Tras hacerse públicos una serie de audios en los que Baca admite que la dirigente social Milagro Sala está presa “no por sus delitos, sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, a la quema de gomas”, Snopek impulsa una iniciativa para declarar la intervención federal del Poder Judicial jujeño a fin de “garantizar la forma republicana de gobierno y evitar incurrir en responsabilidad internacional del Estado argentino”.
El texto reclama “designar al interventor Federal del Poder Judicial” jujeño y declara en comisión a los miembros de la Corte provincial, del Ministerio Público y a los magistrados de los tribunales inferiores. Además, sostiene que dicha intervención sería por un año, prorrogable por otro más, y el interventor sería designado por el Poder Ejecutivo una vez promulgada la ley.
El artículo establece que “el interventor no puede ejercer por sí la función judicial, pero tiene la facultad de suspender en sus funciones o de remover a los magistrados, funcionarios y empleados que integran el Poder Judicial y el Ministerio Público de Jujuy, y designar a sus reemplazantes en comisión hasta la normalización institucional del Poder Judicial”.
Otra de las facultades que tendría el interventor es la de “adoptar las medidas que estime necesarias a fin de que el Poder Judicial provincial garantice la plena observancia de los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional, así como los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”.
