Denunciaron por traición a la patria a Mauricio Macri, gran parte de su gabinete de ministros y varios funcionarios de segundo y tercer orden, ya que la empresa “Fly Bondi” del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, está radicada en Inglaterra como “Flybondi Limited”, es controlada por una offshore en Islas Cayman (“Pangea Two Acquisition”) y, siendo una empresa con sede británica, actualmente está controlando la base aérea militar de El Palomar.
La abogada Claudia Sambro Merlo radicó una denuncia penal que recayó en el Juzgado Federal N°9 a cargo del doctor Luis Rodríguez, basada en el artículo 119 de la Constitución Nacional, por delito tipificado en los artículos 214 y 215 del Código Penal. Entre los denunciados se encuentran además de Macri, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña y los ministros Guillermo Dietrich (Transporte); Germán Garavano (Justicia) y Oscar Aguad (Defensa) y la titular de la “Oficina Anticorrupción”, la ultra macrista Laura Alonso, entre otros.
La empresa aerocomercial, que no para de tener todo tipo de incidentes y escándalos, está radicada en Inglaterra para operar una base aérea militar argentina que guarda secretos e intereses militares que hacen a la defensa nacional: “Flybondi es una empresa inglesa que viene a operar un aeropuerto situado en una Base Aérea Militar argentina… Imaginemos por un momento que Aeropuertos Argentina 2000 intente operar la Base Andrews en Estados Unidos, a ver si se lo permitiría el gobierno de Donald Trump. Entregar la Base Aérea Militar El Palomar, Cuna de las Alas Argentinas, el lugar de donde despegaron los aviones Hércules para aterrizar el 2 de abril de 1982 en Puerto Argentino, es un acto típico de traición a la patria. Argentina corre serio peligro de entregarle secretos militares a Inglaterra con el pretexto de favorecer el negocio aerocomercial, dejando ingresar a una empresa inglesa, y sobre la que no se le conoce absolutamente ningún antecedente como operadora en su rubro; con el agravante que ya ha quedado demostrado que Flybondi es una empresa que ha demostrado ser bastante ineficiente, tanto en su operatoria como en el estado de sus aeronaves”.
La denuncia afirma: “ante las flagrantes violaciones a la Ley General del Ambiente 25675, Ley del Ambiente de la Provincia de Buenos Aires 11.723, Ley de Residuos Peligrosos 24.051, Ley de Residuos de la Provincia de Buenos Aires 11720; las mandas constitucionales y los riesgos aéreos que han sido públicos y notorios ante los cuales las autoridades nacionales, lejos de ejercer sus poderes punitivos de regulación actuaron como propaladores de justificación, tengo la cabal convicción que se ha perpetrado un negociado en el que se ha barrido con los principios de la seguridad nacional, cometiendo la más procaz traición a la patria. Más allá de la inmoralidad que implica haber desafectado un bien de dominio público destinado a la Seguridad Nacional, agrava la circunstancia que se lo ha tratado ni siquiera como un bien de dominio privado del Estado; se lo ha degradado al punto de entregárselo a una off shore cuyos titulares son en su mayoría ingleses”.
“Esta conducta, va en línea con el desmantelamiento efectivo de las Fuerzas Armadas. El luctuoso acontecimiento con el ARA SAN JUAN, en aguas del Atlántico Sur, en condiciones obscuras; la voluntad acérrima en ocultar las evidencias y las causas del desastre, el trato inhumano a los familiares y la desinformación al pueblo argentino son un hecho más, en dirección a esta política de desmilitarización de la Nación”, contextualiza la denunciante.
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