La interventora en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, -nombrada por Alberto Fernández el 23 de diciembre de 2019- verificó esta semana que hay pruebas de la causa AMIA que se encuentran en un inmueble en completo estado de abandono.
Más de 2000 cajas de papeles y 5000 escuchas en casette y videos en VHS son parte de los archivos vinculados al atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que tiene la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y que en 2015 se desclasificaron para poner a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación que lleva el caso.
En la actualidad, muchos de estos registros se encuentran en un edificio que pertenece a la AFI en el que la falta de mantenimiento y abandono hacen peligrar el estado de las pruebas que aún no terminaron de analizarse.
De acuerdo a las imágenes a las que pudo acceder PERFIL los registros están rodeados de escombros, basura, vidrios rotos, paredes con humedad, conexiones eléctricas clandestinas y cables averiados.
Hace 5 años, el decreto 395 dictado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner desclasificó distintos documentos para que puedan ser analizados por la UFI-AMIA, que ahora están en un edificio porteño que, por razones de seguridad, no puede ser develado.
Desde su declasificación, la UFI AMIA a cargo de Sebastián Basso, Santiago Eyherabide y Roberto Salum logró digitalizar parte de la documentación pero aún queda más de la mitad de la información sin analizar y proteger, por lo que la decisión del Presidente es sacar de la parálisis a este organismo, avanzar con la investigación del atentado y que se termine de estudiar los datos que fueron clasificados.
Ahora, lo urgente para Caamaño será proteger las pruebas que pueden haberse dañado por el estado de uno de los edificios en donde se guardan.
