Carta del exjuez de la Suprema Corte E. Raúl Zaffaroni

Señor Secretario de Derechos Humanos Lic. Claudio Avruj

Buenos Aires, 1º de diciembre de 2017

Se ha circulado a los jueces de la Corte que integro copia de una curiosa nota con su firma, que considero personal, porque aunque Ud. manifiesta la preocupación del Estado Argentino y dice que lo representa, me permito recordarle que, conforme a nuestra Constitución Nacional, las Relaciones Exteriores están a cargo del Poder Ejecutivo que, como todos sabemos, es unipersonal, lo que no puede desvirtuar ninguna ley ni ningún decreto de delegación general, sin que invoque tampoco orden o instrucción del Ejecutivo Nacional.

Siento profunda pena por el contenido de la nota, que no hace más que deteriorar la imagen de mi Patria en el plano internacional, porque se suma a otros episodios lamentables, como asumir ante la Corte Interamericana como posición del Estado Argentino la insólita tesis de la Corte Suprema, que se erige en juez de la competencia internacional, lo que de admitirse implicaría la quiebra total del sistema de Derechos Humanos, puesto que cada Estado estaría en condiciones de considerar incompetentes a los órganos jurisdiccionales internacionales cada vez que sus decisiones le fuesen adversas.

Conforme al derecho internacional, si acaso esos órganos excediesen su competencia, la decisión al respecto corresponde a la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos y, en modo alguno, a los tribunales supremos nacionales o a los Estados.

Me imputa Ud. en su nota ser un opositor a la actual administración argentina. Pues sí, Sr. Secretario, en efecto, considero que el actual gobierno es el peor que hemos tenido los argentinos desde la vuelta a la democracia hace treinta y cuatro años. Es verdad –y no le quepa duda– que soy un opositor.

No obstante, no estoy afiliado a ningún partido político, no fui ni soy candidato a nada, no participo en ninguna campaña electoral, no aporto a ningún partido o movimiento partidario, aunque conservo el derecho ciudadano e inalienable a expresar mis opiniones e incluso mis simpatías. Por ende, Sr. Secretario, no hago política partidista.

Mi único compromiso es con el derecho y con los Derechos Humanos, y desde esa posición, con cincuenta y cuatro años de abogado, cuatro décadas de juez, otras tantas de profesor de derecho y escritor de temas jurídicos, me permito reafirmar todos mis anteriores juicios.

En ningún momento he puesto en duda la legitimidad electoral del actual gobierno, pero eso no me inhabilita para reprocharle el creciente deterioro del Estado de Derecho, pues nuestra democracia no es plebiscitaria, o sea que, conforme a nuestras leyes, todo gobierno democráticamente electo debe ejercer el mandato popular dentro de los límites normativos constitucionales e internacionales.

Mis juicios no son gratuitos, sino que se fundan en hechos concretos, con múltiples ejemplos, de los cuales puedo mencionar los siguientes, que son del dominio público, algunos producidos por el Ejecutivo o por sus funcionarios o voceros, otros por jueces de un Poder Judicial que se pretende “depurar”, según expresiones de personas afines al oficialismo:

