La Cámara de Diputados aprobaría este jueves un proyecto de ley que le concederá facultades al Poder Ejecutivo para la compra de la vacuna contra el Covid-19 por medio de contratos que, por reclamo de los laboratorios productores, los protejan jurídicamente ante eventuales juicios.
El promotor del proyecto es el diputado Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara baja quien advirtió que “Renunciamos a oponer defensa de inmunidad soberana en temas particulares que tengan que ver con esto, como se ha hecho varias veces, por ejemplo, con la deuda externa”, explicó y aclaró que “este es un pedido que hace la industria farmacéutica a todos los países”.
La iniciativa tendría el apoyo de todos los bloques. Según el legislador, se trata de agregar una herramienta contractual que hoy no existe en la legislación argentina y que facilitaría la compra de vacunas.
Entre las cláusulas, se encuentra una prórroga, que exigen los laboratorios, de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero. Lo que permitiría que los juicios que pudieran originarse por cualquier inconveniente en el proceso de compra de la vacuna no se realicen en la Argentina, sino en el país donde está radicado el laboratorio con el que se firmó el contrato.
Además, el proyecto autoriza a que los contratos incorporen que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial y otras reclamaciones monetarias hacia quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas. “Las indemnizaciones van a tener que ser asumidas por la industria y por nosotros como compradores”, indicó el legislador.
Yedlin, remarcó que en la actualidad hay dos modalidades de compra de las vacunas contra el coronavirus. Una es por medio del fondo Covax que administra la Organización Mundial de la Salud, en el cual participa la Argentina: este fondo se nutre de los aportes que realizan los distintos países para garantizarse un suministro mínimo de vacunas. “Sin embargo, en nuestro caso, no creemos que alcance para cubrir siquiera la población de riesgo”, advirtió.
Existe otra modalidad que tiene que ver con los contratos bilaterales que celebran los gobiernos de los distintos países con los laboratorios productores de la vacuna, entre los que se cuentan AstraZeneca, Moderna, Pfizer, entre otros. Algunos de estos laboratorios (como AstraZeneca) manejan modelos de contratos denominados “sin ganancias pero sin pérdidas” por el que proveen vacunas subsidiadas a bajo costo y se traslada a los Estados compradores parte de los riesgos propios del desarrollo de la vacuna. Por este motivo, se exigen cláusulas especiales en los contratos. “Por eso resulta necesario otorgar las autorizaciones y las facultades al Ministerio de Salud para que pueda eventualmente celebrarlos”, sostuvo Yedlin.
Cabe recordar que el diputado Yedlin es conocido también por su relación con los proyectos ligados a los grandes laboratorios. Ya en 2018 fue el responsable de la nueva ley de vacunación obligatoria.
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