Por Mariano Lovelli *
Cuando las normas se convierten en una formalidad que distorsiona el espíritu del legislador la democracia cruje, hasta parece que se burlan de ella.
El gobierno nacional encaró las audiencias para aumentar nuevamente las tarifas de los servicios públicos con el mismo esquema del 16 de septiembre de 2016 en la Usina del Arte. Convirtió las audiencias públicas en una puesta en escena. Las transformó en un mero paso burocrático para aplicar un nuevo cuadro tarifario o de precios.
Las propuestas oficiales serán norma en breve. La voluntad del Ejecutivo es la de no escuchar observaciones, críticas y propuestas que se realizan en las audiencias. Aunque sean de gran importancia y utilidad ciudadana. Como lo marcara la Corte Suprema en agosto de 2016, las audiencias no deben ser meramente informativas sino deliberativas. Es decir, deben ser un instrumento para poder sintetizar distintas posturas y visiones, donde Estado y sociedad civil expongan sus argumentos para llegar a una situación superadora. Sin embargo, ya todos sabemos que nada de eso sucederá.
El tratamiento en forma simultánea del precio del gas -el miércoles- y la energía eléctrica -el viernes- es una demostración clara de ello. En la Argentina el 65 por ciento de la energía la generan centrales térmicas, cuyo principal insumo es el gas. Durante la audiencia del gas se discutió el futuro precio del gas PIST, usualmente denominado “en boca de pozo”. De forma análoga, el viernes se hizo lo propio con el valor futuro de la electricidad en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Ahora bien: ¿cómo es posible establecer el precio de la energía eléctrica sin antes fijar el del gas, insumo clave para su generación? ¿O acaso pudo haberse fijado tan rápido, entre miércoles y viernes, y el Ejecutivo lo oculta?
Es posible porque el Gobierno tiene tomada la decisión de antemano. No le importa lo que se debata, se objete o se denuncie en las audiencias públicas.
Al anunciar el tarifazo, el Gobierno habló de un ‘sendero de precios’, que no es otro que el sendero del mercado. Guiado por una lógica mercantilista, aboga por ‘la reducción de subsidios’, dolarizando y pretendiendo llevar el precio del gas a valores más altos que los que se pagan en otras partes del mundo. Por caso, los usuarios pagaremos por el gas en la Argentina, el año que viene, el doble que lo que se paga en los Estados Unidos.
El Ejecutivo no ha logrado acreditar la razonabilidad de los aumentos del gas PIST. La omisión de indicar los costos de producción de ese gas fue una constante, en una clara violación al principio de acceso a la información adecuada y veraz que fuera uno de los óbices principales del fallo de la Corte. Incluso los argumentos en relación al desabastecimiento fueron refutados en las anteriores audiencias públicas. La réplica vino no solo de la sociedad civil. También desde la propia industria hidrocarburífera/ gasífera. Incluso más: a pesar del irrazonable aumento del precio del gas PIST del año anterior el gobierno no logró que se produzca más gas en el país. Al contrario: la producción local cayó y la importación creció.
Conclusión: el precio del gas que pagan los usuarios es irrazonable e injustificado. Todo comienza con el irrazonable valor otorgado al precio de gas PIST. Continúa con la valorización del insumo en dólares, que ante la devaluación del peso encarecerá la tarifa.
La eliminación de los subsidios en la materia es una prerrogativa del Gobierno, pero dicha eliminación nunca puede configurar un aumento desmedido y desproporcionado de las tarifas, que se vuelven impagables por lo confiscatorio de su precio. Máxime ante la posibilidad cierta y concreta de vulnerar derechos básicos que afectan fundamentalmente a trabajadores, jubilados, clubes de barrio y pymes.
Habrá que pensar entonces distintas y nuevas formas participativas para que las voces de la sociedad civil sean escuchadas e influyan en la toma de decisiones sobre estos bienes tan necesarios y preciados para la vida cotidiana de la población. Hay que evitar que sea el mercado el único que determine la orientación del sendero de precios de los servicios públicos. Si no, el sendero del mercado causará más excluidos.
* Mariano Lovelli – Presidente del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad.
Fuente: www.pagina12.com.ar – 21-11-17
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