La banca Rothschild & Co., una de las instituciones financieras más influyentes del mundo, ha reunido US$ 194 millones (£150 millones) para financiar un ambicioso programa de infraestructura en las Islas Malvinas, bajo administración colonial británica. Según informó el medio Mercopress, el proyecto estrella de esta inversión es la construcción de un nuevo puerto de aguas profundas en Puerto Argentino, cuya finalización está prevista para 2027, junto con una nueva central eléctrica. Esta iniciativa, impulsada por el gobierno colonial británico en las islas, ha reavivado el debate sobre la soberanía argentina y la explotación de recursos en el Atlántico Sur.
El financiamiento, gestionado por Rothschild & Co., se destinará a fortalecer la infraestructura de las Malvinas, un territorio que Argentina reclama como parte inalienable de su soberanía, respaldada por resoluciones de las Naciones Unidas que instan al Reino Unido a negociar una solución pacífica. El nuevo puerto reemplazará al actual muelle modular, construido tras la guerra de 1982, y está diseñado para soportar las crecientes demandas de las industrias pesquera, turística y petrolera en la región. La obra, que incluye un muelle de 400 metros, busca consolidar la presencia británica en el archipiélago, lo que ha generado críticas desde sectores nacionalistas argentinos.
Contexto económico y político
El anuncio llega en un momento de tensiones renovadas entre Argentina y el Reino Unido. El gobierno colonial de las Malvinas ha acumulado un fondo soberano de aproximadamente US$ 496 millones (£400 millones), gestionado por el banco HSBC, gracias a los ingresos generados por la pesca ilegal —según la perspectiva argentina— y las concesiones petroleras en aguas circundantes al archipiélago. Este fondo, según Mercopress, permitirá no solo la construcción del puerto, sino también otros proyectos de desarrollo económico que afianzan la ocupación británica.
La participación de Rothschild & Co. no pasa desapercibida. La banca, conocida por su influencia global, tiene vínculos con Río Tinto, una multinacional minera que ha intensificado su presencia en Argentina, especialmente en la explotación de litio y cobre en provincias como Salta y Catamarca. En julio de 2024, el presidente argentino Javier Milei se reunió en París con Alexandre de Rothschild, alto ejecutivo de la firma, en un encuentro que generó especulaciones sobre posibles acuerdos económicos entre Argentina y empresas británicas, aunque no se han revelado detalles oficiales.
Desde la oposición ha habido silencio con respecto a este nuevo avance sobre la soberanía argentina, con la excepción del dirigente nacionalista César Biondini que se pronunció a través de sus redes sociales.
Implicaciones internacionales
A nivel internacional, el desarrollo coincide con un renovado interés del Reino Unido en el Atlántico Sur. En noviembre de 2024, el portaviones HMS Queen Elizabeth visitó las Malvinas, un hecho interpretado como una demostración de fuerza militar. Además, la presencia de buques británicos con bandera malvinense en puertos como Montevideo ha generado críticas por violar acuerdos regionales, como la Declaración de la CELAC de 2011, que prohíbe el apoyo logístico a embarcaciones bajo esa insignia.
Mientras tanto, la resolución de la ONU de junio de 2024, respaldada por numerosos países, reiteró el llamado a Londres y Buenos Aires para reanudar las negociaciones bilaterales sobre la soberanía. Sin embargo, el Reino Unido insiste en que la autodeterminación de los habitantes de las islas —unos 3.500 según el último censo— prevalece sobre cualquier discusión.
Un futuro incierto
El nuevo puerto, cuya licitación fue extendida en 2023 tras un fallido intento en 2020 por el alza de costos, simboliza para muchos en Argentina un paso más en la consolidación de la ocupación británica. Con Rothschild & Co. como actor financiero clave, el proyecto no solo tiene implicaciones económicas, sino también geopolíticas, en un contexto donde la soberanía de las Malvinas sigue siendo una herida abierta para el pueblo argentino. A medida que se acerca el 2027, fecha estimada de culminación, la presión sobre el gobierno argentino para responder a esta iniciativa podría intensificarse, poniendo a prueba su política exterior en un tema que trasciende las divisiones partidarias y constituye un pilar de la identidad nacional.
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