acuerdo a la fuente, van de siete a nueve.
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.Primer escenario: endurecimiento del uribismo neoliberal con reforzamiento de las Fuerzas Armadas, la Policía y su siniestro ESMAD. Todo conforme a los deseos del muy influyente expresidente Álvaro Uribe Vélez —de 68 años, oriundo de Medellín y verdadero tutor del actual presidente, Iván Duque, de 44 años, oriundo de Bogotá— para combatir lo que han distorsionado como la Revolución Molecular Disipada, un plagio del chileno Aléxis López Tapia, quien entendió al revés a sus autores sobre los conceptos anticapitalistas de los franceses, el psiquiatra Félix Guattari y el filósofo Gilles Deleuze.
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.Segundo escenario: reformismo del Gobierno y diálogo con los supuestos líderes de una oposición de carácter horizontal y acéfala, lo cual beneficia las cartas más moderadas del expresidente Juan Manuel Santos.
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.Tercer escenario, menos probable: una alianza progresista anti-Uribe/Duque encabezada por Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial.
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A mi juicio, la Administración Biden operará la gobernabilidad que más le convenga siempre y cuando conserve sus estratégicas bases militares, que no han sido aún legitimadas por el Congreso. Por lo que EEUU jugará con su baraja desde un Gobierno de Iván Duque hipócritamente reformado con el camuflaje del diálogo, pasando por la resurrección del expresidente Juan Manuel Santos, mucho más cercano al grupo de Obama y quien ha roto, después de haber sido su ministro de Defensa, con el impresentable Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, hoy reencarnado en Iván Duque —quienes apoyaron a Trump con la diáspora colombiana en Florida—, hasta el menos digerible izquierdista Gustavo Petro.
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El problema de estos escenarios —más de corte sociopolítico— es que colisionan con la triste realidad hípermilitarista de Colombia, que, de forma increíble, se encuentra en el primer lugar del ranking militar de Latinoamérica y que, de acuerdo con las fuentes, se colocaría entre el decimocuarto y el sitial 24 (según la CIA) a escala mundial.
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Las nueve bases y cuasibases militares de EEUU en Colombia, en espera de su legitimación por un Congreso elusivo, necesitan a fortiori de un poderoso Ejército nacional, ya que cualquiera de los tres escenarios propuestos requerirá de la abierta y/o tácita aprobación del Ejército, que es de facto su principal poder y a quien sus expresidentes, no se diga el actual, se han supeditado, tampoco se diga durante el auge de las milicias paramilitares.
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En su libro La Presencia Militar de EEUU en América Latina: Bases y Cuasi-Bases, Sebastián Bitar, profesor de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, aborda las oficiosas bases que Washington mantiene en Colombia bajo el pretexto del Plan Colombia —firmado por el uribista avant la lettre Andrés Pastrana y Bill Clinton— para supuestamente combatir el tráfico de estupefacientes y el marxismo de las guerrillas.
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Sebastián Bitar maneja una interesante dicotomía entre las bases formales de EEUU que operan primordialmente en Centroamérica y el Caribe —El Salvador (Comalpa), Cuba (Guantánamo), Aruba, Curacao y Puerto Rico— y las cuasibases en la costa del Pacífico en Perú y Ecuador, y otras tantas en cuatro países bioceánicos: Colombia, Panamá, Costa Rica y Honduras.
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Bitar define las cuasibases como “instalaciones que sin un acuerdo oficial admiten la presencia y las operaciones de EEUU que brindan un soporte esencial para alcanzar los objetivos de seguridad” de Washington.
Bitar define las cuasibases como “instalaciones que sin un acuerdo oficial admiten la presencia y las operaciones de EEUU que brindan un soporte esencial para alcanzar los objetivos de seguridad” de Washington.
Las pletóricas nueve cuasibases de EEUU en el único país bioceánico de Sudamérica, que es Colombia, resalta lo que se conoce como soft belly (bajo vientre) de Washington en el superestratégico mar Caribe, ya de por sí bajo el paraguas del Comando Sur y que, con el Golfo de México, constituyen lo que el geopolitólogo holandés estadounidense Nicholas Spykman definió como el mare nostrum o mar Mediterráneo de EEUU.
Ya desde hace nueve años Robert Kaplan —antiguo soldado del Ejército de Israel, consultor de las tres ramas del Ejército de EEUU y colaborador de Stratfor (la CIA de los empresarios)— había adelantado la “anarquía que viene” en Colombia y Venezuela y la “verdadera fuente del poder de EEUU”, con base en los teoremas geopolíticos de Spykman, muy de moda en los círculos estratégicos de Brasil.
Según Robert Kaplan, “EEUU puede dominar el Gran Caribe pero, con todo su poderío, no puede garantizar la estabilidad en ningún lugar de la región”.
Puedo deducir en el túnel del tiempo que, hoy con Biden, a EEUU le importan más sus nueve cuasibases en Colombia que su pretendida estabilidad política.
Kaplan define el Gran Caribe desde Yorktown hasta las Guyanas, y ya desde hace nueve años consideraba a Colombia como “un Estado fallido parcial” y a Venezuela como “el asiento del radicalismo anti-EEUU”. Nueve años más tarde Colombia es ya un “Estado fallido total“.
Lo espeluznante radica en que su fracasado modelo neoliberal ha exacerbado la pobreza que flagela a más de la mitad de su población (28 millones): 21 millones de clásicos pobres y siete millones de pobres extremos, según la kafkiana taxonomía globalista, con uno de los peores Índices Gini —que mide la disparidad entre ricos y pobres— del mundo.
Colombia se volvió muy dependiente de los hidrocarburos —con lo que conllevan sus fluctuaciones— y del tráfico de cocaína cuando el cartel de Medellín regresó por sus fueros. La cocaína colombiana forma parte de la “geopolítica de la coca” desde su cosecha en los Andes en Bolivia y Perú, su filtración mediante la dolarización de Ecuador y su operatividad logística primordialmente en Medellín, donde opera impunemente el célebre Banco Aval, del banquero Luis Carlos Sarmiento, quien estuvo implicado en el pestilente caso Odebrecht, para luego ser exculpado por el uribismo, hasta su exquisito blanqueo en Panamá, que cuenta inverosímilmente con 62 bancos y uno de los más elevados PIB per cápita de Latinoamérica.
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Lo que sucede y seguirá sucediendo en Colombia, con poco más de un millón de kilómetros cuadrados de superficie, depende de lo que acontezca en sus cinco sensibles fronteras: primordialmente Venezuela (2.341 km), Brasil (1.790 km), Perú (1.494 km), Ecuador (708 km) —que con su reciente elección, el banquero Guillermo Lasso forjó una santa alianza neoliberal con Iván Duque— y Panamá (339 km).
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El resultado de la segunda vuelta presidencial en Perú tendrá fuertes repercusiones en Colombia, así como en Ecuador y Chile, donde se está tambaleando el Gobierno neoliberal de Sebastián Piñera.
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El grave problema de Colombia es que suma en imagen de espejo la “geopolítica de la amapola” de Afganistán con la “geopolítica del mar Negro” de Ucrania.
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