1) Tentativa de nombrar a dos ministros de la Corte Suprema “en comisión” por vía de decreto, lo que nunca se hizo en toda nuestra historia. 2) Acallar la voz de periodistas críticos de los medios de comunicación, por presión sobre éstos; la más notoria y descarada exclusión: Víctor Hugo Morales. 3) Juicios políticos a los jueces que no responden a las instrucciones del Ejecutivo, en razón del contenido de sus sentencias. 4) Demorar con artilugios durante horas la incorporación de un Senador Nacional al Consejo de la Magistratura, para evitar que vote contra el juicio político a un juez de la Cámara Federal. 5) Manifestar públicamente  el Ejecutivo que desea “jueces propios”. 6) Disponer prisiones preventivas cuando no median riesgos de fuga ni de perturbación de la investigación, en supuestos delitos cuya prueba se agota documentalmente. 7) Cuantificar en unas 650 personas como los molestos al gobierno, a quienes habría que mandar en un “cohete a la luna”, dicho por el Ejecutivo. 8) Calificar públicamente a todos los laboralistas como “mafiosos”, por parte del Ejecutivo. 9) Denostar a jueces de la Cámara del Trabajo, de larga trayectoria y consolidado respeto, por el contenido de sus sentencias favorables a trabajadores. 10) Detener a opositores y mostrarlos descalzos y en pijama a todos los medios televisivos, cuando nunca se lo ha hecho con ningún delincuente, con la única disculpa del juez interviniente, alegando que estaba “presionado”. 11) Disfrazar con diversas prendas a los opositores detenidos con excusa de seguridad y mostrarlos de este modo a los medios masivos. 12) Coaccionar de todas formas a la Sra. Procuradora General de la Nación, funcionaria de larga carrera, hasta provocar su renuncia. 13) Proyectar una ley de Ministerio Público que lo somete prácticamente a la voluntad del Ejecutivo y disponer el cese de gran parte del personal, lo que implica controlar la impunidad. 14) Ejercer en reiteradas ocasiones represión en forma irracional, incluso disparando balas de goma contra niños integrantes de una “murga”. 15) Mantener durante dos años presa a Milagro Sala y a sus compañeros, cuando no están dados los presupuestos legales, por parte de un Poder Judicial provincial manipulado políticamente. 16) Ignorar las condiciones de salud de Milagro Sala y desentenderse de sus autoagresiones, al tiempo que la Corte Suprema no resuelve desde hace muchos meses su situación, considerando que los expedientes “con preso” tradicionalmente se han tratado con prioridad en todos los estrados. 17) Mostrar imágenes con mensajes que no corresponden a la realidad: piscinas para niños como de residencia privada, dinero retirado legalmente del banco como robo, etc. 18) Intentar condonar una cuantiosa deuda a la familia del Presidente. 19) Modificar el decreto reglamentario del régimen de sinceramiento fiscal, permitiendo a los familiares de funcionarios acceder a esa posibilidad. 20) Considerar que opera una duda beneficiante para cualquier homicidio cometido por fuerzas de seguridad, según la novedosa tesis de la Sra. Vicepresidenta de la República. 21) Sostener que, en caso de muerte policial, el Ejecutivo no investigará, sino que tendrá siempre como verdad lo que afirmen los causantes de la muerte; esta es otra original tesis, ahora expuesta por la Sra. Ministra de Seguridad, quien tiene el deber jurídico de controlar el buen y legal funcionamiento de esas fuerzas. 22) Sentar como jurisprudencia de Cámara Federal la presunción de que todo ex funcionario puede interferir investigaciones en su contra y, por esa razón, legitimar su prisión preventiva, cuando es obvio que los funcionarios en actividad disponen de una capacidad de encubrimiento mucho mayor. 23) Pretender que puede cometerse el delito de traición a la Patria cuando no hubo guerra, contra la definición limitativa expresa de la Constitución Nacional vigente desde 1853 y jamás discutida por nadie y tampoco usada antes contra nadie. 24) Dejar flotante la cotización del dólar sin previo aviso, provocando una pérdida considerable al Banco Central, con posible utilización de información privilegiada por parte de funcionarios. 25) Reponer la pena de muerte por vía administrativa, autorizando el derribo de aviones. 26) Trasladar jueces de distintos tribunales por decreto del Ejecutivo, lo que no tiene antecedente en toda la historia judicial. 27) Presionar a los Gobernadores y por intermedio de ellos a los Diputados y Senadores de las respectivas Provincias, mediante el manejo arbitrario de la remisión de fondos y recortes a sus obras públicas. 28) Manifestaciones públicas para desacreditar a las Universidades Nacionales y a los investigadores científicos, recortes presupuestarios y persecución judicial de Rectores, con notorio desmedro del derecho al desarrollo. 29) Represiones policiales en concentraciones y procesamientos, con clarísimos indicios de infiltración y provocadores. 30) Reforma por decreto de la ley de migraciones, autorizando a una dependencia del Ejecutivo a extinguir acciones penales. 31) Endeudar astronómicamente a la Nación, a velocidad inusitada y sin precedentes, comprometiendo por mucho mayor tiempo que el de su mandato la independencia nacional. 32) Estigmatizar y desacreditar públicamente a todo el sindicalismo argentino en múltiples manifestaciones públicas.

