Por Ivone Alves García
En política exterior estadounidense conviene abandonar una idea infantil: que las guerras se deciden por un arrebato personal o por una sola fuerza oculta. Las decisiones de alto riesgo nacen de un mecanismo más prosaico y más peligroso: una combinación de autoridad formal, incentivos internos y coaliciones de presión que empujan en la misma dirección cuando se alinean. Eso no vuelve “racional” la decisión. Vuelve explicable su repetición.
El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán —con una campaña de gran escala y objetivos que ya no se limitan a infraestructura militar— expuso esa lógica con crudeza. La Casa Blanca sostiene que actúa para “eliminar” o “degradar” una amenaza iraní. El Pentágono habla de objetivos operativos. El Departamento de Estado ofrece justificaciones que, según reportes, cambiaron de forma y énfasis en pocos días, generando reclamos en el Congreso por la legalidad y la estrategia.
Ese vaivén lo podemos ver como un síntoma, porque cuando la narrativa oficial se vuelve inestable, suele indicar que la decisión fue tomada por una convergencia política rápida, y que luego se busca construir un relato legal y diplomático que la sostenga. Reuters reportó, además, que fuentes indicaron que el Pentágono informó al Congreso que no había señales de un ataque iraní inminente contra Estados Unidos, lo que tensiona el argumento de “inminencia” que suele usarse para justificar acciones preventivas.
Entonces, ¿quién manda?
En el plano formal manda el presidente, porque la Constitución y la práctica moderna le permiten iniciar hostilidades y luego pelear la discusión legal y política con el Congreso. Eso explica por qué las guerras empiezan rápido y las autorizaciones llegan tarde, fragmentadas o directamente no llegan. La controversia sobre War Powers reaparece siempre en estas crisis, y esta vez también: hay presión legislativa para obtener explicaciones y límites.
Pero el presidente no opera solo, sino que la decisión real se cocina en el triángulo Ejecutivo–seguridad nacional–política doméstica. Ahí mandan varios a la vez:
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El aparato de seguridad (Pentágono, Estado, inteligencia, asesores) que define el menú de opciones, el riesgo aceptable y el marco de amenaza. En conflictos de alta intensidad, el lenguaje operativo tiende a imponerse: “degradar capacidad”, “control del espacio aéreo”, “fuerza de protección”. Esa gramática deshumaniza y acelera el proceso.
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El Congreso como socio y rehén: puede frenar, condicionar o financiar, pero muchas veces reacciona cuando el hecho ya está consumado. La presión por “respuestas” aparece cuando el costo político sube o cuando la justificación se vuelve confusa.
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Las coaliciones de intereses que moldean el clima interno: donantes, lobbies, medios, think tanks, complejos industriales, grupos religiosos, sectores ideológicos.
No es una conspiración sino un ecosistema integral que funciona por incentivos y no por secretos.
Acá entra el punto sensible que quiero tratar sin caer en sesgos: el llamado “lobby sionista”. Si el objetivo es objetividad, conviene que lo digamos con precisión y sin generalizaciones étnicas o religiosas.
En Estados Unidos existe influencia organizada pro-Israel, con actores concretos, visibles, legales: comités, organizaciones de lobby, redes de financiamiento político, campañas de presión sobre legisladores. Esa influencia no equivale a “los judíos mandan”, que es una simplificación pero equivale a que hay organización, dinero, acceso y disciplina política detrás de una agenda específica. Y esa agenda, en crisis como esta, puede coincidir con otras fuerzas internas que también empujan: sectores evangelistas pro-Israel, halcones de seguridad, industrias vinculadas a defensa y un aparato político que no quiere pagar el costo de “parecer débil”.
Cuando varias corrientes empujan en la misma dirección, el sistema entra en modo automático. La guerra se vuelve la opción “más fácil” en términos domésticos: une a parte de la dirigencia, corre el eje de debates internos, produce una narrativa de decisión, y posterga el balance de costos. El problema es que esos costos no se evaporan: se trasladan a energía, economía global, estabilidad regional y seguridad interna.
Ahí está la cuestión central: una decisión puede ser perjudicial para Estados Unidos y para el mundo y, aun así, ser funcional a una coalición interna por un tiempo. La política exterior no siempre maximiza el interés nacional a largo plazo. Muchas veces maximiza supervivencia política, coherencia de alianzas y preservación de reputación de fuerza a corto plazo.
El asesinato de una autoridad religiosa, además, agrega un componente que el cálculo tecnocrático suele subestimar: la dimensión simbólica. Matar a un jefe militar altera capacidades. Matar a un líder religioso-político tiende a transformar el conflicto en disputa de legitimidad, honor, cohesión y venganza. Eso vuelve más probable una escalada prolongada, asimétrica y difícil de cerrar. En esas condiciones, la “salida” rara vez aparece cuando el atacante la imagina.
En Estados Unidos no manda una sola mano. Manda una estructura. El presidente firma. El aparato de seguridad ejecuta. El Congreso discute tarde. Y una constelación de intereses —entre ellos, la red pro-Israel y la red evangelista pro-Israel, junto con halcones y lógicas industriales— condiciona el margen político de la Casa Blanca. El resultado puede ser una guerra que no conviene al mundo y que tampoco conviene a Estados Unidos en términos estratégicos, pero que igual ocurre porque tal vez hay un actor semi oculto, que sí se beneficia.
