El procurador interino, Eduardo Casal, dictaminó que uno de los artículos de la Ley de Farmacias que rige en la Provincia desde hace más de tres décadas es “inconstitucional” y de ese modo se abriría el espectro de las farmacias que pueden operar en el territorio. Contradijo así una jurisprudencia consolidada durante años por todas las instancias de la justicia bonaerense, incluida la Corte Suprema provincial.
Si la Corte Suprema resuelve en el mismo sentido que Casal, Farmacity tendría vía libre para operar en la Provincia y también se multiplicaría varias veces el valor de la compañía, justo antes de que Quintana se desprenda de las acciones que le quedan, si cumple su promesa pública.
De hecho se trataba precisamente de la principal actividad de Quintana cuando operaba en el mundo privado con su fondo Pegasus. Comprar o crear compañías, ponerlas en valor y venderlas.
Es que, en rigor, si bien Quintana anunció en una entrevista televisiva que venderá sus acciones -tras dos años y medio en el Gobierno de Mauricio Macri y luego de varias acusaciones de conflictos de intereses por su pasado en el mundo privado- aún no anunció cuándo lo hará ni cómo será el proceso.
En Farmacity dicen desconocer los detalles de la venta de su fundador y afirmaron a LPO: “La empresa no responde sobre decisiones particulares de sus accionistas”, afirmaron voceros de la cadena.
El timing de un inminente fallo de la Corte Suprema -que podría significar un multimillonario beneficio económico para Quintana- generó que en su momento se excusaran los ministros Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti por sus supuestos vínculos con la empresa. El primero de ellos trabajó para Quintana y el segundo tuvo como colaboradora durante su gestión como ministro de Justicia a una abogada que ahora trabaja en la cadena.
De manera que el fallo quedará en manos de Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Helena Higton de Nolasco.
Desde que el vicejefe de Gabinete asumió en el Gobierno comenzó a destrabar conflictos empresariales con los que lidió hace años y ahora la compañía que fundó a través del Fondo Pegasus entraría al inmenso mercado de la Provincia.
Además de esta disputa, Farmacity también ganó otra pelea clave cuando la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia le dio la razón en su pulseada contra las principales cámaras farmacéuticas del país en febrero pasado. El 2018 aparece como un gran año para el patrimonio del vicejefe de Gabinete. Allegados suyos logran poner en marcha Flybondi y se expanden en el negocio del real estate.
La otra gran pelea de Farmacity con los laboratorios gira en torno al Pami, el lobby liderado por Roemmers logró que le duplicaran el descuento forzoso que las farmacias deben hacer a prepagas y obras sociales. Esto ubicaba a la cadena de Quintana casi en la pérdida y por eso en sus últimas setenta aperturas de locales no sumó al Pami.
Tras reactivar un expediente que llamativamente había estado congelado casi cinco años, la CNDC consideró que las pruebas presentadas por Farmacity eran suficientes, cerró la instrucción de sumario y decidió imputar a la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), a la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (Facaf) y a la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina (AFMySRA), dando por acreditadas las conductas de discriminación denunciadas, que ese poderoso lobby instrumenta a través de la mandataria Famalink.
Como contó LPO, el dictamen de Casal no sorprende, ya que el procurador adjunto se encarga de remover fiscales incómodos para Macri en la previa al arribo de Inés Weinberg de Roca a la procuración, que con esta decisión se ahorró la incomodidad de comenzar su gestión con un dictamen tan tóxico.
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