La arbitrariedad y la censura ‎han regresado a Occidente. Las transnacionales de internet como jueces inapelables – Por Thierry Meyssan

Cuando fundamos la Red Voltaire, en 1994, nuestra primera preocupación era defender la libertad ‎de expresión, inicialmente en Francia y luego en el mundo en general. ‎

Pero hoy en día el concepto de libertad de expresión está siendo, a nuestro modo de ver, ‎deformado y cuestionado. Por eso trataremos de definir en qué consiste ese ideal.‎

La circulación de las ideas se desarrolló considerablemente con la invención de la tipografía ‎moderna, a finales del siglo XV. Ya no había que creer ciegamente las afirmaciones de las ‎autoridades y cada cual tenía la posibilidad de hacerse su propia opinión. ‎

La mayoría coincidió en afirmar entonces que, aunque el debate es indispensable para la evolución del ‎pensamiento humano, ciertas ideas serían perjudiciales para la sociedad y por ello deberían ser ‎censuradas. Se estimó que las autoridades deberían determinar qué era útil y lo que podía ser ‎perjudicial. Pero la promulgación del célebre Index librorum prohibitorum (Índice de libros ‎prohibidos) por parte del papa Pablo VI no pudo impedir la difusión de las ideas antipapistas. ‎

Nuestro punto de vista es que, en la mayoría de los casos, la censura es más perjudicial que ‎las ideas que prohíbe. Todas las sociedades que practican la censura acaban anquilosándose. Es ‎por eso que todas las autoridades basadas en la censura han acabado siendo derrocadas. ‎

En ese sentido, existe un enfrentamiento entre dos grandes escuelas. El artículo 11 de la ‎‎Declaración de Derechos Humanos que se proclamó en Francia en 1789 estipula que la ley ‎deberá determinar y reprimir los casos de abuso en el uso de la libertad de expresión, mientras que ‎la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América ‎–adoptada en 1791–‎ plantea que ninguna ley ‎podrá limitar tal libertad. ‎

Estados Unidos era entonces una nación en formación que acababa de emanciparse de la ‎monarquía británica. Sin tener aún conciencia de las dificultades de la vida en sociedad, ya había ‎sufrido los abusos del poder de Londres. Su concepción de las libertades era, por ende, que estas ‎no debían reconocer límites. ‎

Fue necesario más de un siglo para que los legisladores franceses lograran determinar los límites ‎de la libertad de expresión, siendo estos la incitación a que se cometan crímenes o delitos, la ‎injuria y la difamación. En cuanto al régimen de censura, el control dejó de ejercerse antes de la ‎publicación y pasó a realizarse después de la publicacion. ‎

En los países de cultura latina se llama “difamación” al acto de atribuir hechos o actitudes ‎negativos sin tener pruebas de que sean reales, partiendo además del principio que ciertos hechos ‎no pueden ser probados –como hechos que han sido objeto de amnistías, crímenes prescritos o ‎ciertos elementos de la vida privada–, debido a lo cual no deben ser publicados. En los países ‎anglosajones, por el contrario, sólo se considera difamación aquella afirmación cuya falsedad ‎puede demostrarse. En la práctica, las leyes latinas exigen que el autor pruebe lo que afirma, ‎mientras que las leyes anglosajonas plantean –por el contrario– que es la persona difamada ‎quien debe demostrar que el autor no dice la verdad. ‎

En ambos casos, los tribunales sólo pueden proteger la libertad de expresión si sus miembros son ‎jurados populares –como en Bélgica– en vez de magistrados profesionales –como en Francia– ‎con tendencia a defender la clase social a la que pertenecen. Fue ese el gran combate de Georges Clemenceau ‎‎(primer ministro de Francia de 1906 a 1909), esfuerzo que sin embargo fue anulado durante la ‎Segunda Guerra Mundial, cuando los gobiernos retomaron el control de los procedimientos. ‎

La libertad de expresión, que necesitó 4 siglos para establecerse en Occidente, se ha visto ‎totalmente cuestionada con la aparición de las nuevas tecnologías informáticas de difusión que ‎amplían las posibilidades individuales de convertirse en autor de contenidos. Está sucediendo lo mismo que en ‎el siglo XVI: después de un corto periodo de florecimiento de la libertad de expresión, estamos ‎viviendo un regreso al control y la censura. ‎

Antes, franceses y estadounidenses hablaban a la vez de la libertad de expresión y de la libertad ‎de prensa –o sea, de la posibilidad de ejercer la libertad de expresión en los periódicos. Ahora, la ‎libertad de prensa se menciona a menudo para negar la libertad de expresión de personas ‎corrientes a quienes se acusa de ser «conspiracionista» [1], o sea de ser ‎simplemente individuos incultos, irresponsables y peligrosos para la sociedad. ‎

Generalmente, los partidarios de la censura previa no mencionan su propio deseo de controlar ‎las opiniones políticas de las masas sino que se sitúan en el terreno de la religión –argumentan ‎que es necesario proteger a la sociedad frente a la herejía– o de la moral –argumentan la ‎necesidad de proteger a la juventud de la corrupción mediante la pornografía. La aparición de las ‎llamadas «redes sociales» ofrece un nuevo contexto para recurrir de nuevo a viejos argumentos.‎

