Democracia y tecnología comunicacional – al servicio de la manipulación de la opinión pública 

Por E. Raúl Zaffaroni  *

Los poderes internacionales han sabido aprovechar el avance tecnológico para ir disolviendo los derechos de los pueblos. La democracia se convirtió en una cáscara vacía, llena de formalidades anodinas. La autoridad académica del autor valida sus análisis.

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La manipulación de la llamada opinión pública es una cuestión de comunicación y, como tal, está vinculada a la tecnología comunicacional de cada época. Esto preocupó desde el origen mismo de la democracia contemporánea, cuando a fines del siglo XVII, la prensa, es decir, los periódicos, eran la principal fuente de información. Las constituciones y las leyes de la época dan cuenta de la preocupación por preservar su pluralismo.

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Debido a eso, en el curso del siglo XIX, conforme a las reglas del mercado, fueron dejando de ofrecer al público la mejor información, para ofrecerle lo que tiene más demanda, es decir, lo que más vende. Por otra parte, es natural que las empresas comerciales, a medida que acumulaban capital, se abstuviesen de promocionar todo lo que fuese contrario a sus intereses mercantiles y de clase.

La televisión generó también nuevas expectativas democráticas, porque se pensó que, al mostrar imágenes reales, era menos manipulable que los meros recursos escritos y auditivos. Al poco tiempo se advirtió que quien poseía la cámara era quien decidía qué mostrar y hasta dónde hacerlo, pero que producía en el espectador la sensación de estar viendo la totalidad del hecho.

La televisión permite una arbitraria segmentación de la realidad, lo que no es más que una creación de realidad, pero con mayor poder de convicción. Uno de los más claros ejemplos de este recurso por parte de nuestra televisión hegemónica fueron las recientes proyecciones de algunas personas violentas en medio de multitudinarias concentraciones pacíficas, pero cuya masividad se ocultaba, de modo que, aunque en la realidad existía esa concentración, se construía una realidad diferente, de grupos de violentos causando desorden y daños.

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Pero a poco vimos que se organizaban equipos destinados a meterse en las redes (troll), enviar mensajes simulando ser ciudadanos, asumir identidades falsas, difundir noticias falsas (fakenews), injuriar, estigmatizar y difamar sin límites. De este modo, el poder corporativo se apoderaba del nuevo medio, no sólo para neutralizarlo, sino incluso para usarlo como una nueva tecnología de creación de realidad.

A poco andar, las supercomputadoras permitieron el manejo de los big data, o sea, de enormes volúmenes de información. Los datos personales de millones de personas se convirtieron en una mercancía buscada afanosamente por la publicidad comercial, a la que posibilita una orientación muy personalizada, dirigida a grupos de destinatarios particularmente susceptibles a la atracción de los productos y cuyas preferencias se detectan mediante ese manejo privilegiado de enormes volúmenes de información personal.

Esta tecnología destinada a las grandes empresas, de inmediato se percibió que era extremadamente útil en campañas electorales, pues permite detectar hacia quiénes deben orientarse los mensajes, al tiempo que sólo puede ser utilizada por quienes disponen de la capacidad económica necesaria para acceder a esa tecnología. Por otra parte, tiende a sepultar toda privacidad.

De este modo se llega hoy a un nivel de creación de realidad mediática que cae en el absurdo, hasta el punto de que, por momentos, parecería psicotizar a la sociedad, alterando en gran medida la sensopercepción de los habitantes. Si fuese cierta la invasión marciana de Welles, es posible que a buena parte de la población se le hiciese creer que son los enanitos de Blancanieves.

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¿Cómo se llegó a esta situación, que permite alucinar una realidad construida y distante del mundo real? En definitiva y más allá de los cambios tecnológicos, se trata de la continuidad de la mercantilización de los medios de comunicación que comenzó en el siglo XIX. Con el proceso de concentración de capital y, en particular, con la hipertrofia del aparato financiero sobre el productivo, los medios se convirtieron en corporaciones, cuyos intereses coinciden con los que representan los chief executive officers del corporativismo totalitario, hasta devenir una parte indispensable de su entramado.

