Por Marcelo Ramírez
Desde que Javier Milei relanzó la Causa Malvinas por cadena nacional el 3 de septiembre, la lectura dominante en buena parte de la prensa y de la oposición se resolvió en una frase: el Presidente aprovecha la coyuntura para sacar rédito electoral, y Trump lo ayuda porque él lo admira. Esa lectura no es falsa, pero explica solamente por qué Milei aprovecha la oportunidad y no por qué la oportunidad existe. Y esa segunda pregunta es, con diferencia, la más importante.
El dato que cambia la secuencia causal
El giro no nació en Buenos Aires. En abril, un correo electrónico interno del Pentágono, filtrado y confirmado por Reuters, y replicado luego por la prensa británica, circulaba en los niveles más altos de Defensa con opciones para castigar a los aliados de la OTAN que no habían concedido a Estados Unidos derechos de acceso, base y sobrevuelo durante la guerra con Irán. Entre esas opciones figuraba reconsiderar el respaldo diplomático estadounidense a las “posesiones imperiales” europeas de larga data, con mención explícita de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El mismo documento contemplaba suspender a España de la Alianza por negarse a autorizar el uso de sus bases contra Irán.
La secuencia observable, entonces, no es “Milei necesita una bandera electoral y convence a Trump de ayudarlo”. Es en realidad que Washington empieza a tratar la solidaridad automática entre aliados occidentales como una variable transaccional, sujeta a reciprocidad militar concreta, el Pentágono identifica Malvinas como una de las palancas disponibles contra Londres, y Trump, meses después, confirma públicamente que “siempre revisa todas las posturas”, vinculando explícitamente esa revisión al gasto de defensa británico dentro de la OTAN y a la ausencia de buques del Reino Unido en el Golfo Pérsico. Recién ahí Milei identifica la ventana y da un giro doctrinario de ciento ochenta grados. La causalidad corre de afuera hacia adentro, no al revés.
Un giro que no es cosmético
Conviene no minimizar la magnitud de ese giro. Milei construyó buena parte de su identidad política reivindicando a Margaret Thatcher y subordinando la política exterior a un alineamiento casi incondicional con Washington y con Londres como socios de Occidente. El discurso del 3 de septiembre invirtió esa ecuación, cuestionó la validez de los plebiscitos de los isleños por tratarse, y según sus palabras, de una población implantada por la Corona, calificando de ilegítima la ocupación británica. Presentó entonces a Malvinas como una cuestión de seguridad nacional y no solo de memoria histórica, así encadenando el archipiélago con Tierra del Fuego, el Atlántico Sur, los recursos estratégicos de la región y la futura competencia por la Antártida.
Hay, sin embargo, una lectura más precisa que la del simple “cambio de bando”. Milei no habría descubierto tardíamente el nacionalismo territorial argentino, lo que cambió en verdad fue la relación de Estados Unidos con el Reino Unido, y ese cambio reubicó a Malvinas dentro del mismo alineamiento estadounidense que Milei nunca abandonó. La aparente contradicción del thatcherista que ahora impugna la autodeterminación de los isleños, es menos una traición ideológica que un ajuste frente a un tablero que Washington reordenó primero.
El precedente de Groenlandia, con una diferencia central
El caso de Groenlandia ilumina el mecanismo, pero también marca su límite. Trump no argumenta sobre Groenlandia a partir de la intangibilidad de la soberanía danesa ni de la fraternidad entre miembros de la OTAN. Sostiene que Dinamarca no invierte lo suficiente en el territorio, que Estados Unidos necesita ese espacio y que existe actividad rusa y china alrededor de la isla. En julio volvió a decir que Groenlandia debería estar bajo control estadounidense y no danés, pese a que Dinamarca es miembro fundador de la Alianza. Esa doctrina, la de la pertenencia a la OTAN, no genera derechos estratégicos perpetuos sobre un territorio si el aliado que lo controla no lo protege o no acompaña los objetivos de Washington, y es lo que vuelve interesante el paralelo con Malvinas.
