El Gobierno argentino deberá revelar información sobre el procedimiento por el cual realizó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018 y que endeudó a nuestro país en U$S 57.000 millones de dólares, convirtiéndose en un crédito récord, incluso para la propia institución crediticia global.
Si el objetivo para pedir el crédito era evitar una crisis económica, el mismo queda claro que no se alcanzó, y lo peor es que buena parte de ese dinero se utilizó para favorecer la fuga de capitales del país. A un año del acuerdo, la Argentina solo siguió devaluando su moneda, aumentando la pobreza y la inflación.
El desembolso del FMI que se esperaba para este mes, de U$S 5400 millones, quedará para luego del proceso electoral.
La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal hizo lugar al amparo impulsado por un grupo de abogados y organismos sociales que plantean que debería anularse lo acordado por los groseros errores cometidos.
“El expediente administrativo a partir del cual resultó la decisión de contraer el crédito es de fecha posterior a la toma. Estamos frente a un evento de consecuencias muy importantes”, explicó Andrés Bernal, uno de los abogados que realizó la presentación judicial, a la agencia internacional Reuters.
Toda esta situación complica no solo al Gobierno, que endeudó de manera récord al país, sin aprobación del Congreso y sin un expediente respetuoso de las formas legales, también al propio FMI, que habría excedido sus propios lineamientos para conceder un crédito que alcanza al 60% de su cartera.
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