Fallo completo de la Corte sobre el Tarifazo. El descontento del gobierno

La decisión de la Corte Suprema complicó al gobierno nacional y pospuso la resolución de fondo del problema, por dos motivos: 1-Al convocar a audiencias públicas como requisito obligatorio para un aumento de tarifas le impide al gobierno y a las empresas energéticas aplicar retroactivamente el Tarifazo (lo que era su objetivo de máxima), pero lo habilita a futuro a implementar el Tarifazo tras estas audiencias que no son vinculantes, son un mero paso formal, en el que todos hablan pero luego el gobierno decide; 2-El fallo no atiende a los clubes de barrio, pymes e industrias, pero este sector no residencial (que representa el 74% del consumo total de gas del país) podrá por su lado recorrer el camino judicial de presentar amparos en juzgados de primera instancia, instancias de apelación y finalmente nuevamente la Corte. De esta forma, y como si fuera una bola de nieve, el problema tarifario seguirá en discusión por varios meses más.

Considerando que el 2017 será un año de elecciones, tampoco será el mejor escenario para el gobierno de las empresas para efectivizar un Tarifazo tan impopular. Cuando era posible aplicarlo políticamente (en 2016) el gobierno no pudo por las trabas judiciales, cuando sí pueda aplicarlo sin trabas judiciales (fines de 2016 y comienzos de 2017) será mucho más complicado por el contexto de desgaste político previo y la cercanía de las elecciones. 

Uno de los puntos más importantes del fallo es que le marca la cancha al gobierno para su futura decisión tras las audiencias. Como bien lo analiza la periodista de Página 12, Irina Hauser:

El fallo entra en un terreno que el Gobierno no esperaba, al exigir “razonabilidad” al Estado en los aumentos de tarifas. Le dice que: “Debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos”; ponderar “la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables”; evitar “el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera calificarse de ´confiscatoria´, en tanto detraiga de manera irrazonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo familiar a considerar”. A eso agrega que “un cálculo tarifario desmesurado o irrazonable generará altos niveles de incobrabilidad y terminará afectando el mentado financiamiento” y, a la larga, la “calidad y continuidad del servicio”.

FALLO COMPLETO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SOBRE EL TARIFAZO DE GAS:  

Fallo contra el Tarifazo