Quiénes ordenaron el Golpe Cívico-Militar y se beneficiaron con sus políticas económicas

Siguiendo a una serie de manifestaciones populares antineoliberales en la Argentina, el aniversario 41 del golpe cívico-militar llenó las calles de las ciudades de todo el país con un claro mensaje al gobierno: el pueblo argentino no está dispuesto a olvidarse de su historia, sino que, muy por el contrario, la memoria de las viejas luchas se actualiza en el presente contra esta tercera etapa del proyecto neoliberal que se comenzó a implementar en 1976.

En los distintos actos se pidió sostener los juicios contra los militares acusados de crímenes de lesa humanidad y avanzar contra la nunca tocada “pata civil” de la dictadura, la élite económica que ordenó el genocidio.

Como es bien sabido, los militares no actuaron por su propia cuenta, sino que fueron el brazo ejecutor de una crueldad ordenada por el poder financiero internacional en alianza con las oligarquías locales. Solo así puede entenderse el Plan Cóndor que coordinó las dictaduras latinoamericanas, instrumentado por Henry Kissinger desde lo político y David Rockefeller (Chase Manhattan Bank, Bilderberg, Comisión Trilateral, CFR, Council of the Americas) desde lo financiero (Martínez de Hoz era apoderado del Chase Bank).

Fue este poder internacional quien dio la orden, replicada a nivel nacional por los Martínez de Hoz (Acindar), Fortabat (Loma Negra), Bulgheroni (Bridas), Rocca (Techint), Bunge y Born (Molinos Río de la Plata -hasta 1999-), Herrera de Noble (Clarín), Macri, Blaquier (Ledesma), Pérez Companc (Pecom, Molinos Río de la Plata -desde 1999-), Mitre (La Nación), Massot (La Nueva Provincia) y tantos más.

Todos ellos lograron hacer desaparecer a gran parte de los delegados obreros de sus empresas y todo tipo de resistencia política. Mientras tanto hicieron enormes negocios y estatizaron sus deudas contraídas con bancos extranjeros en complicidad con la dictadura, lo que les permitió multiplicar sus capitales (Macri pasó de 7 a 47, Pérez Companc de 10 a 53, etc.) y fugarlos al exterior. Acindar incluso convirtió a sus instalaciones en un centro clandestino de detención para eliminar a díscolas comisiones internas de trabajadores (una metodología similar empleó la empresa Ford).

Mediante el sistema de seguros de cambio instrumentado por Domingo Cavallo a partir de 1982, el Estado asumió la diferencia entre la cotización real del dólar a futuro y una fijada con anticipación en el momento de constituirse. Obviamente a través de las subsiguientes devaluaciones las empresas pagaron unos pocos pesos y el Estado debió pagar miles de millones de dólares a los bancos internacionales. Este proceso fue convalidado ya en democracia por Carlos Melconián y Daniel Marx. Se calcula que fueron estatizadas las deudas de unas 70 empresas, por un monto cercano a los 23.000 millones de dólares, la mitad del total de la deuda externa de la Argentina en ese momento.

Veamos solo algunos de los montos en dólares que se estatizaron:

-Cogasco (AMRO Bank, de Holanda): U$S 1.348.000.000
-Autopistas Urbanas S.A: U$S 951.000.000
-Celulosa Argentina S.A. (hoy vinculada a los Urtubey de Salta): U$S 836.000.000
-Acindar (ligada a Martínez de Hoz): U$S 649.000.000
-Banco Río (Pérez Companc): U$S 520.000.000
-Techint (Rocca): U$S 278.000.000
-Bridas (Bulgheroni): U$S 238.000.000
-Citibank: U$S 213.000.000
-Compañía Naviera (Pérez Companc): U$S 210.000.000
-Papel de Tucumán (Bulgheroni): U$S 176.000.000
-Aluar (Familia Madanes): U$S 162.000.000
-Sevel (Macri): U$S 124.000.000
-Sideco Americana (Macri): U$S 60.000.000
-Ford: U$S 80.000.000
-Loma Negra (Fortabat): U$S 61.000.000
-Chase Manhattan Bank (Rockefeller): U$S 60.000.000
-Esso (Rockefeller): U$S 54.000.000
-Fiat (Macri): U$S 51.000.000
-SOCMA (Macri): U$S 27.000.000

Llama la atención también el negociado que gestó el Estado Nacional con la banca de Holanda, para la construcción del Gasoducto Centro-Oeste (Neuquén-Mendoza) que ampliaría un 25% la red de gas del país. Para este objetivo se armó la empresa COGASCO S.A. en la que participaron por Argentina las empresas Tecsa S.A. y Pamar S.A. y por Holanda la estatal Nacap, pidiendo un crédito al banco holandés AMRO por U$S 918 millones que nunca llegaron. Veamos cómo lo cuenta Alejando Olmos, investigador que inició la causa judicial en 1982 por los desfalcos de la dictadura con la deuda externa:

“Esta empresa (COGASCO) fue estructurada con el objeto de construir el gasoducto centro-oeste (Mendoza-Neuquén) estando controlada por la empresa NACAP de Holanda. Se obtuvo un préstamo por 918 millones de dólares del AMRO Bank (Holandés), de los cuales ingresaron 292 millones, siendo depositado el resto en el exterior. Eso determinó que la empresa utilizara los fondos, no para sus fines específicos, sino para operaciones de pase y especulación con divisas, obteniendo importantes diferencias de cambios. El grupo NACAP quebró y sus acciones pasaron al AMRO Bank. Las maniobras realizadas por la empresa (incumplimientos contractuales, especulación de divisas, consignar fondos que nunca llegaron, etc.), llevaron a los inspectores a determinar que debían darse de baja del registro de la deuda la suma de 918 millones de dólares, debido a “fondos no ingresados al país y no reconocimiento de cláusulas contractuales sobre los tipos de pases”. Sin embargo, Carlos Melconian – Jefe del Departamento de Deuda Externa del Banco central – elevó un informe  a la gerencia de Estudios y Estadísticas del Sector Externo donde consignaba que de conformidad con lo indicado por los inspectores debía darse de baja de los registros la deuda de 918 millones de dólares, agregando: `No obstante la baja comentada, debe señalarse que sobre la base de los lineamientos para un acuerdo final sobre el contrato del gasoducto centro-oeste, serán refinanciados dentro del marco del Club de París los atrasos que Gas del Estado tenía con Cogasco, S.A. al 31 de diciembre 1985´. Eso implica registrar como deuda de la República Argentina las correspondientes obligaciones de Cogasco por alrededor de 955 millones de dólares.  Esto se elevó a la Comisión Nº2 del Directorio del Banco, quien lo aprobó con las firmas de sus directores  – Daniel Marx & Roberto Elbaum – siendo ratificado por el Dr. Marcelo Kigel, vicepresidente del Banco en ejercicio de la Presidencia”. Fallecido el investigador Alejandro Olmos, su hijo (homónimo) continuó su tarea y explica el caso en este video.

Otro negociado fue el de las Autopistas Urbanas, un proyecto del brigadier Osvaldo Cacciatore junto a la Patria Contratista, que terminó costando 10 veces más que lo pautado, en el que se construyeron 2 de las 9 autopistas y el desfalco terminó como deuda externa estatizada. Cacciatore es el intendente (de facto) más elogiado por Mauricio Macri.

A 41 años, esta élite económica sigue sin ser tocada por el Poder Judicial de la Argentina.

A 41 años, el pueblo argentino exige Memoria, Verdad y Justicia.