La policía de Bolivia inició motines en las sedes departamentales de Potosí, Santa Cruz, Beni, Tarija, Sucre y Cochabamba. El hecho se da en el marco del desconocimiento de las elecciones por parte de la oposición y del pedido de renuncia hacia Evo Morales planteado por el líder golpista, Luis Fernando Camacho, quien solicita a las fuerzas militares desconocer al presidente, y terminar por la fuerza con el gobierno, o sea, dar un golpe de Estado.
La oposición no solo desconoce los resultados oficiales, tampoco acepta la auditoría vinculante que está realizando la OEA, entidad alineada con los EEUU. Esta auditoría debería culminar en pocos días, y el gobierno boliviano ya ha dicho que aceptará ese dictamen. La cercanía a la finalización de la auditoría, que podría dar por el piso con las expectativas de la oposición, motiva la desesperación por obligar a terminar por la fuerza el gobierno de Evo Morales.
Más allá de la variación que pueda surgir sobre los resultados electorales, lo cierto es que la oposición no pudo reunir más del 36,5% de los votos. Muy lejos de una pretendida “mayoría del pueblo”, como sostiene. De acuerdo al recuento oficial, Evo Morales obtuvo un 47,08%, un porcentaje muy superior, incluso por encima del 10% de diferencia que plantea el sistema electoral boliviano para evitar una segunda vuelta.
Sabiéndose en minoría, y anticipándose a un probable resultado adverso de la auditoría, la oposición recurre entonces a la vía de la fuerza.
El ministro de Defensa sostuvo que las FFAA no realizarán operaciones militares contra las FFSS: “confiamos que el Comandante de la Policía pueda reflexionar a los efectivos que se amotinaron”.
“Esta es una protesta contra el comandante pero también es en repudio al Gobierno. Es un motín de toda la policía del departamento porque el Gobierno no nos hace caso hace muchos años”, sostuvo con el rostro cubierto un representante de los amotinados en Cochabamba.
¿Hay un modus operandi detrás de este accionar? Una situación de amotinamiento policial similar ocurrió en 2010 en Ecuador contra el gobierno de Rafael Correa, el que incluyó un intento de asesinato del presidente. En aquella ocasión, que fue denunciada por Correa como un intento de golpe de Estado, se dieron enfrentamientos entre distintas fuerzas, lo que terminó con más de una decena de muertos y varios cientos de heridos.
De esta forma pide por un golpe el dirigente Luis Camacho:
¿Qué haría EEUU con un líder político que reclamara abiertamente en su territorio a sus fuerzas armadas levantarse contra el Gobierno y dar un Golpe de Estado? En América Latina, como lo ocurrido con el caso de Juan Guaidó, parece no tener grandes consecuencias, ya que el poder real, global, económico, mediático y militar, no suele estar en los gobiernos, sino detrás de los golpistas.