En cuanto a su imputación respecto de mis opiniones en torno a la muerte de Santiago Maldonado, parece Ud. plegarse, Sr. Secretario, a la idea de que éste paseaba por el borde de un río y de repente se zambulló voluntariamente en las aguas frías con ropa de abrigo, en tanto que los medios monopólicos que encubren los excesos de la actual administración difundían la falsa noticia de que se hallaba en Entre Ríos o en Chile, llevado por misteriosos camioneros no identificados.

Tampoco menciona Ud. el reciente homicidio de un joven mapuche, con un disparo en “legítima defensa” por la espalda y de abajo hacia arriba, mientras la Sra. Ministra de Seguridad se atiene estrictamente a la versión de quienes dispararon. Es tristísima la falta de respeto a un pueblo originario, la estigmatización a que lo somete la administración de la que Ud. forma parte, que parece ser continuación del genocidio histórico de nuestros hermanos argentinos originarios, tildándolos ahora de terroristas, imputación incluso desmentida por el pastor católico de la zona.

El párrafo anteúltimo de su curiosa carta es un insulto a mi persona y a todos mis colegas, pues si bien dice saber que reglamentariamente no puedo intervenir en las causas contra el Estado Argentino (me alegra que lo sepa) y, por lo tanto, no puedo ser parcial en todo lo que a su administración pueda interesar, veladamente da a entender que podría influir en mis colegas. Nada lo autoriza, Sr. Secretario, a tomarse la atribución de sospechar de todos nosotros, porque no soy un inmoral ni mis distinguidos colegas –a los que también les falta el respeto– admitirían semejante indecencia, por ser notorios juristas de larga trayectoria y de seis países diferentes de nuestra región, a quienes les sobra saber y ética. Por muy funcionario que Ud. sea, Sr. Secretario, nada le da derecho a enlodar la trayectoria y la integridad ética del prójimo.

Siento decirle que si alguna duda quedaba acerca del grosero debilitamiento del Estado de Derecho en nuestro país y de sus pulsiones de intolerancia al pluralismo democrático, su escrito no hace más que confirmarlo, pues pretende privarme del derecho constitucional y convencional a ejercer los atributos de mi ciudadanía y, por ende, a expresar libremente mi opinión como opositor, lo que no se le niega a ningún habitante en un país que se pretende democrático.

Mi Patria es la de San Martín, Belgrano, Moreno, Dorrego, Monteagudo, y también de Alberdi y de nuestros líderes populares, es decir, de todos los que en una durísima lucha de dos siglos largos, con avances y retrocesos, lograron nuestra independencia para consagrar la soberanía popular, que presupone el respeto a las libertades políticas, cuyo ejercicio por mi persona ahora le resulta a Ud. molesto. Le ruego que me disculpe, pero no puedo en este momento de regresión protagonizado por la administración de la que Ud. forma parte, dejar de ser opositor y ejercer toda la resistencia pacífica y no violenta que pueda, sin traicionar mi sentimiento de Patria y la sagrada memoria de nuestros mayores.

Señor Secretario: deploro profundamente sus líneas, no obstante lo cual, no dejo de saludarlo atentamente, con mi más distinguida consideración.

Fuente: www.pagina12.com.ar – 2-12-17