Rodolfo Yanzón *
El tema de los derechos humanos tiene a la Argentina como un país pionero y modelo en este tema. Sin embargo hoy se está intentando demoler todo lo realizado. El autor denuncia esto.
Una mañana nos levantamos y nos encontramos con que el gobierno de Mauricio Macri habilita el debate por el aborto. Otra mañana, que dice que el Estado paga millones en obispos católicos. Cualquier desprevenido podría decir que es un gobierno progresista, laico o, al menos, liberal en el buen sentido. Pues no. A Macri y su gobierno no les interesa ni el aborto ni lo que el Estado paga por los purpurados. Va por otra cosa, por desviar la atención, sembrar divisiones en la oposición y por presionar al que, hoy por hoy, considera su principal opositor, el Papa Francisco, no porque Bergoglio decidiera confrontar con Macri, sino porque el gobierno tomó la encíclica Laudatio Sí para hacer todo lo contrario: atacar a los trabajadores, a los sindicatos, a las organizaciones sociales, a las comunidades indígenas, al sólo fin de beneficiar a una élite, mientras se alía con países como EEUU e Israel, seriamente cuestionados por las violaciones al Derecho Internacional de los DDHH y al medio ambiente.
Otro tanto puede decirse de las denuncias de corrupción contra dirigentes sindicales, que buscan disciplinar al movimiento obrero detrás de la poda de derechos que pretende Macri, a quien no sólo no le interesa terminar con la burocracia sindical, sino que la necesita. O del apoyo a homicidas uniformados. A este gobierno no le importan los pibes que mueren –porque, además de pibes, son pobres- y tampoco le importan los policías –que tarde o temprano tendrán una sanción por sus crímenes-. Lo que le importa es atizar el enano fascista que toda sociedad padece, para generar miedo y, a su vez, prometer “seguridad” con medidas represivas de neto corte autoritario, antidemocrático e ilegal. La regla de oro se aplica una vez más: un Estado que se achica para controlar a los ricos es también un Estado que se agranda para controlar a los pobres -porque eso de que las cárceles son sólo para los pobres, es la más pura de las verdades-.
Otra mañana nos despertamos –si es que pudimos dormir- y vemos que el gobierno envió a uno de los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal –Gustavo Hornos, que dirige una comisión sobre cárceles- a través del Servicio Penitenciario Federal un listado de presos que, dice, estarían en condiciones de acceder al arresto domiciliario, con el argumento del hacinamiento en las cárceles. El remitente fue el Servicio Penitenciario Federal, dependiente del Ministerio de Justicia y DDHH. El mismo incauto –y, lamentablemente, hay muchos- podría decir que al gobierno le preocupa la situación carcelaria. Pues no, para nada. No sólo no le preocupa sino que hace todo lo posible por deteriorarla aún más -seamos justos, a ningún gobierno le interesó-. Ese listado es sólo el caballo de Troya dentro del cual se esconde casi un centenar de represores, torturadores, desaparecedores, a quienes el gobierno intenta beneficiar. Y como le salió mal aquel asunto del 2×1, intenta esta vía, desde hace unos 8 meses. Aquel fallo de la Corte -que el Secretario de DDHH Claudio Avruj defendió públicamente, como también defendió la muerte de un pibe por balas policiales- podría haber significado dejar en libertad a un número nada desdeñable de represores. Afortunadamente la sociedad respondió de manera contundente en contra de ese fallo, al igual que varios jueces y fiscales provocando una especie de sublevación judicial.
Como suele suceder con las medidas del macrismo, ya salieron funcionarios a bajar el tono diciendo que son los jueces los únicos que pueden disponer una domiciliaria. Ellos intentan. Y si pasa, pasa. El listado es el resultado de las reuniones que funcionarios macristas –entre los que debemos contar especialmente a Claudio Avruj y Germán Garavano- mantuvieron con abogados defensores de represores y organizaciones que claman por la libertad de los represores y el cierre de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Al poco tiempo de haber asumido el cargo, tanto Avruj como Garavano se pronunciaron a favor del arresto domiciliario para represores. Pasaron más de dos años de su gestión y aún no se los escuchó pedir por el paradero de los pibes nacidos en cautiverio de sus madres, ni por la información que las FFAA aún retienen sobre el destino final de las víctimas. Pequeños detalles que hablan claramente de lo que Avruj llama “nuevos paradigmas en DDHH”.
