Un informe de La Alameda, ONG conducida por Gustavo Vera, el ex legislador porteño amigo del Papa Francisco, denuncia un listado de familiares de ministros y hasta del propio Macri que seguirán siendo funcionarios públicos y cobrando abultados sueldos a pesar del publicitado “decreto”. Quedaron exceptuados de ese decreto familiares de: Mauricio Macri, Gabriela Michetti, Pablo Avelluto, Jorge Triaca, Laura Alonso, Sergio Bergman, José Torello, Fernando de Andreis, Silvia Majdalani, Daniel Angelici, entre otros. O sea: gran parte del promocionado decreto no fue más que un gran fuego de artificio para la tribuna.
Veamos parte del informe de La Alameda, tal como fue publicado por la periodista Emilia Delfino en Perfil:
Al titular de Trabajo, Jorge Triaca, cuyo caso fue el disparador del decreto presidencial, le queda una hermana en el Estado. María Laura Triaca es asesora de la Legislatura porteña al menos desde abril de 2017. Otras dos hermanas de Triaca (Mariana y Lorena), la esposa y un cuñado del ministro ya presentaron sus renuncias a sus respectivos cargos. Sin embargo, Laura no debería renunciar ya que no está alcanzada por el decreto: no está empleada en una dependencia del Ejecutivo Nacional. Esta semana, trascendió que igualmente presentaría su renuncia.
En el caso del secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, el informe detectó una familiar y socia: Elena Bordeu, quien figura trabajando en Jefatura de Gabinete desde 2016. La joven comparte uno de los domicilios familiares de De Andreis. Pertenece a la familia de su padrastro, Juan Manuel Bordeu. PERFIL se comunicó con los voceros de De Andreis pero no quisieron hacer declaraciones.
Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, es otro caso que no será alcanzado por el decreto de Macri. La funcionaria no tiene el rango de ministra. Su hermana Soledad ingresó como empleada de la Secretaría General de Presidencia tras la llegada de Cambiemos, en 2016. Este medio se comunicó el jueves con Alonso, quien dijo: “Mi hermana Soledad presentó su curriculum en la Fundación Pensar -uno de los think tank del macrismo-. Fue entrevista y contratada como empleada. En estos años ha sido evaluada y se le renueva el contrato de locación de servicios cada fin de año. Cobra $23 mil mensuales, va a trabajar todos los días y cumple horario, tiene que poner el dedo -en el control biométrico de la Casa Rosada-”. La funcionaria luego llamó a PERFIL para advertir que iba a “responder” con acciones si la información era publicada. No especificó a qué acciones se refería.
José Torello, otro hombre fuerte del Gabinete, es un caso que deberá ajustarse al decreto. Su hijo José María, alias “Toto”, trabaja en ANSeS desde marzo de 2016. Ese mismo año, el hermano del jefe de asesores de Presidencia, Rafael Torello, asumió también en un cargo en la ANSeS de Junín.
El ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, es otro caso que zafa del decreto. Su hermana Melisa figura como empleada de la Legislatura porteña desde 2014. Voceros del ministro explicaron que coordina el museo de la Legislatura de la Ciudad. Cuando ingresó, Bergman era legislador del PRO.
Las hijas de Silvia Majdalani, número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), no serán alcanzadas por el decreto presidencial. La “Señora 8”, como se la conoce en la jerga de inteligencia, fue electa legisladora porteña del macrismo en 2003. Su hija Valeria Olivero Majdalani trabaja desde 2004 como asesora de la Legislatura. En el caso de Agustina Olivero Majdalani fue miembro del Consejo de la Magistratura porteño entre 2014 y 2016. Desde entonces ascendió como presidenta de la Corporación Antiguo Puerto Madero, que depende de la Ciudad.
El informe preliminar de La Alameda también incluye a diputados y legisladores porteños. Figura, por ejemplo, uno de los alfiles de Macri en temas judiciales: el diputado Pablo Tonelli. Una de sus hijas ingresó en 2016 a trabajar en la gobernación de la Provincia de Buenos Aires.
Algunos familiares deberán renunciar a sus cargos pero otros no. En mayo de 2017, PERFIL reveló otro informe de la ONG que dirige Gustavo Vera que buscaba demostrar aquello que el caso Triaca puso nuevamente en debate. Entonces, salió a la luz que el presidente de Boca y operador judicial del macrismo, Daniel “Tano” Angelici, había logrado desplegar al menos 67 socios, familiares y allegados en distintas estructuras del Estado.
La vicepresidenta Gabriela Michetti también está en la nómina del informe. Su prima Alejandra Illia fue nombrada en el Senado. Voceros de Michetti dijeron que Illia es “familiar de tercera generación”. El ex esposo de la vice, Eduardo Cura, también había sido designado en cargo de su Ciudad mientras Michetti era la vice jefa de Gobierno porteño. Fue el responsable de Comunicación del Ministerio de Justicia porteño y anteriomente tuvo ese mismo cargo en la provincia de Buenos Aires. Desde enero de 2012 , Cura se desempeña como Director General del Canal de la Ciudad.
Otro caso es el del ministro de Cultura, Pablo Avelluto, quien también fue eje de las críticas por el rol de su pareja, Carolina Azzi, en la función pública (ver aparte). Dos hijos del funcionario trabajan en el Estado pero en distintas circunstancia. Entre 2014 y 2015, Avelluto se desempeñó como coordinador general del Sistema de Medios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Su hijo trabajaba en un área de la Ciudad desde antes de su llegada al macrismo, aseguró Avelluto. En 2015, pasó a planta permanente. Su hija, trabajó como asesora de una legisladora porteña del Frente para la Victoria y ahora se desempeña en la Corte Suprema. “Ambos consiguieron sus trabajos por su cuenta”, dijo el funcionario.
El caso también alcanza al propio Mauricio Macri. Una sobrina del Presidente, María Pía Montes Calcaterra, por caso, fue nombrada como jefa de Recursos Humanos en la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo que debe controlar maniobras de lavado de dinero. Entre los casos revelados en los últimos días se encuentran los de Francisco Langieri Bullrich, hijo de la ministra de Seguridad; o Matias Agustín Santos Crocsel, hijo del ministro de Turismo. Ambos, afectados por el decreto. También debieron renunciar dos hermanas, la esposa y un cuñado del ministro de Trabajo, Jorge Triaca. El hermano del jefe de Gabinete Marcos Peña, Andrés; y el yerno del ministro Oscar Aguad, Rodrigo de Loreno corrieron la misma suerte, entre otros.
La esposa del ministro de Modernización, Andrés Ibarra, a cargo de la reestructuración del Estado, había sido designada como directora de Relaciones Institucionales de Radio y Televisión Argentina (RTA). Luegofue electa diputada. El hijo de Mario Quintana, Pablo, era funcionario en Desarrollo Social y dejó el cargo a mediados de 2017.
