Tras varias marchas y contramarchas, Alberto Fernández decidió finalmente derogar el decreto de intervención de Vicentín: “Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C.”, expresó.
El presidente explicó: “El juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía. Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019. El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo”.
“Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo. Pero también nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído. La intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial”, expresó el presidente.
Aludió también a la inconveniencia de la “estatización de deuda privada”, tal y como muchos habían alertado desde un comienzo. Sostuvo Alberto Fernández: “En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores. He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado”.
Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días. pic.twitter.com/TEilNynB8T
— Alberto Fernández (@alferdez) July 31, 2020
La deuda de Vicentín asciende a más de U$S 1350 millones de dólares. El Banco Nación es el principal acreedor bancario local con un total de $18.182 millones (u$s350 millones de dólares en créditos). Pero también la empresa mantiene deudas por $1.814 millones con el Banco Provincia de Buenos Aires, por $752 millones con el Banco Hipotecario, $652 millones con Banco Macro, $508 millones con el Banco de Entre Ríos, $372 millones con el Banco de Santa Fe, $374 millones con el Itaú, $318 millones con el Ciudad y $313 millones con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). El Grupo Vicentin tiene una deuda comercial por compra de granos por $26.657 millones con empresas locales, lo que representa casi un 26% del total de la deuda general. De ese monto, un 31,33% (más de $ 8.000 millones) están en manos de cerca de 100 cooperativas agropecuarias, cuya principal acreedora es la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) con casi el 20%, la cooperativa agrícola más grande de la Argentina y a la que le debe más de 110 millones de dólares. El Estado nacional también es acreedor a partir del impago de impuestos y conceptos aduaneros. La cifra total se eleva a un valor $9.549 millones, que durante el Gobierno de Mauricio Macri se acumularon mientras la empresa registraba subas en sus ingresos.
