Iron Mountain: procesan a 10 funcionarios de Macri y directivos por la muerte de 10 personas. Las empresas involucradas por lavado de dinero

A más de 4 años de la tragedia de Iron Mountain, en la que un incendio intencional para destruir documentación del lavado de dinero de, entre otros, la empresa SOCMA (Sociedades Macri) y del banco de la corona británica HSBC, se cobró la vida de 10 personas en el barrio de Barracas, el Poder Judicial finalmente avanzó contra algunos de los responsables. Entre los procesados hay ex funcionarios de Macri de la Ciudad de Buenos Aires, directivos de la firma, y el responsable de la empresa de seguridad que tenía la custodia del predio.

¿Qué empresas escondían allí su documentación? En el edificio de Iron Mountain se archivaban papeles importantes de las empresas: banco HSBC, SOCMA (Sociedades Macri), la aseguradora La Caja, Molinos Río de la Plata, Boldt, Telefónica, El Cronista Comercial. DirecTV Argentina, Cargill S.A.C.I., Prudential Seguros SA, Expeditors Argentina SA, Telefé, Galicia Seguros SA, entre otras. También había documentos del entonces ministro de Desarrollo Económico porteño, Francisco Adolfo Cabrera, ex gerente del grupo La Nación y del Banco HSBC, presidente de la macrista Fundación Pensar y hoy actual Ministro de Producción de la Nación. El israelí-estadounidense Paul Singer, dueño del fondo buitre NML Elliot incluso tuvo una participación accionaria en la empresa al menos hasta el año 2012.

El juez Pablo Omaechea procesó a un total de 17 personas por el delito de “incendio culposo seguido de muerte” (un cargo menor lamentablemente). Los ex funcionarios macristas son: Vanesa Berkowski; Rafael Roldan; Pedro Luis Chapar; Roberto Chiesa; Gastón Laugle, Esther Moroni, Luis Cogo; Felix Raimundo Lugo; Jorge Néstor Papanicolau; Ricardo Edmundo Grunfeld; y Alberto Daniel Graciani. A todos se les aplicaron embargos que van desde los 7 hasta los 17 millones de pesos.

Entre los directivos y responsables de la empresa Iron Mountain: Eduardo Alfredo Sueyras Parra, Guillermo Lockhart, Héctor García, y Christian Castiñeiras, quienes fueron embargados por 20 millones de pesos cada uno. También fue acusado Oscar Godoy, quien se desempeñaba como seguridad de la empresa Segurplus SA.

Uno de los titulares de Iron Mountain, Héctor García, formó junto con Sociedades Macri (SOCMA) una sociedad dedicada a digitalizar partidas de nacimiento que desembocaron en un escándalo por coimas en Alemania. Otro de los directivos es Gustavo Álvarez, directivo del Grupo Clarín, que se desempeñó en Ernst & Young, la multinacional que en el marco del SwissLeaks está sospechada de intermediar en operaciones de evasión impositiva hacia paraísos fiscales.

Desde la Unidad de Información Financiera (UIF) del gobierno de Cristina Kirchner se entregaron a la justicia y a la Fiscalía 37 material que sustenta un presunto acuerdo entre Iron Mountain y sus clientes para eliminar evidencias de potenciales delitos de carácter económico. En el caso del BNP y el JP Morgan se encontraron cajas con el rótulo lavado de dinero y material de cuentas off shore. Además de datos de fideicomisos de Cablevisión, del Grupo Clarín, y también está investigada Sideco, otra empresa de los Macri, que perdió entre las llamas una caja con el rótulo de “Coimas Perú”.

En 2008 la Dirección General de Protección del Trabajo había impulsado dos inspecciones, que derivaron en la clausura del depósito. El Inspector de la Subsecretaría de Trabajo reveló que su superior, el gerente operativo de inspección de la ciudad, no hizo actuaciones sobre dos empresas por orden del jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri que pidió que no se realizaran controles sobre la empresa y se levantaran las clausuras. El inspector de Trabajo porteño, Edgardo Castro, denunció años antes del derrumbe fallas en los controles por parte del gobierno de Mauricio Macri a la empresa Iron Mountain. En el mismo sentido el gerente operativo de inspecciones del gobierno porteño, Fernando Cohen, admitió en una cámara oculta difundida por el canal informativo C5N, que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, hablaba por teléfono con funcionarios e inspectores para frenar clausuras que pretendían realizar a comercios y establecimientos, propiedad de amigos del Jefe comunal.