¿Habrá llegado la hora de que algún integrante del Poder Judicial investigue libremente a Cambiemos y no sea perseguido por Mauricio Macri?
A dos semanas de publicada la investigación de El Destape, el fiscal con competencia electoral Jorge Di Lello recibió la primera parte del informe solicitado a la Cámara Nacional Electoral, la cual arrojó un resultado contundente: 99 de los 100 supuestos aportantes beneficiarios de planes sociales también fueron afiliados al PRO en la provincia de Buenos Aires.
Según el documento, que llegó a manos del fiscal esta misma mañana, la gran mayoría de los supuesto financistas señalados por este medio como beneficiarios de planes socialesque jamás aportaron un centavo a la campaña de Graciela Ocaña y Esteban Bullrich en la provincia de Buenos Aires, figuran como integrantes del partido Propuesta Republicana, algunos incluso desde el año 2006.
De esta forma, se confirma lo expuesto ayer durante la emisión de El Destape, donde Noemi Viera, Luis Jaime, Cintia Melgarejo y Debora Tovani, titulares de planes sociales y habitantes de Villa Itatí, en Quilmes, se presentaron ante la Cámara Nacional Electoral para corroborar su afiliación política y confirmaron que pertenecen al PRO desde hace años.
Es necesario destacar que todos los consultados por este medio negaron haber firmado ficha de afiliación alguna, así como tampoco haber realizado aportes financieros a las campañas electorales de Cambiemos en 2017, las cuales fueron dirigidas por la gobernadora María Eugenia Vidal.
De esta forma, el informe preliminar que emitió la Cámara Electoral y con el que ya cuenta el fiscal comienza a confirmar el gran escándalo por el lavado de dinero durante la campaña de Cambiemos el año pasado, donde ya figuran 467 aportantes que resultaron ser titulares de planes sociales que viven en villas del conurbano a los que hicieron figurar como financistas de Cambiemos por $1.160.000, y a los que, según los informes, también afiliaron políticamente al PRO en la provincia de Buenos Aires.
Ahora, Di Lello esperará a que lleguen el resto de las medidas solicitadas: por un lado, el informe socio económico de Gendarmería, que permitirá determinar las condiciones de vida y las posibilidades de haber aportado a Cambiemos de los financistas señalados por el partido político gobernante, y por otra parte, la situación de revista de los aportantes expuestos en la investigación de El Destape, que deberá aportar el ministerio de Desarrollo Social de Carolina Stanley.
Una vez recibidos los resultados, en caso de considerar que hay elementos suficientes para impulsar una investigación, el fiscal enviará la preliminar a la Fiscalía Electoral de Provincia, que, por una cuestión de jurisdicción, llevaría adelante la causa por los presuntos delitos electorales cometidos, que podría incluir la declaración testimonial de los aportantes truchos para ratificar o no si hicieron los aportes correspondientes y si ellos firmaron las fichas de afiliaciones que tiene en su poder el PRO.
La impunidad con la que se maneja este grupo de empresarios millonarios que gobiernan el país desde 2015, es de un nivel nunca antes visto. En un contexto que se parece al mundo del revés, donde todo el bloque Cambiemos reclama salvaguardar La República, lo menos que hace es siquiera respetarla. La democracia, entendida como el poder popular y los derechos del pueblo, está siendo devastada por el autodenominado “mejor equipo en los últimos cincuenta años”. Son la antipatria. Rompieron y romperán todo aquello con olor a pueblo. Cientos de denuncias contra ellos fueron desbaratadas por los medios hegemónicos que rápidamente actúan para ocultar, manipular o apretar a fiscales y jueces que intenten investigar a uno de ellos. Por esto es que iniciamos la nota con esta pregunta que nos llena de optimismo y pesimismo al mismo tiempo: ¿Habrá llegado la hora de que algún integrante del Poder Judicial investigue libremente a Cambiemos y no sea perseguido por Mauricio Macri?
Fuente: El Destape
