Habiendo conocido gracias a la prensa amiga un mes antes las revelaciones de sus sociedades offshore en Panamá, Macri tuvo tiempo de eliminar evidencias que lo comprometían. Como frutilla del postre propone una ley de autoamnistía para blanquear el dinero en negro de su holding económico.
El identi-kit del blanqueo
Por Horacio Verbitsky – Página|12
Los Panama Papers se difundieron en todo el mundo el domingo 3 de abril. Pero el Poder Ejecutivo conocía la inclusión de las empresas del presidente desde el 8 de marzo, cuando el Consorcio de Periodismo de Investigación le envió una consulta por escrito desde Washington. El vocero Ivan Pavlovsky se tomó una semana para contestar en un par de líneas, el 15 de marzo, que eran empresas de Franco Macrì, no de su hijo. Algunos medios amistosos sostuvieron que el gobierno desaprovechó las tres semanas que mediaron entre esa consulta y la publicación de los Panama Papers sin prever el impacto negativo que tendrían. No es así: Macrì entendió a la perfección lo que estaba en juego y obró en consecuencia.
A dos días de saber que había sido descubierto, el holding familiar se dirigió a la Comisión Nacional de Valores. El 10 de marzo Sideco Americana comunicó a ese organismo de control “el retiro de la oferta pública por inexistencia de valores negociables” e invocó esa presentación para no presentar el balance del primer trimestre del año, ya que “en base a ello, no habría usuarios interesados en los estados financieros mencionados y que su emisión implicaría para la Sociedad costos y recursos que bien pudieran ser mejor utilizados en otras tareas y/o proyectos”, según otra nota enviada por Sideco a la CNV el 23 de mayo.
Al día siguiente la Oficina Anticorrupción hizo pública la declaración jurada del presidente al 31 de diciembre de 2015, donde apareció la cuenta en Bahamas que antes no figuraba y la tenencia del 0,01 por ciento de las acciones de Yacylec. Pero en febrero, cuando Macrì vendió esas acciones al holding familiar Sideco, ya eran el 5,33 por ciento del paquete accionario. Con los balances en mano, la periodista y dirigente política Gabriela Cerruti demostró que las acciones que Macrì declaraba valían más de lo que él decía y lo denunció por enriquecimiento ilícito. Al retirarse de la bolsa, Sideco se libró de la obligación de informar sobre sus actividades, cegando una importantísima fuente de conocimiento público. Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo comenzó a preparar el proyecto de ley de blanqueo y regularización tributaria, de la seguridad social y aduanera, que la semana próxima tratará la Cámara de Diputados. Para conseguirlo, aceptó diversas modificaciones, pero hubo un punto central en el que se mantuvo irreductible: no tendrán restricción alguna para aspirar a esa amnistía los familiares de funcionarios públicos ni los contratistas de obras públicas, dos categorías que dibujan el identi-kit del presidente Maurizio Macrì.
La batalla de fondo
Esta fue la batalla de fondo desde que se conoció el proyecto: el gobierno trató de ampliar al máximo el universo de beneficiarios, mientras otras fuerzas, de la oposición pero también de la Alianza Cambiemos, intentaron reducirlo. En ese tira y afloje, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso de Prat Gay comenzó afirmando que no habría restricciones para que los funcionarios públicos se acogieran al indulto fiscal, la aliada revoltosa Elisa Carrió hizo saber en público que sólo lo aceptaría si excluyera a funcionarios públicos y a empresarios que hicieron negocios con el Estado, y el ex ministro de Economía Axel Kicillof dijo que se trataba de una autoamnistía.
La primera concesión oficial fue excluir del blanqueo a una lista restringida de funcionarios, aquellos que están obligados a presentar declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción. Pero no fue suficiente: para conseguir el apoyo de Sergio Massa y Diego Bossio extendió la nómina a un gran número de funcionarios de los tres poderes del Estado y de los tres niveles de la administración pública, nacional, provinciales y municipales: desde Presidente y vice, jefe de gabinete, ministros, secretarios y subsecretarios, jueces, diputados, senadores y concejales, hasta los directores o nivel equivalente, en empresas del Estado u organismos de control de servicios privatizados, a los encargados de otorgar habilitaciones administrativas o que participen en la adjudicación de compras o licitaciones, administren un patrimonio público, rectores, secretarios y decanos de universidades, altos mandos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y todo el personal de los organismos de Inteligencia. La enumeración coincide con la de “Personas Expuestas Políticamente”, que la Unidad de Información Financiera (UIF) definió en la Resolución 11/11, del 29 de marzo de 2012 (http://www.uif.gov.ar/uif/index.php/es/resoluciones/343-resolucion-n522012). Sin embargo, se aparta de esa definición en un punto fundamental, porque no alcanza a los familiares de los funcionarios, ni siquiera los más cercanos como padres, esposas e hijos.
También permite blanquear a otras categorías que la UIF considera Personas Expuestas Políticamente, como apoderados de partidos políticos, dirigentes sindicales y autoridades de cámaras y asociaciones patronales. En cambio el dictamen de minoría del Frente para la Victoria impide blanquear a quienes “ejerzan o hayan ejercido la función pública, sus cónyuges y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad ascendente o descendente”. Esto incluiría a los principales miembros de la Prima Famiglia. En el dictamen oficial y en el del FpV los contratistas de obra pública quedan en pie de igualdad con cualquier otro evasor. El dictamen conjunto firmado por Margarita Stolbizer y la socialista Alicia Ciciliani anuncia que de aprobarse, la ley “canalizará el blanqueo de bienes fruto de la evasión y de la corrupción” por parte de funcionarios públicos, actuales o pasados, ya que “el blanqueo podrá realizarse vía familiares o incluso terceros, conforme lo dispone el artículo 36”. Además, señalan que el proyecto permite que “ingresen al blanqueo a quienes participaron en licitaciones y contrataciones públicas, concesionarios de servicios públicos, juegos de azar, etc. Muchos de estos se encuentran seriamente comprometidos en maniobras fraudulentas que la justicia investiga”. El dictamen del Frente de Izquierda no admite el blanqueo y plantea un aumento de emergencia de 6.000 pesos para todos los jubilados y pensionados. Hasta ahora la Coalición Cívica Libertadora y su musa tonante no han dicho esta boca es mía.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-301578-2016-06-12.html
