El Poder Judicial está desnudo. Por Ricardo Vicente López

El Rey está desnudo pero no lo sabe. Y cuando decimos el rey, decimos el Poder Judicial argentino

Por Ricardo Vicente López

Presento en esta nota, con el mismo título que la autora, Graciana Peñafort, le puso, El Rey está desnudo, una reflexión filosófica-jurídica-política, cargada de humor e ironía, respecto al funcionamiento de los estamentos judiciales en esto tiempos cuasi pos-macristas. Por regla general las personas que pertenecen a ese ámbito utilizan un lenguaje que, con intención o sin ella, es de muy difícil digestión para los ciudadanos de a pie. Ahora, a Ud. amigo lector, le debe suceder lo mismo que me sucede a mí, que en nuestra condición de consumidores de la información pública, esa información nos llega traducido al lenguaje periodístico. Este tiene la particularidad de que repite lo que no ha entendido, pero lo hacen con aires de sapiencia superior. ¿Conoce Ud. a algún periodista o comentarista que confiese “yo de esto no entiendo nada”?

Lo que los obligaría a consultar a personas idóneas, con antecedentes claros y demostrados que avalen sus opiniones. Pero, ha sucedido en estas décadas de televisión intensiva, que se han formado en la especialización derecho televisivo. Si bien es cierto que es una especialidad que no se cursa en ninguna universidad, es un conocimiento que se adquiere con la práctica de las redacciones o set televisivos. Esto ha logrado que cada medio tenga un staff, es decir: “Conjunto de personas que forman un cuerpo o equipo de estudio, información o asesoramiento”. Estos aplican la vieja sentencia de las dos bibliotecas: “una le da la razón y la otra se la niega”.

Esta introducción es una excusa para presentar a una brillante abogada, la doctora Graciana Peñafort, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, de la que fue Consejera Académica. Fue Directora de Asuntos Legales y Normativas de la AFSCA y es coautora de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esto es una pequeña parte de sus antecedentes académicos y profesionales que le propongo conocer para diferenciarla del coro de los “especialistas en todo” que pululan por los medios de comunicación. La nota de la doctora Peñafort comienza así, haciendo una referencia a la citación de Cristina Kirchner para su declaración indagatoria en el la causa de la Obra Pública:

Cristina pidió que la declaración fuese televisada. Creo que nadie discutirá que es un tema de evidente interés público. La dos veces Presidenta del país y recientemente electa como Vicepresidenta, declara como imputada por delitos que se le suponen cometidos en el ejercicio de la función pública. Pero el tribunal, con su ya conocida costumbre de negarse a todo lo que pidan las defensas, contestó que no autorizaría tal televisación.

Esta negación le permite a la doctora Peñafort recordar una situación semejante cuando se trataba de la Ley de Medios Audiovisuales:

A finales de ese agosto de 2013, la Corte Suprema dispuso la realización de audiencias públicas en un tema que revestía también interés público, esto es la discusión entre el Grupo Clarín y el Estado Nacional, respecto a la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En aquella oportunidad, la Corte dispuso no sólo su transmisión en circuito cerrado a través del sistema del CIJ (Centro de Información Judicial), tal como sucederá el lunes cuando declare Cristina, sino que además autorizó la televisación y transmisión en directo de esa audiencia. Las dos jornadas de audiencias por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se transmitieron completas, sin cortes ni ediciones ni recortes ni manipulación alguna de sus contenidos.

Comenta la autora, apoyada en claros principios republicanos (siempre proclamados pero pocas veces aprovechados) que la sociedad pudo ver de modo completo cuándo y cómo se discutían cuestiones como la concentración de medios de comunicación, su impacto en la democracia y la verificación de prácticas anticompetitivas por parte del mayor grupo de medios del país.

Y cuando en el marco del debate ante la Corte desaparecieron los eslogan, aparecieron los argumentos: los de verdad, los que se pueden enunciar, los que no se maquillan ni son manipulados. El resultado final fue un fallo en el que la Corte Suprema determinó que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual era constitucional.

El argumento central de la nota se sostiene en la importancia de tomar decisiones trascendentales para que la Re-pública (la cosa pública) sea realmente pública:

Fue esa discusión pública lo que determinó que la Corte Suprema actuase conforme a derecho y no bajo las presiones de los grupos mediáticos. Fue la televisación lo que no solo protegió a la ley de posibles tergiversaciones nacidas en oscuros despachos y caros hoteles, sino que además protegió a los jueces para que fueran libres de decidir conforme a argumentos y no conforme editoriales de los diarios y los canales de TV. Porque cada vez que alguno de estos editoriales aparecía, estaban las imágenes de las respuestas o de su ausencia en cada uno de los puntos discutidos en esa audiencia pública.

Las habituales maniobras de presión no pudieron funcionar porque la publicidad de lo actuado puso a disposición de todos, porque “el pueblo quiere saber de qué se trata”. Y no funcionó porque el Alto Tribunal estaba protegido por el conocimiento público.

Porque donde entra la conciencia de una sociedad cuya opinión no es manipulada, lo que sale de juego es la posibilidad de presionar y operar, un poco a escondidas, sobre los resortes del poder y sobre los jueces. La información pública tiene ese efecto: hace fuertes a las sociedades que opinan y deciden con información. Información que no está manipulada. Información que la sociedad recibe sin intermediarios.

Así, cualquier ciudadano de a pie, que se preocupa para que no le mientan, puede lograr superar los cercos mediáticos que crea una opinión pública bombardeada, con información tergiversada, editada y expuesta de modo tendencioso:

Sin vergüenza, pero sobre todo sin disimulo, se presiona a jueces y fiscales para que sigan con atención el libreto de la culpabilidad ya escrita y declamada desde las tribunas donde desangran sin piedad a la presunción de inocencia, al debido proceso y al derecho a defensa. Por ello no me sorprendió que el tribunal que juzga a CFK se negase a permitir la televisación de la declaración indagatoria de Cristina. Esos jueces tienen miedo de que Cristina pueda hacer lo único que no quieren que haga. Que cuente su verdad y que relate detalladamente cada una de las violaciones a sus derechos y garantías que se han verificado en ese juicio y que han hecho desde ese tribunal y desde otros tribunales. Que hable de la prueba que no existe, de los arrepentidos a la fuerza o a la conveniencia. Que hable sin que la editen o tergiversen. Que hable.

Creo que ha valido la pena reproducir algunos párrafos de esta notable nota. Que demuestra la inteligencia y la capacidad jurídica de la autora, su compromiso con la verdad y su apego a los principios republicanos, que demuestra con su conducta y su palabra. Por eso repite lo que es el título de su nota: