El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) impulsa una sanción extrema contra Virginia Aparicio, una de las principales investigadoras en agrotóxicos de la entidad. La medida apunta no solo a su despido, sino a su exoneración, lo que implica la inhabilitación de por vida para ejercer la función pública.
Aparicio, con más de 20 años de trayectoria, lideró la participación argentina en el proyecto Sprint, financiado por la Unión Europea, orientado a analizar el impacto de los plaguicidas en la salud humana y el medio ambiente. En el estudio participaron varios países europeos junto a Argentina.
Según los resultados, el 86,1% de los argentinos que aportaron muestras presenta en el cuerpo niveles de glifosato. El herbicida, producido por la multinacional Bayer, se detectó en el 100% de las muestras de materia fecal de bonaerenses. Además, se hallaron entre 10 y 28 plaguicidas en agua superficial, de 6 a 22 en alimentos y entre 43 y 86 en polvo del hogar. Estos datos ubican a Argentina como el país con mayor presencia de plaguicidas en personas y ambiente entre los participantes del proyecto.
Poco antes de la difusión de los resultados, el INTA suspendió la comunicación del informe y se retiró del proyecto, aunque continúa figurando como socio en la página oficial. Los datos finalmente se conocieron en una conferencia del proyecto Sprint en Bélgica el año pasado.
Fuentes del organismo señalaron al medio argentino La Política Online que hubo “quejas de las corporaciones” y lobby empresarial para frenar la difusión. Si bien la suspensión de la publicación se produjo a mediados de 2023, durante la administración de Alberto Fernández, en 2025, el actual Gobierno avanzó con un sumario orientado a la exoneración de la investigadora, marcando no solo continuidad sino también profundización.
Entre las acusaciones figuran el “perjuicio a la administración nacional” —pese a que el proyecto fue financiado íntegramente por la UE— y la negativa a entregar datos personales de los voluntarios vinculados a las concentraciones de plaguicidas. Aparicio sostuvo que no los facilitó porque había firmado un acuerdo de confidencialidad.
“El tema es que le quieren aplicar la sanción más extrema, es una locura”, indicó una fuente del sector, que también apuntó a intereses de entidades del campo.
La investigadora defendió el trabajo y advirtió en Radio 10: “La distribución de los plaguicidas es tan masiva que es necesario reducir la dependencia química en el sistema productivo y es importante hacerlo ya”.
Los gremios del sector rechazaron el despido y la posible exoneración, y advirtieron que se trata de una sanción “desproporcionada” que terminaría “persiguiendo, censurando y silenciando a toda la investigación y al personal del INTA”.