Pero hay una diferencia que no conviene disolver: en Groenlandia, Trump reclama abiertamente soberanía o control estadounidense. Sobre Malvinas hasta ahora no existe ninguna declaración pública que sugiera que Washington aspire a quedarse con las islas, lo que sí está documentado es el uso de la disputa como instrumento de presión sobre Londres. Son mecanismos distintos que pueden converger en un resultado parecido, debilitar la posición de una potencia europea en un espacio estratégico, pero equipararlos sin esa salvedad debilita el argumento frente a cualquier lector atento.
Sustituir sin ocupar
La hipótesis más sólida no es que Estados Unidos busque plantar su bandera en Puerto Argentino, sino algo más sofisticado como que Washington no necesita ocupar las islas para obtener la mayor parte del beneficio estratégico, si consigue una Argentina alineada diplomáticamente, interoperable en materia militar, dependiente de equipamiento estadounidense, integrada a redes de inteligencia y telecomunicaciones de Estados Unidos, cerrada a instalaciones chinas y con infraestructura logística austral accesible. En ese escenario, que la soberanía formal pase de Londres a Buenos Aires no perjudica los intereses estadounidenses y puede mejorarlos. Londres controla físicamente el archipiélago, pero no controla a la Argentina, Washington podría preferir una Argentina que controle jurídicamente Malvinas mientras su arquitectura estratégica completa permanece integrada a Estados Unidos.
Esa lectura conecta con una preocupación que el Comando Sur de Estados Unidos viene expresando desde hace años sobre el extremo austral argentino: la base satelital china en Neuquén, la infraestructura portuaria vinculada a Beijing y el acceso al estrecho de Magallanes, al pasaje de Drake y a la Antártida aparecen mencionados de forma recurrente en declaraciones de sucesivos comandantes del SOUTHCOM como zonas de “terreno clave” que Washington no está dispuesto a cederle a China. La Base Naval Integrada que la Argentina busca financiar en Ushuaia con apoyo estadounidense se inscribe exactamente en esa lógica y vale una advertencia metodológica. La referencia a una prioridad específica de SOUTHCOM para 2026 formulada en esos términos exactos no está confirmada con una fuente primaria verificable, y conviene tratarla como una tendencia documentada en declaraciones sucesivas antes que como la cita textual de un documento puntual.
Dependencia de trayectoria, no un acuerdo secreto
El canciller Pablo Quirno negó que haya existido una conversación con Estados Unidos sobre los anuncios concretos de Milei. Eso no descarta señales indirectas ni coordinación diplomática más amplia, pero impide sostener como hecho probado una operación concertada. Y en rigor, no hace falta que exista un pacto explícito para que la hipótesis funcione, alcanza con lo que podría llamarse convergencia estratégica sin instrucciones directas. Washington envía señales como el memo filtrado, las declaraciones de Trump, la insistencia del Comando Sur sobre el Atlántico Sur y Buenos Aires interpreta la nueva estructura de incentivos y adapta su política. Es un patrón habitual entre Estados alineados, no una conspiración.
El objetivo de fondo, en esa lectura, no sería que todos los futuros gobiernos argentinos compartan la ideología de Milei, sino que dentro de diez años resulte costoso desmontar los sistemas de armas, inteligencia, financiamiento, tratados e infraestructura logística construidos ahora. Ese concepto de dependencia estratégica asimétrica, o dependencia de trayectoria, es la parte más original del argumento, pero también la más inferida porque se apoya en datos confirmados para proyectar una arquitectura de largo plazo que ningún documento describe todavía de forma explícita. Conviene presentarla como hipótesis, no como hecho establecido.
