En apenas cuatro meses la nueva gestión del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, conducido por Gustavo Vera, ha denunciado numerosos casos de esclavitud, promoviendo el rescate de más de un centenar de victimas y acordado ejes de políticas públicas con varios Ministerios.
En la tarde del sábado 25 de julio de este año, en el Km 82 de la ruta 227 del Partido de Lobería, Provincia de Buenos Aires, se realizó un allanamiento en un campo arrendado para la cosecha de papa por orden del Juez Federal de Necochea, Dr Fernando Bibel, donde se encontraron 21 trabajadores en condiciones precarias y de hacinamiento que estaban siendo reducidos a la servidumbre por el reclutador y capataz de la empresa Perez Hermanos, Rolando Barreto.
Los trabajadores habían sido reclutados por Barreto 20 días atrás en la localidad de Los Telares, en Santiago del Estero con la promesa de trabajo y condiciones laborales dignas. Fueron trasladados en medio de la cuarentena con permisos que nunca vieron los trabajadores y se suponen apócrifos y atravesando varias provincias llegaron a Loberia. Una vez allí fueron sometidos a la servidumbre, trabajando de sol a sol, sin contrato, ni aportes, sin ropa de trabajo, ni comida y durmiendo hacinados en containers. La situación se agravó cuando desde el 15 de julio en adelante copiosas lluvias dejaron a los trabajadores sin ingresos, ni comida.
“Jamas en la vida me toco vivir algo asi” le relato telefónicamente desesperado Juan a una compañera de Santiago del Estero de la Federación de Trabajadores Agrarios de la Actividad Primaria (Fetap). Los miembros de la Fetap a través de su delegado en Provincia de Buenos Aires se contactaron con el Director del Comité de lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la protección y asistencia a las victimas, Gustavo Vera, que inmediatamente presentó la denuncia ante la PROTEX (fiscalía antitrata) el jueves 23 de julio.
En menos de 72 hs un allanamiento del Juzgado Federal constató la veracidad de la denuncia y los 21 trabajadores fueron rescatados y ahora están resguardados por la Oficina de Rescate.
Desde el 17 de marzo que Vera asumió en la Dirección del Comité de Lucha contra la Trata, más de un centenar de trabajadores fueron rescatados en diversos procedimientos judiciales iniciados por denuncias impulsadas por el Comité. Desde trabajadores misioneros que eran explotados en la cosecha de manzana en el Alto Valle de Rio Negro hasta chaqueños esclavizados en la producción de leña en una cabaña de la Pampa; desde trabajadores de Aguaray explotados en campos de producción de flores en el sur de la provincia de Buenos Aires hasta salteños varados y sin recursos luego de haber sido explotados en fincas de San Juan.
A pesar de la pandemia y de la cuarentena, las redes de esclavitud laboral siguen funcionando acostumbradas a la total impunidad que tenían bajo el gobierno de Macri cuando la disolución del Renatea y la devaluación del Ministerio de Trabajo como Secretaria habían dejado al campo como zona liberada y sin el más mínimo respeto a la ley de trabajo agrario. En algunos casos las denuncias llegaron por trabajadores desesperados que pudieron hacerse escuchar, en otros por procedimientos de tránsito por falta de permisos y violación de cuarentena como fue el caso de los hacheros chaqueños descubiertos en un camión que circulaba por Cipoletti; los marineros correntinos que estaban siendo desplazados hacia el puerto de Mar del Plata o los trabajadores salteños y mendocinos que eran traficados por permisos apócrifos por la provincia de Santa Fe.
Antes de asumir como Director del Comité de lucha contra la Trata, Gustavo Vera lideraba la Alameda, una de las pocas organizaciones de la sociedad civil que venían denunciando la trata de personas con fines de explotación laboral e infantil en el mundo rural y en los talleres clandestinos. Desde la Alameda se construyó durante dos décadas una extensa red con sindicatos y organizaciones de la sociedad civil que ahora colaboran con el Comité en la detección de innumerables situaciones de esclavitud que bajo el gobierno anterior amenazaban con naturalizarse.
Desde fines de marzo, el Comité también ha impulsado numerosas denuncias sobre trata con fines de explotación sexual funcionando aún en medio de la pandemia y la cuarentena en los que la Protex y los juzgados federales respectivos están interviniendo.
Varias decenas de miles de victimas de trata sexual y /o laboral rescató el Estado desde la sanción de la primera ley de trata en el 2008. No obstante, hay dos grandes materias pendientes que la gestión del actual del Comité se propone resolver: que las investigaciones sigan profundamente la ruta del dinero y no se circunscriba solamente a los explotadores visibles e inmediatos y que la asistencia integral a las victimas para su reinserción plena social sea una realidad.
En los últimos 12 años se ha ido avanzado año tras año en causas con sentencia judicial firme. Sin embargo, salvo raras excepciones, las investigaciones no han logrado incluir a los eslabones más altos de la cadena de explotación y generalmente se han circunscrito al proxeneta, tallerista o capataz del campo dejando a un lado a quienes más se benefician económicamente de la brutal explotación que afecta la vida, la libertad y la dignidad de las personas. Vera propone que organismos como la AFIP y la UIF jueguen un rol mucho más activo en materia de investigación y a la vez que las fuerzas auxiliares de la justicia están mejor preparadas para descubrir la conexión entre las redes de explotación y el lavado de activos que lleva a los verdaderos responsables.
Por otra parte está estadísticamente demostrado que año tras año casi el 80 % de las victimas no logra ser plenamente reinsertada socialmente y en muchos casos vuelven a caer en el foso de la extrema vulnerabilidad con el peligro de volver a ser revictimizadas. En parte ello se debe a que no existe un programa de asistencia especifica para las victimas de trata y que los programas de asistencia existentes son insuficientes y además no contemplan la especificidad de cada una de ellas. El Ministro de Desarrollo Social Arroyo, se ha comprometido a trabajar con el Comité un programa específico de asistencia para las victimas que garantice efectivamente su derecho a la vivienda, salud, educación y trabajo como lo establece la legislación y los convenios internacionales. Otra de las dificultades es la falta de horizonte laboral estable y por ello, el Ministro de Trabajo, Claudio Moroni se ha involucrado con el Comité en trabajar en una normativa que garantice un cupo de reinserción laboral para victimas de trata . También la Ministra de Vivienda, María Eugenia Bielsa, asumió el compromiso de trabajar con el Comité un Estatuto especial de acceso a la vivienda para las victimas, algo que estaba ausente en los programas vigentes pese a lo que indica la ley. Con estos tres ejes, programa especifico de asistencia, cupo de reinserción laboral y acceso a la vivienda, el Comité se propone durante su gestión reparar una de las injusticias más grandes del Estado para con las victimas y garantizarles un pleno proceso de reinserción social como establece nuestra legislación.
Con más de un centenar de victimas rescatadas, en colaboración con decenas de organizaciones de la sociedad civil de todo el país, apuntando a fortalecer la persecución y el seguimiento de la ruta del dinero para desmantelar de raíz las redes mafiosas y garantizar la plena asistencia a las victimas de trata, la flamante dirección del comité comienza su quinto mes de gestión.
Imágenes de las condiciones laborales en el caso de Lobería:
