El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena ordenó este jueves el allanamiento a la casa de Darío Nieto, exsecretario privado de Mauricio Macri, en el marco de la causa que investiga la red de espionaje ilegal durante la gestión de gobierno de Cambiemos.
Nieto era el nexo entre el expresidente Macri y la exdirectora de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, quien aparece en el expediente como la persona que recibió más de diez veces en Casa Rosada a los espías acusados de hacer espionaje ilegal desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) persiguiendo a Cristina Fernández de Kirchner, ex funcionarios, sindicalistas y periodistas, dirigentes políticos del propio Frente de Cambiemos, entre otras víctimas.
Villena intenta precisar quién dio la orden del espionaje e investiga el entramado de una organización integrada por miembros de distintas agencias de seguridad —la AFI, Policía de la Ciudad de Buenos Aires y el Servicio Penitenciario Federal— que junto a abogados y funcionarios de otros poderes del Estado llevaron adelante distintas actividades en violación a la Ley 25.520.
Los efectivos encargados del allanamiento, procedieron al secuestro de todos los teléfonos, aparatos electrónicos, agendas, dispositivos de almacenamiento y computadoras, tanto de su casa como en otro domicilio, a la vuelta sobre la calle Gurruchaga y en la de sus padres, hasta pasadas las 19. Su abogado pidió la eximición de prisión, sin embargo, el juez no la concedió, por el momento.
En 2017, Nieto fue nombrado por Macri como Coordinador General de Asuntos Presidenciales de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
Cabe destacar que este miércoles, la justicia federal imputó al exjefe de Gabinete, Marcos Peña y al exministro de Trabajo, Jorge Triaca. Ambos funcionarios durante el gobierno de Mauricio Macri, serán investigados en el marco de la causa denominada “mesa judicial” por presuntas maniobras de coacción desde el Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial.
El fiscal federal Ramiro González, definió las imputaciones tras las declaraciones del juez Luis Raffaghelli y la incorporación al expediente de los emails hallados en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) comandada actualmente por Cristina Caamaño, quien a días de intervenir dicha cartera, decidió realizar una auditoría interna la que dio como resultado el descubrimiento de documentación que acredita el espionaje ilegal a opositores por parte del macrismo.
Según el dictamen del fiscal González, el objetivo de esta mesa judicial habría sido el de ejercer “presiones a miembros del Poder Judicial con el objeto de interferir en el normal funcionamiento de ese poder y direccionar el trámite de causas que resultaban funcionales a los intereses políticos”.