El error estratégico de la oposición
Las primeras reacciones opositoras se concentraron en tres argumentos: 1) que Milei es oportunista, 2) que reivindicaba a Thatcher y 3) que buena parte de las herramientas anunciadas ya existían en la legislación previa como la Ley 26.659, la política sobre la plataforma continental y distintos reclamos diplomáticos acumulados durante gobiernos anteriores. El primer argumento probablemente sea cierto, pero es estratégicamente irrelevante porque que Milei use Malvinas con fines electorales no significa que la oportunidad internacional no exista. Si el razonamiento opositor termina siendo “como Milei es oportunista y Trump es imperialista, hay que oponerse a lo que haga Milei sobre Malvinas”, el resultado es que Milei obtiene el monopolio político de una causa nacional que, además, la propia oposición hizo poco por sostener mientras gobernó.
Una oposición soberanista debería decir exactamente lo contrario: si la fractura entre Washington y Londres abre una oportunidad para recuperar territorio argentino, hay que aprovecharla, pero la recuperación de soberanía no puede convertirse en sustitución de una tutela británica por una tutela estadounidense. Ese debería ser el eje del debate parlamentario, no Thatcher ni las contradicciones personales del Presidente. La pregunta central es qué obtiene la Argentina y qué obtiene Estados Unidos en el arreglo final, cualquier acuerdo sobre una base austral debería garantizar mando exclusivamente argentino, control nacional de telecomunicaciones e inteligencia, ausencia de enclaves militares extranjeros permanentes, supervisión parlamentaria y prohibición de cláusulas secretas con derechos operacionales especiales; y cualquier acuerdo sobre Malvinas debería especificar con precisión soberanía jurídica, jurisdicción marítima, hidrocarburos, pesca, defensa, puertos, espacio aéreo, migraciones y control de infraestructura.
Lo que la Antártida sí y no cambia
El argumento antártico merece una formulación cuidadosa. La recuperación de Malvinas no extinguiría automáticamente la pretensión británica sobre la Antártida puesto que el Territorio Antártico Británico se separó formalmente de las Falkland Islands Dependencies en 1962 y hoy es administrado como un territorio distinto desde Londres, y el artículo IV del Tratado Antártico congela las posiciones existentes, sin reconocer ni eliminar reclamos territoriales previos mientras el Tratado permanezca vigente. El sector argentino (entre 25° y 74° oeste) se superpone casi por completo con el británico (entre 20° y 80° oeste). Lo que sí es razonable sostener es que una recuperación de Malvinas debilitaría de forma considerable la arquitectura geopolítica que históricamente sostuvo la proyección británica hacia la Península Antártica desde el Atlántico Sur, y que ese efecto sería todavía mayor si se sumaran Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Es una diferencia de matiz importante porque: no es que Argentina gane automáticamente la disputa antártica, sino que le quita a Londres una de sus principales bases de sustentación logística y simbólica para sostenerla.
La pregunta correcta
Durante décadas la Argentina acumuló doctrina jurídica y diplomática sobre Malvinas sin convertirla proporcionalmente en poder nacional efectivo: faltó capacidad naval, infraestructura fueguina, logística antártica, flota mercante, control pesquero, inversión militar sostenida y una estrategia comunicacional internacional sostenida en el tiempo, con responsabilidades repartidas entre gobiernos de distinto signo. Ese diagnóstico no depende de qué se piense de Milei ni de Trump.
Por eso la discusión no debería organizarse alrededor de si conviene aprovechar una oportunidad que beneficia simultáneamente a Washington y a Milei. Las restituciones territoriales gratuitas prácticamente no existen en la historia de las relaciones internacionales, y exigir que Estados Unidos no obtenga ningún beneficio como condición para avanzar equivale, en la práctica, a resignar la oportunidad. Existe además una diferencia jurídica de fondo entre territorio ocupado por una potencia extranjera y territorio propio sobre el que se conceden determinados derechos mediante tratado. Los tratados se renegocian, la soberanía reconocida constituye, en cambio, otro punto de partida histórico. La pregunta que debería organizar el debate argentino en 2026 no es si Estados Unidos gana algo, obviamente lo hará, sino si la Argentina adquiere suficiente control jurídico y material como para que el balance resulte favorable y pueda ampliar su autonomía en el tiempo. Eso es cálculo estratégico, no pureza ideológica, y es la vara con la que debería medirse cualquier acuerdo concreto que surja de esta coyuntura.
