Europa y la distorsión cognitiva pepera
Por Juan Manuel de Prada
Afirmaba un líder pepero que el Gobierno «está utilizando la ley de amnistía para tapar la corrupción». La frase es rocambolesca; pero también sorprendentemente verídica. En un mundo que no estuviese plenamente desquiciado, un escándalo de corrupción se taparía con «cortinas de humo» chirriantes o truculentas, pero inanes, que mantuviesen a las masas cretinizadas chapoteando en la pocilguita del entretenimiento banal. Pero aquí el escándalo de corrupción se tapa, en efecto, con un escándalo de naturaleza más grave; prueba inequívoca de que todas las categorías han sido subvertidas y todas las resistencias morales han declinado. No sé si el Partido de Estado es «el que más se parece a los españoles», como a sus gerifaltes les gusta blasonar; pero desde luego es el que mejor entiende la psicología de masas (y más concretamente de masas cretinizadas) y el que más plenamente ha captado el estado de postración moral que gangrena a la sociedad española.
El Partido de Estado también ha demostrado que sabe utilizar en su beneficio las distorsiones cognitivas de la derecha, que no hacen sino generar esperanzas vanas, confusión, desvalimiento y finalmente frustración entre sus seguidores. Frente a la anunciada ley de amnistía promovida por el Partido de Estado para asegurase la poltrona, la derecha empezó enseguida a proferir sandeces, invocando la Constitución como baluarte defensivo. Pero lo cierto es que en ningún precepto de nuestro bodrio constitucional se establece como limitación a las facultades del poder legislativo la promulgación de leyes de amnistía. Por lo demás, todos los preceptos del bodrio constitucional son un ‘flatus vocis’ que significan una cosa o la contraria dependiendo de «la fuerza que esté detrás del poder político y de la interpretación de las leyes», como en su día aclaró Gregorio Peces-Barba. Lo que la Constitución consagra es la pura voluntad desmedida de poder, sin traba alguna. Y eso, precisamente, es lo que hace el Partido de Estado al impulsar esta ley de amnistía.
Fracasada la vía del constitucionalismo chorlito, la derecha se abonó a otra de sus distorsiones cognitivas predilectas, que consiste en hacer creer a su parroquia mohína (pero nunca escarmentada) que la salvación a nuestras cuitas vendrá de Europa. Se trata de una salida de pata de banco todavía más delirante que la invocación del bodrio constitucional. La cruda realidad es que la «construcción europea», como ha señalado el profesor Miguel Ayuso, «ha encontrado su método en el federalismo funcionalista y su fundamento en el laicismo economicista». Y ambos convergen en un panorama político postestatal caracterizado «por la desnacionalización y la tecnocracia». Así pues, una ley de amnistía que favorezca la ‘desnacionalización’ de España tiene que parecer de perlas a los archipámpanos de la Unión del Pudridero Europeo y demás instituciones europeístas. De ahí que provoque tanto alipori escuchar a Feijóo diciendo que las instituciones europeas son (risum teneatis) «la garantía para parar este despropósito»; o que «nos sentimos reconfortados al sabernos al abrigo de una Europa que no puede permitir que fructifiquen los ataques al Estado de derecho y a la independencia del poder judicial». Sacher-Masoch disimulaba mejor sus querencias.
Por supuesto, la petarda Von der Leyen se ha llamado a andana ante los requerimientos de Feijóo, como antes hizo la Comisión Europea, cuando nuestra derecha con distorsión cognitiva pretendió que se cortara la entrega de fondos europeos al doctor Sánchez. Y los burócratas con cara de col de Bruselas han precisado que sólo analizarán la ley de amnistía cuando esté aprobada por las Cortes Generales, aunque anteriormente no tuvieran rebozo en pronunciarse contra leyes en ciernes impulsadas por los gobierno húngaro o polaco (pero eran leyes que no promovían la «desnacionalización», sino lo contrario; por eso las persiguieron sin recato desde el primer momento). Especialmente patética ha resultado la petición de ayuda a la Comisión de Venecia, el órgano consultivo del Consejo de Europa, que la derecha presentó ante su parroquia como una suerte de Tabla Redonda rediviva cuyos paladines desenvainarían la espada frente al atropello ‘sanchista’. Pero el informe de la Convención de Venecia, regado de anfibologías y recomendaciones genéricas, ha servido de trampolín definitivo al pacto del Partido de Estado con el errabundo Puigdemont, al legitimar las amnistías concedidas para solventar crisis causadas por «reivindicaciones separatistas», como la que en Francia se concedió en 1982.
No es posible combatir ningún mal si antes no se han localizado sus causas; y mucho menos si las causas de ese mal son presentadas como remedios, como gusta tanto de hacer nuestra derecha, aquejada de graves distorsiones cognitivas que sólo sirven para sembrar esperanzas vanas, confusión, desvalimiento y finalmente frustración entre sus seguidores. La cruda verdad es que la ley de amnistía que ahora se utiliza para tapar los escándalos de corrupción no sería ni siquiera concebible sin el voluntarismo jurídico consagrado por el Régimen del 78 y sin el respaldo a machamartillo de las instituciones europeas. Engañar a la gente diciéndole lo contrario sólo sirve para modelar una sociedad donde todas las categorías se subvierten y donde las resistencias morales declinan. Y donde la corrupción sistémica se puede tapar tranquilamente con una ley de amnistía, porque –como diría Donoso– «todos los ánimos están divididos y todos los patriotismos muertos».
