Derechos Humanos versus totalitarismo corporativo

Por E. Raúl Zaffaroni *

La palabra de este Maestro del derecho es siempre un faro que ilumina el pensamiento y abre caminos hacia un mundo mejor.

El derecho internacional de los Derechos Humanos surgió formal y tímidamente a partir de la Declaración Universal de 1948, para ir cobrando volumen mediante tratados multilaterales universales y regionales a lo largo de décadas. Este proceso no se inició como una ocurrencia, pero tampoco de calma meditación, sino del miedo de un mundo asustado por la catástrofe que había terminado tres años antes. Se demoró por efecto de la llamada guerra fría que polarizó el mundo y, pese a ella, fue avanzando lenta y dificultosamente, venciendo resistencias. Su objetivo máximo es dar realidad al principio de que todo ser humano es una persona y, por ende, debe ser tratado y respetado como tal.

Obviamente que esto es difícil en un mundo en que dos tercios de la humanidad pasa necesidades y un 1% concentra una riqueza equivalente a lo que necesita la mitad más pobre de la población del planeta para sobrevivir o para ir muriendo con paciencia.

Además, en un tiempo, por cierto que brevísimo en comparación con el que el homo sapiens lleva andando sobre este planeta (y aún muy breve comparado con lo que llevamos desde que dejamos de ser puros cazadores), agotamos aceleradamente las condiciones de habitabilidad humana del planeta: ensuciamos y cerramos cuartos de nuestra única casa común.

La guerra fría terminó, el totalitarismo comunista se implosionó, y ahora avanza sin límites el totalitarismo corporativo de transnacionales. La tercera posición peronista nos muestra su profunda verdad: no había ninguna opción totalitarismo-democracia, sino una polarización entre dos totalitarismos.

Se nos escapa la realidad en medio de un mundo de ficción: el totalitarismo corporativo vive en la ficción. En efecto: hemos inventado personas, personas jurídicas, que no son humanas, sino acumulaciones de dinero en cantidades increíbles, que no sabemos a quién pertenece, sus dueños podemos ser nosotros mismos, pero que manejan tecnócratas entrenados para producir más dinero y encargados exclusivamente de hacerlo, so pena de ser reemplazados. El dinero mismo se ha vuelto una ficción: recibimos y pagamos en dólares porque confiamos en que así seguirá siendo, pero nada más. El papel moneda mismo ni siquiera circula en grandes cantidades como tal, sino que se transfiere presionando una tecla.

Esos conglomerados inmensos tienen sus sedes en los países del hemisferio norte. Los políticos de esos países se han convertido en lobbistas y agentes de las corporaciones, que los dominan porque pueden desplazarse horizontalmente cuando quieran, mientras que la política es por naturaleza local. Puede decirse que ya no gobiernan, sólo administran.

Esos administradores tienen únicamente el poder de presionar al resto del mundo para debilitarles sus Estados y en algunos casos destruirlos. América Latina es víctima de estas presiones, que debilitan nuestros Estados para modelarnos sociedades con pocos incluidos y muchos excluidos, lo que alguien ha denominado la sociedad 30 y 70. Ese modelo de sociedad requiere la contención del 70% excluido, que en parte logra con una creación de realidad también de ficción, mediante monopolios de medios de comunicación audiovisuales.

Pero como la creación mediática de realidad tiene límites, el totalitarismo corporativo extrema su tecnología de control: nos filman, nos escuchan, nos leen, se meten en nuestros hogares, suprimen toda privacidad, nos controlan con cámaras y con drones, generan pánico, miedo ante el terrorismo o ante la delincuencia común, nos fabrican estereotipos de adolescentes peligrosos, nos inventan adolescentes asesinos seriales que no existen, todo para que complacidos aceptemos los controles que cada día nos quitan un pedazo de libertad.

Mas como aún así también este control tiene límites, montan con el mismo pretexto aparatos represivos, que muestran una pretendida eficacia preventiva que no tienen, pero que sirven para contener descontentos y disidentes que se atreven a proyectar una sociedad diferente a la del 30% de incluidos y el 70% de excluidos.

Como es dable deducir, este totalitarismo corporativo es por esencia enemigo de los Derechos Humanos. Pretende disfrazarse de liberal, aunque Locke y todos los que pensaron el liberalismo se conmuevan en sus tumbas, porque la única libertad que defienden es la de las corporaciones, es decir, de las personas jurídicas, de las personas de ficción, pero no de las personas de carne, hueso y sangre, cuyo destino –incluso como especie- no se toma en cuenta.

Lo que sufrimos hoy en América Latina se inserta en este marco de poder planetario. Estamos viviendo la etapa de colonialismo avanzado que corresponde al totalitarismo corporativo. Somos virreinatos del siglo XXI, sólo que despersonalizados, porque en este totalitarismo, así como nadie es dueño del dinero tampoco lo es del poder: no hay un Hitler ni un Mussolini ni un Stalin, ni siquiera un Franco o un Oliveira Salazar. Tampoco tenemos en la Argentina a un Vértiz y ni siquiera quizá a un Sobremonte. Sólo administradores del sur, chief executivers officers de menor jerarquía, que negocian con los administradores del norte acerca de los detalles de su subordinación. Personajes coyunturales que pasan y van a morar en el olvido, disfrutando de los beneficios obtenidos.

