El nuevo proyecto de Ley, que ya ingresó al Congreso Nacional, cambia los requisitos para las autoridades del Banco Central de la República Argentina (BCRA), eliminando la condición de ser argentinos nativos o naturalizados, abriéndole las puertas a que desde organismos internacionales puedan designar a sus propios agentes. Otro pedido del FMI que se incorpora en el proyecto que extranjeriza nuestro Banco Central es “la eliminación de la posibilidad de que el BCRA financie al Tesoro”, quitándole herramientas de política económica a cualquier futuro Gobierno.
El artículo 13 establece que el Comité del Banco Central tendrá la función de “a) Elaborar el régimen de política monetaria y su comunicación; b) Determinar la tasa de interés de referencia de la economía; c) Determinar los instrumentos de absorción monetaria; y d) Dictar sus normas internas de funcionamiento”. Por lo tanto, la política monetaria de la Argentina será dispuesta “por el presidente, el vicepresidente, el vicepresidente segundo, el subgerente general a cargo del área de investigaciones económicas y un (1) director designado a tales fines por el Directorio”. Que, como ya se dijo, podrán ser funcionarios extranjeros de organismos o bancos transnacionales.
El texto también redirecciona la función del BCRA, disponiendo como misión principal controlar la inflación: “misión primaria y fundamental de preservar la estabilidad de precios” y dispone “la eliminación de la posibilidad de utilizar las reservas del BCRA para el pago de deuda pública”, por lo que Argentina quedará mucho más expuesta a posibles defaults de deuda.
Eso sí, aggiornado a los tiempos y en lógica liberal-progresista el proyecto sostiene como objetivo la “inclusión financiera como una de las funciones del BCRA, con especial atención a la integración social, regional, cultural y de género”.
Con este proyecto de ley el BCRA vuelve a la época de su fundación en 1935, durante la Década Infame, y como parte de una cláusula secreta del Pacto Roca-Runciman, que derivó en un banco central controlado por banqueros ingleses, que digitaban nuestra economía de acuerdo a sus intereses, hasta que el banco fue nacionalizado el 25 de marzo de 1946, a pocos días de comenzar el primer gobierno de Juan Domingo Perón.
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