Grave: Inspectores de tránsito de la CABA denuncian amenazas para que frenen sus reclamos laborales

El inspector de tránsito de la CABA, Cristian Romero, denunció amenazas de muerte para que se terminen las protestas que viene realizando con sus compañeros de trabajo, luego de la muerte de la inspectora Cinthia Choque y la internación de Santiago Siciliano, atropellados en el pasado mes de septiembre. A causa de esta tragedia, se conoció que el Gobierno de Rodríguez Larreta mantiene a estos servidores públicos bajo el régimen de monotributo, una ilegalidad manifiesta que motivó que la fundación La Alameda presentara un recurso de amparo para que no se puedan seguir cobrando multas, hasta tanto se regularice la situación laboral de los inspectores, los que no cuentan con seguro, ART, ni obra social.

Evidentemente, todo esto ha puesto nerviosos tanto al Gobierno de la Ciudad, como a un supervisor que, lejos de solidarizarse con el reclamo muestra a los trabajadores, muestra por Whatsapp la imagen de una bala y la leyenda “Todo vuelve. Corta. Zurdos de mierda”.

La denuncia fue realizada por el delito de amenazas coactivas contra Edgardo Antoni, supervisor de tránsito de la Ciudad.

Cristian Romero dialogó con nosotros y contó en detalle el caso: “El clima que se está viviendo es de persecución a los compañeros que fuimos votados como referentes, a partir del asesinato de nuestra compañera y de todo lo que sale a la luz con nuestro modo precario de contratación. Se dio una organización de asambleas de base y varios compañeros nos propusimos y fuimos votados como referentes, sin tener fueros gremiales porque somos monotributistas. Nos hacen una persecución laboral con distintas medidas. Si solo fuera así hasta podría ser tolerable por más que sea injusto. Comenzaron lentamente el pase a planta transitorio los de años 2013, 2014 y 2015. Yo soy del año 2013 y sigo siendo monotributista. Tampoco es que somos tantos”.

Pero la persecución empeora a partir de las amenazas provenientes de un funcionario público de la CABA: “Lo de la amenaza es a partir de un supervisor. Es sabido por todos mis jefes que tengo una ideología de izquierda y este tipo siempre se encargó de hostigarme por ese motivo. A partir de todo esto que ocurrió, este tipo se puso más ‘picante’ a través de sus estados de Whatsapp. Este domingo me manda una compañera la captura de pantalla y me dice ‘Cris cuidate, este tipo está re loquito y sabemos que este estado es para vos’, con la foto de una bala que dice ‘Todo vuelve. Corta. Zurdos de mierda’. Lo charlé con mis compañeros de trabajo y a todo el mundo le pareció gravísimo. Si tenemos en cuenta la historia de nuestro propio país, un tipo que cumple un rol de funcionario público no se puede dar el lujo de poner un estado tan barbárico. Todos coincidimos en que no se podía dejar pasar. Si lleva esa amenaza adelante, sería todo más grave aún. A raíz de esto me hice presente en la fiscalía 32 de la CABA, con un grupo de compañeros, entre ellos la novia de Santiago Siciliani que aún se encuentra internado y ahí hago la denuncia por amenazas coactivas”.

Con respecto a lo actuado por el Gobierno de la Ciudad, Romero es muy claro: “El rol de Rodriguez Larreta es nefasto, en el debate cuando se le menciona el tema de Cinthia Choque y el tema de la precariedad laboral, los monotributistas ascienden a 18.000 en el gobierno de la CABA y el tipo no fue  capaz de enviarle condolencias a la familia de Cinthia Choque, no se contactó todavía con ninguna de las dos familias. Si el Jefe de Gobierno tiene esa actitud, imaginate para abajo. Calculo que el sindicato se deberá pronunciar con un repudio hacia este supervisor y espero contar con la solidaridad del Sutecba”.

En la presentación del recurso de amparo, el dirigente de La Alameda, Gustavo Vera, había planteado: «Las multas de transito son instrumentos públicos que solo pueden ser emitidos por funcionarios públicos contratados según las ley 471/00 de la ciudad de Buenos Aires y no por monotributistas. El gobierno ignora las propias leyes que se sancionaron en la Legislatura: precariza y arriesga la vida de los trabajadores, los priva de innumerable cantidad de derechos y sobre esa masacre en cuotas que están viviendo los inspectores de tránsito, el Gobierno recauda 2.600 millones de pesos con multas de transito que son ilegales ya que no son hechas por funcionarios públicos como lo estipula el Articulo 292 del Código Civil y Comercial. El gobierno no puede seguir cobrando multas que son ilegales, para ello y para garantizar la seguridad de las personas que transitamos de diversas formas las calles de la ciudad, debe programar el pase a planta de todos los inspectores de transito para que cuenten con todos los derechos y obligaciones que la ley tiene para ellos y así salvaguardar no solo la vida de los peatones, ciclistas y automovilistas, sino también la de los propios trabajadores».