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No es esto nada diferente de lo que sucede en las democracias con los cambios tecnológicos que, al surgir, entusiasman a los democráticos, pero al poco tiempo son empleadas por quienes corrompen o neutralizan a las democracias.

Ante este fenómeno, es bastante claro que las instituciones democráticas no reaccionan con suficiente rapidez frente a los desafíos de los cambios tecnológicos que las amenazan. Es claro que padecemos un atraso institucional democrático frente a los avances tecnológicos. En ese sentido, vivimos una clarísima disparidad o diacronía entre la velocidad con que se incorporan nuevas tecnologías para desvirtuar a las democracias y la reacción institucional de éstas para defenderse.

Buena parte de esta diacronía obedece a que la manipulación no es ahora nacional, sino transnacional, pero el derecho internacional no la ha encarado con seriedad hasta el presente, sin duda debido al juego de intereses corporativos que, obviamente, opera en ese nivel. Esto es grave, porque la idea de democracia plural y de sociedad abierta, en definitiva, es inescindible –como presupuesto- del avance de los Derechos Humanos en el plano de la realidad social.

En el orden interno de los Estados, se sabe que el poder de manipulación mediática no es infinito, o sea, que no puede inventar la realidad sin límites, sino que se limita a la vieja técnica völkisch o populacherista, que consiste en detectar los peores prejuicios sociales discriminatorios, profundizarlos y montarse sobre ellos al estilo del siempre recordado Göbbels. Entre paréntesis y de paso, cabe insistir en que no debe confundirse la insidiosa táctica populachera con nuestros populismos, salvo por una mala traducción. Estos últimos son movimientos de ampliación de la base de ciudadanía real, lo que no tiene nada que ver con aquella, pese a la confusión de los autores del hemisferio norte.

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El impacto de la manipulación tecnológica de la población recae en particular sobre las llamadas clases medias, que siempre requieren de una clase subalterna de la que distinguirse y a la que rechazar y odiar, imputándole todas sus frustraciones. En su afán de pretendida superioridad moral, producto de su soberbia meritocrátrica, que las lleva a imitar los gustos y modas de sus envidiadas clases ricas y a identificarse ambivalentemente con ellas, desarrollan un odio que las hace víctimas favoritas de la manipulación. En este sentido, es necesario convenir que, en nuestras sociedades muy estratificadas, la única que tiene consciencia de clase es la de los que concentran riqueza.

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Estos sectores críticos se amplían en función de la información y formación que proporciona la educación pública, de modo que los intereses corporativos perciben su crecimiento como un peligro. Por eso, la reducción presupuestaria a las universidades nacionales, el privilegio de la enseñanza privada, el consiguiente descrédito de la enseñanza pública y la continua estigmatización de los docentes, es algo perfectamente armónico con los intereses del totalitarismo corporativo financiero.

En definitiva, se trata de un cercamiento armónico por parte del poder financiero transnacional: por un lado, se vale de la indefensión institucional de las democracias plurales frente al uso de las nuevas tecnologías de comunicación, pero por otro, busca debilitar y contener el crecimiento de los sectores críticos de las llamadas clases medias en nuestras sociedades. Se trata de una cuestión de mercado: vende un producto podrido, sabiendo que tiene una demanda y, por otro lado, trata de mantener y acrecentar esa demanda, evitando la dispersión de su clientela intoxicada.

Texto completo en: http://lateclaenerevista.com/2018/04/10/democracia-tecnologia-comunicacional-e-raul-zaffaroni/

* E. Raúl Zaffaroni – juez, jurista y criminólogo argentino, Abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (UBA), Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales; Profesor Emérito de la UBA; miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires.

Fuente: La Tecl@ Eñe – 10 de abril de 2017