La semana pasada la ministra de Seguridad de la Argentina, Patricia Bullrich, dio a conocer el nuevo protocolo para cortes de calle y manifestaciones. Este martes, anunciaron que van a usar un sistema de reconocimiento facial para identificar a los manifestantes y sacarles los planes sociales, a semejanza del ampliamente criticado “sistema de crédito social” chino. Paradójicamente, quien lo instrumenta en la Argentina no es el Partido Comunista sino un gobierno que se autoproclama “anarco-capitalista” y “libertario”.
Actualmente funcionan en este país tres sistemas de reconocimiento facial funcionan en distintos ámbitos y con distintos objetivos. Uno es el que se empezó a usar en 2018 en las canchas del fútbol argentino como parte del programa Tribuna Segura 2.0. Lo lanzó la propia Bullrich durante su primera gestión como ministra de Seguridad.
El otro es el sistema de reconocimiento de prófugos y personas desaparecidas que empezó a implementarse en las terminales de transporte público en 2019. Tenía como objetivo la detección de personas buscadas por la Justicia y fue implementado junto a la Ciudad de Buenos Aires.
Luego la Policía de la Ciudad amplió esa red a las casi 7.000 cámaras instaladas en los puntos neurálgicos de la vía pública y principales estaciones y nodos de la red de subtes. Este sistema está suspendido desde 2022 por un fallo del juez Roberto Gallardo que argumentó posibles acciones de espionaje. Más tarde, la jueza Elena Amanda Liberatori lo declaró inconstitucional.
La tercera variante es la que usan las fuerzas de seguridad en otras ciudades, como Rosario, en la búsqueda de sospechosos. Por ejemplo, la Policía Federal, recopila imágenes de sospechosos durante una investigación y luego cruza esos datos con la base del Renaper para obtener identidades.
Los tres sistemas funcionan de una manera similar, mediante una cámara de video de alta resolución que puede estar o no conectada a Internet.
El software obtiene datos biométricos que, para ponerles nombre y apellido, deberá compararlos con los de una base de datos. Esa base de datos puede ser el Registro Nacional de las Personas (Renaper) o el sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc), el que usaba la Ciudad de Buenos Aires para buscar prófugos y que en 2019 contaba con más de 40 mil personas en la lista.
La Anses, que sí utiliza la validación de identidad a través de la foto para algunos trámites, hasta ahora no participó de un programa de reconocimiento facial, pero podría empezar a hacerlo.
Si por disposición del Poder Judicial las cámaras del Gobierno porteño no pueden ser utilizadas, la posibilidad que surge es la de montar cámaras en los patrulleros de las fuerzas federales que puedan participar del operativo, o cámaras móviles utilizadas por policías, especula Clarín.
Surge también otra pregunta: ¿Van a identificar y quitarles el plan a los piqueteros que van a las marchas con la cara tapada o el sistema, una vez instalado, podrá ser usado como un sistema orwelliano de crédito social para el conjunto de los ciudadanos?
