El Gobierno Nacional decidió financiar el nuevo “Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad” quitando recursos al área estratégica de Defensa. De acuerdo a la Decisión Administrativa 2/2020, se establece la transferencia de $238.737.046 desde “asistencia en Defensa y Seguridad” hacia el nuevo ministerio dirigido por la abogada miembro de la comisión directiva del CELS, Elizabeth Gómez Alcorta, con el fin de promover “políticas de género, igualdad y diversidad”. Cabe recordar que el CELS es una entidad de DDHH que históricamente ha recibido financiación de organismos multinacionales como la Ford Foundation, la Open Society de George Soros, la Planned Parenthood Federation, el British Council y hasta la Embajada de Gran Bretaña.
De esta forma, el Gobierno nacional se pliega también a los objetivos dispuestos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que en 2018 otorgó a la Argentina un crédito de U$S 200 millones para implementar la agenda global de género en nuestro país, la que incluye temas que han generado fuertes divisiones en el seno de la sociedad, como la legalización del aborto, la ESI “con perspectiva de género”, el uso del “lenguaje inclusivo” y la creación del nuevo ministerio de “diversidad”. Llamativamente quedan desplazados a un segundo plano temas como la trata de personas, motivo por el que desaparecen cerca de 250 mujeres por año en nuestro país.
Cabe preguntarse cuáles son las prioridades del Gobierno para asignar partidas en un mundo que se encuentra experimentando, en palabras del Papa Francisco, una “Tercera Guerra Mundial en cuotas”, con potencias invadiendo territorios y desestabilizando gobiernos para quedarse con recursos estratégicos.
El reciente golpe policial-militar en Bolivia muestra la necesidad de contar con FFAA y FFSS consustanciadas con un proyecto de liberación nacional, alejadas de los designios de Washington para la región y bien equipadas y formadas. La sistemática quita de recursos va en sentido contrario.
Por otra parte, la desfinanciación de las FFAA no parece ser un camino hacia la soberanía sino la continuación de las políticas de desmantelamiento impuestas a nuestro país por Gran Bretaña luego de la Guerra de Malvinas.