 El mundo cambió demasiado rápidamente y esto produce desconcierto, pero no podemos equivocarnos: el momento histórico es diferente a todos los anteriores, porque la historia no se repite, sino que se continúa. No llama la atención en este contexto mundial y regional, en que los Derechos Humanos y su derecho internacional no es más que un obstáculo a eliminar por parte del avance totalitario corporativo, que en nuestro país, la Corte Suprema haya declarado prescriptibles las acciones civiles de reparación por crímenes de lesa humanidad, contrariando la posición de todo el sur del planeta, que conserva la esperanza de reparaciones por los genocidios colonialistas.

 Tampoco llama la atención que la misma Corte Suprema, violando el derecho internacional y el propio constitucional, variando inconsultamente su jurisprudencia pacífica, en una causa en la que ni siquiera debía pronunciarse, se haya proclamado intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos, decidiendo cuándo y cómo habrá de cumplir con las decisiones de los órganos jurisdiccionales internacionales. Compagina perfectamente con el avance del totalitarismo corporativo la idea de que los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional en función del inc. 22º del art. 75º, son derecho prestado y de segunda categoría.

¿Qué otra cosa puede pensarse de las expresiones injuriosas y difamatorias del Presidente hacia la justicia laboral y los abogados laboralistas? ¿Se erige en el continuador de la Corte Suprema de la oligarquía, que se negó a tomar juramento a los primeros jueces laborales? Recordemos que fue una de las imputaciones por las que se removió a sus ministros en el juicio político de 1947 (la otra importante fue la acordada de setiembre de 1930). El Presidente no ha tenido ni siquiera la elemental hipocresía de disimular lo que piensa: reclama jueces propios. ¿Por qué no propone la disolución del fuero laboral y volver a la justicia civil, por ser más liberal e igualitaria?

No podemos dejar de mencionar el nuevo Plan Cóndor judicial. Ya no se mata, se secuestra ni se manda al exilio a los líderes o posibles líderes, ni se proscriben partidos, sino que en el Mercosur se trata de excluir a todo dirigente popular peligroso para los programas del totalitarismo corporativo por vía judicial, valiéndose de jueces adictos, estrellas o atemorizados. Tal es el procedimiento seguido o intentado con Cristina, con Lula y con Lugo y, ahora parece que hasta se lo intenta con Pepe Mujica.

Cierta sorpresa causa la insólita sentencia del famoso dos por uno, porque en verdad, a juzgar por Chile y otros países, los genocidas de la etapa anterior del colonialismo fueron usados y luego, terminada su labor, el totalitarismo corporativo los consideró contaminantes y se desentendió de su destino. Sin duda que ese intento fue una muestra más de regresión en materia de Derechos Humanos, pero que debe mover a reflexión acerca de nuestros folklóricos personeros de ese totalitarismo. Tal vez algunos sean más agradecidos que otros respecto de sus predecesores en anteriores etapas de colonialismo. No obstante, la reacción inmediata del oficialismo de turno puso distancia de semejante agradecimiento y dejó a la intemperie a la mayoría de su propia Corte Suprema.

A todo esto debe agregarse el papelón internacional que sufrimos todos los argentinos con la detención puramente política de Milagro Sala. No se trata de un gobierno, sino de nuestra imagen como Nación en el concierto internacional. Un juego partidista mantiene esa detención en un feudo dominado por un gobernador del que no puede prescindir el oficialismo de turno sin una crisis interna, cuando constitucionalmente correspondería la intervención federal. El testigo de cargo más importante contra Milagro es uno de sus empleados, y la manipulación del Superior Tribunal de la Provincia no deja de ser un escándalo mayúsculo, sin contar con la complacencia de alguna cámara federal obediente.

Lamentablemente, la regresión en materia de Derechos Humanos no se detendrá. El oficialismo marcha hacia un nuevo e inevitable ajuste y tiene sólo dos fuentes: nuevo aumento de las tarifas y ANSES. Cualquiera de los dos temas lesionará más Derechos Humanos de los más humildes y, finalmente, alcanzará a la clase media aturdida por el bullanguero espectáculo televisivo.

Pero los pueblos no se quedan quietos. Latinoamérica toda se pondrá de pie nuevamente, no es la primera vez que sufrimos el colonialismo y esta etapa totalitaria también habrá de superarse. El camino de los Derechos Humanos se retomará, sólo que debemos cuidarnos de las provocaciones: los veteranos debemos cuidar y advertir a los más jóvenes, que por suerte no han conocido momentos de represión.

* E. Raúl Zaffaroni (1940) – juez, jurista y criminólogo argentino, Abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (UBA), Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales; Profesor Emérito de la UBA; miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Fuente: La Tecl@ Eñe – Buenos Aires, 4 de julio de 2017