Dado el hecho que las religiones más establecidas están en pleno retroceso en el Occidente ‎contemporáneo, esas religiones están siendo reemplazadas por una religión nueva, que no tiene Dios pero ‎que reproduce los dogmas (el «consenso») y que también tiene sus “clérigos” (antes eran ‎los periodistas, hoy son los dueños ‎ de Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, etc.).‎

Por ejemplo, en Francia se habla ahora de convocar un referéndum para agregar en la ‎Constitución la siguiente frase:
«La República garantiza (1) la preservación de la biodiversidad, (2) del medioambiente y (3) lucha ‎contra el cambio climático».‎

Pero se trata de 3 propuestas que carencen de sentido ya que la biodiversidad no es un periodo o ‎un ciclo sino un proceso; el medioambiente no ha sido nunca preservado sino que ha sido ‎siempre modificado; y el clima no se somete a ningún tipo de “reglamento” o “arreglo” [2]. Por supuesto, ya se habla de censurar las observaciones que acabo de expresar aquí, que ‎no encajan en el “consenso” y que serían por ende perseguidas, primeramente en los llamados ‎medios sociales y seguidamente en la sociedad en general.‎ ‎

Todos estamos seguramente preocupados por el incremento de la pornografía, a la que están ‎expuestos nuestros niños, y todos quisiéramos espontáneamente preservarlos de ese fenómeno. ‎Pero antes los niños de los campesinos estaban “expuestos” a ver el sexo entre los animales –‎no siempre tiernos ni morales. Hoy los escolares pequeños están convencidos de que los animales ‎copulan sólo para continuar la especie y ven en sus teléfonos celulares videos sobre eso –‎no siempre tiernos ni morales. Históricamente, la mayoría de los regímenes autoritarios ‎comenzaron censurando la pornografía… antes de arremeter contra las ideas políticas. Eso indica ‎que para todos lo menos peligroso es instaurar procedimientos de control parental en vez de abrir una ‎vía que conduce a la pérdida de nuestras libertades. ‎

Observaciones finales:
 en 1990, Occidente dio un gran paso atrás en materia de libertades con la ‎adopción de las leyes europeas que reprimen el «negacionismo».
 Otro gran retroceso tuvo lugar ‎en los años 2000 con la concesión de una serie de privilegios a las redes sociales.
 El tercer gran ‎retroceso en materia de libertades data de los años 2010 con la creación de agencias que atribuyen ‎calificaciones en materia de “confiabilidad” de la información. ‎

Sería comprensible la existencia de leyes que repriman los intentos de rehabilitar el régimen ‎racialista nazi. Pero no se entiende que se atribuya a las leyes el papel de “guardianes de la ‎Verdad”. Lo más grave es que esas leyes han restituido las penas de cárcel para los ‎contradictores. Eso implica que en la Europa actual es posible ser enviado a la cárcel por una ‎cuestión de ideas. ‎

Las transnacionales de internet –como Twitter, Facebook, Instagram o YouTube– obtuvieron de ‎Estados Unidos enormes privilegios destinados a facilitarles la conquista del mundo. ‎Son consideradas simultáneamente transportadores de información –como las clásicas oficinas ‎de correos– y reguladores de la información que vehiculan. Trate usted de imaginar qué habría ‎sucedido si las oficinas de correos clásicas hubiesen tenido la potestad de leer la correspondencia ‎y censurarla. ‎

Afirmando que sólo son transportadores neutrales, esas transnacionales de internet protegen el ‎anonimato de sus clientes. El resultado es que entre todos los mensajes que vehiculan hay ‎algunos que incitan a cometer delitos y crímenes, así como mensajes de carácter injurioso o ‎difamatorio, pero esas empresas cubren a sus autores. Sin embargo, en la prensa escrita, quien ‎publica un texto y se niega después a revelar la identidad de su autor es considerado responsable ‎de lo que imprimió, mientras que las transnacionales de internet –que dicen ser sólo ‎‎«transportadores de información»– se han erigido en «reguladores». Esas transnacionales ‎siguen negándose a revelar la identidad de los culpables pero cierran olímpicamente las cuentas ‎donde se expresan ideas que no les agradan, con lo cual se erigen en jueces, sin leyes, ‎sin debate o deliberación y también sin posibilidad de apelación. ‎

El 28 de mayo de 2020, el presidente estadounidense Donald Trump retiró ese privilegio a las ‎transnacionales de internet y abrió el camino a una regulación a través de la justicia. Pero es ‎poco probable que el Congreso llegue a convertir en ley esa decisión del poder ejecutivo. ‎Sobre todo porque los jefes de esas transnacionales ya crearon –con la OTAN– agencias como ‎NewsGuard, que se encargan de endilgar “malas notas” a los sitios web que no pueden ‎controlar. El objetivo de esas agencias es relegar a quienes no piensan “como se debe” a las ‎profundidades de los motores de búsqueda hasta que desaparezcan. Hemos regresado a la ‎arbitrariedad y la censura. ‎