El asunto no es si corresponde dar arresto domiciliario a represores, dado que es una posibilidad que suceda, siempre que se den algunas pautas, como la edad avanzada o el estado de salud. Agregamos que la prisión domiciliaria sólo podría otorgarse si existen controles permanentes y efectivos para que el reo no burle la prisión, cosa que ha sucedido bastante. El asunto es que el Poder Ejecutivo insiste en inmiscuirse en funciones judiciales deteriorando aún más la independencia de poderes. El asunto es que, con estas medidas y pronunciamientos, el gobierno macrista hace gala de su menosprecio a las víctimas y familiares y a los organismos de DDHH, no los escucha, no quiere escucharlos, no le interesa el dolor, la repulsión y hasta el miedo que tales medidas generan. Y que ya generaron, porque el gobierno daña con sus actos y sus dichos. El asunto es que el gobierno ha pactado con sectores que extrañan la picana. Algunos jueces manifestaron su desacuerdo y hasta su malestar por la jugada, mientras nietos recuperados alertaron sobre posibles represalias de parte de los eventuales beneficiados, como es el caso de Guillermo Pérez Roisinblit que habló de su temor a sufrir agresiones de parte de su apropiador. O lo que sucede en Mar del Plata, el barrio donde el represor Etchecolatz está detenido se convirtió en un desfile de uniformados fuertemente armados que vigilan a los vecinos, en lugar de controlar si el torturador evade la detención. Desde que Etchecolatz fue trasladado a esa casa, algunos sobrevivientes fueron amenazados. Avruj hizo mutis por el foro.
Los jueces no pueden decidir los arrestos domiciliarios exclusivamente con la ley nacional, porque los crímenes de lesa humanidad lesionaron a toda la sociedad, a la comunidad internacional, porque una decisión puede afectar seriamente no sólo un proceso, sino la vida de muchos. Por eso es que, en caso de corresponder un arresto domiciliario, los jueces deben asegurar medidas de control para que no se burle la prisión y, además, cerciorarse que la medida no ponga en riesgo la integridad de personas, sobre todo la de testigos, sobrevivientes y víctimas directas.
Ahora, desde nuestro lugar, tenemos que reflexionar sobre un punto. Durante años hubo impunidad hasta que pudimos reabrir los juicios dentro del marco legal existente. Siempre hemos exigido juicio y castigo. Nuestro país es ejemplo de la incidencia del Derecho Internacional en el Derecho Interno. Al abrirse los juicios y actuar en ellos, estamos aceptando las reglas de juego. Lo más importante es que los juicios existen, que lo que sucedió merece investigarse, juzgarse y condenarse legalmente, que los crímenes cometidos fueron parte de un ataque sistemático contra la población civil para llevar a cabo una persecución política contra opositores y que no hay excusas para no hacerlo. Pero aceptamos las reglas, y eso significa que habrá juicios que nos satisfagan y resultados que no (una absolución, por ejemplo). Habrá condenas menores que las que solicitaremos y consecuencias un tanto amargas, como el caso del médico de la ESMA Jorge Magnacco, responsable de varios crímenes, entre los que se cuenta el ocultamiento de niños nacidos en cautiverio de sus madres. Magnacco fue beneficiado con la libertad condicional por haber cumplido dos tercios de la condena -que aún no está firme-. Si tenemos en cuenta cuáles son las reglas de juego, estaremos en mejor condición de realizar todas las acciones políticas necesarias para mantener viva la memoria y reclamar verdad y justicia. Y para que un gobierno que día a día se vuelca más al negacionismo no nos tome de boludos con sus “nuevos paradigmas”.
* Rodolfo Yanzón –Abogado de la Fundación Liga por los Derechos Humanos.
Fuente: La Tecl@ Eñe – 16 de marzo de 2018
