El titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, derogó este viernes una importante norma del Gobierno de Mauricio Macri que neutralizaba los debidos controles a las sociedades offshore.
A través de la Resolución General 2/2020, publicada en el Boletín Oficial, el funcionario judicial dio de baja en su totalidad la norma 6/2018, de igual rango, porque esta normativa suprimió “todo tratamiento por la IGJ (Inspección General de Justicia) de actos negociables de sociedades constituidas en el extranjero” y restableció “todos los textos normativos que fueron derogados, modificados o sustituidos” por la decisión de su antecesor, Sergio Brodsky.
Como lo indica el texto en el B.O., Macri tenía “la virtualidad de neutralizar un régimen reglamentario dirigido a la efectiva vigencia y aplicación de controles que aseguren la observancia de las normas de orden público” de la Ley General de Sociedades. Además, la IGJ estableció que los representantes de sociedades constituidas en el extranjero “deberán constituir y mantener vigente una garantía” para operar.
Nissen explica que las modificaciones introducidas a la legislación durante la anterior gestión pretendieron “suplantar ese régimen por otro, primordialmente asentado sobre la mera formalidad registral, sin control de legalidad sustancial”.
“No es necesario un análisis detallado de las modificaciones, sustituciones y derogaciones producidas para tener por evidenciado que la Resolución General IGJ N° 6/2018 carece virtualmente de causa y motivación y porta desviación de poder” y “torna inoperante al régimen de extranjería y afecta inadmisiblemente la soberanía legislativa argentina”, añadió.
Y advirtió que “las sociedades offshore operan con frecuencia en circuitos de circulación de capitales y flujos financieros de origen ilícito y exhiben una inquietante y polivalente funcionalidad para el fraude (familiar, concursal, laboral), la evasión fiscal y el lavado de activos, entre otras ilicitudes”.
Por último, denunció que después de las reformas realizadas por el Gobierno de Cambiemos “numerosas sociedades offshore se habían inscripto en el Registro Público a cargo de esta IGJ” por lo que “habilitará la adopción de las medidas pertinentes”.
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