Irresponsablemente, en medio de la transición, María Eugenia Vidal dispuso un aumento del 25% de las tarifas de electricidad, cuando ya no esté más en el gobierno de la provincia y con el objetivo de otorgar mayores ganancias a empresarios amigos que concentran el negocio del rubro, especialmente el Grupo DESA de Rogelio Pagano, ex socio de Marcelo Mindlin, y que maneja Edes, Eden, Edea y Edelap.

La resolución 1713 fue firmada casi de apuro el lunes después de las elecciones y fue publicada por el Boletín Oficial bonaerense este martes. El kilowatt hora pasará de $3,20 a $3,53 a partir del 1 de enero de 2020 y los costos fijos aumentarán hasta un 40%.

La medida se aplicará dentro del gobierno de Axel Kicillof, por lo que corresponderá al nuevo gobernador dejarlo pasar o anularlo.

Con este nuevo incremento, algunas facturas habrán acumulado desde enero de 2016 hasta un 4500% de aumento, lo que ha significado una suba exponencial de la renta de Pagano y empresarios amigos del macrismo.

Este jueves se conocieron los nuevos Tarifazos que el Gobierno dispondrá en 2019: el precio de la energía eléctrica aumentará otro 55%, el gas un 35% y el agua un 44%. El aumento de la luz abarcará en principio al área metropolitana, correspondientes a EDENOR (propiedad de los amigos de Mauricio Macri, Joseph Lewis y Marcelo Mindlin) y EDESUR (propiedad del «amigo del alma», léase testaferro, Nicolás Caputo), pero se esperan aumentos de igual magnitud en el resto del país.

El incremento de la tarifa eléctrica será escalonado, para disimular el impacto: 26% en febrero, 14% en marzo, 4% en abril y otro 4% en agosto, totalizando en principio un 48% pero que se podría extender al 55%, según confirmaron al sitio web Ambito.com desde la Secretaría de Energía que conduce Javier Iguacel. Los aumentos serán mayores durante el primer cuatrimestre del año para no perjudicar políticamente las elecciones presidenciales de octubre.

Por otra parte, el gas aumentaría un 35% en abril y el agua un 44% (17% en enero y 27% en mayo), por lo que la irrisoria meta de inflación del 23% para el 2019 queda convertida en incumplible, entre otros tantos otros dislates del presupuesto.

De esta forma, el gobierno de Cambiemos sigue con sus anuncios en contra del bolsillo de los trabajadores y la sustentabilidad de pymes e industrias en general. Resulta llamativo que en tres años de administración del Estado todos los «anuncios» fueron en contra del poder adquisitivo. Difícilmente se pueda recordar alguno en sentido contrario. Quizá una explicación pueda encontrarse en la titularidad de las empresas se servicios que resultan beneficiadas.

El monto en este caso es de $20.000 millones de pesos, alrededor de U$S 500 millones de dólares al cambio actual que tendremos que asumir con nuestros impuestos todos los argentinos. Falta establecer el mecanismo, pero ya se habla de 30 cuotas que abonaría el Estado, más intereses, quizá bajo el formato de un bono.

Este nuevo disparate es sin embargo presentado por los grandes medios cómplices del Gobierno como una «marcha atrás» de la medida original, como un «acto de racionalidad» ante el pedido de toda la oposición y hasta del radicalismo, encubriendo así la verdadera maniobra que consiste en hacer asumir al conjunto del pueblo argentino las pérdidas de grandes empresarios amigos de Mauricio Macri. Los medios siguen así el dislate del radical Ángel Rozas, quien llegó a publicar: «Lo logramos, el radicalismo consiguió frenar la suba retroactiva del gas. El Estado se hará cargo del monto extra». Un nuevo engaño, que la ciudadanía no debería dejar pasar.

El Gobierno autorizó a las distribuidoras a cobrar un extra a los usuarios para compensar a las empresas por la suba del dólar de los últimos meses. Este nuevo tarifazo, que se sumará al del 35% de la última semana, se empezará a aplicar desde el 1 de enero de 2019 y se abonará en 24 cuotas mensuales. De esta forma, en solo 3 años los usuarios pasaron de ser subsidiados a ser ellos quienes paguen subsidios a las grandes empresas.

Ocurre que por la devaluación del peso entre abril y septiembre, las distribuidoras (Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur, Distribuidora de Gas del Centro y Distribuidora de Gas Cuyana, Gas Natural Fenosa, Gas Nea, GASNOR, Litoral Gas, MetroGAS, etc.) tienen una deuda con las petroleras porque estaban pagando el producto a un dólar de $ 20,34 y por contrato debieron hacerlo al tipo de cambio vigente el día antes del pago. Para evitarle sufrir estas pérdidas a las grandes empresas de gas, el Gobierno dispuso que sean los usuarios finales quienes se hagan cargo del mismo. ¿Y las pérdidas en el salario de los ciudadanos quién las compensa?

Como la volatilidad del tipo de cambio continúa, todavía ni siquiera se saben los montos finales de este subsidio al revés que deberán hacer los dóciles ciudadanos, pero se cree que podrían ser abultados, ya que la diferencia entre un dólar a 20 y un dólar a 40 es del 100%.

Ante tamaño saqueo al bolsillo de los ciudadanos, cabe preguntarse: ¿Dónde está el Congreso para frenar este tipo de atropellos? ¿Ningún diputado piensa presentar una denuncia en algńu juzgado? ¿Ni siquiera una medida de amparo?

En medio de la crisis social y económica, la gobernadora María Eugenia Vidal aprobó un nuevo aumento del 24% de las facturas de electricidad, medida que comenzará a regir a partir del próximo lunes, sumándose al tarifazo previo, también del 24% que se había dispuesto en febrero.

Así quedó manifestado en el Boletín Oficial de la provincia, en donde se expresa que el Ministerio de Infraestructura provincial otorgó el incremento a las empresas privadas Edelap, EDEN, EDEA y EDES. En agosto ya habían aumentado también un 24% Edenor y Edesur.

De esta manera, Vidal se suma al aumento ordenado desde el gobierno nacional de Mauricio Macri para los precios de la energía mayorista.

A pesar de la altísima inflación (al borde de una híper) que aflige a la Argentina, Cambiemos apuesta a seguir beneficiando a las grandes corporaciones energéticas con un tarifazo tras otro.

El gobierno de Macri envió oficiales armados de Gendarmería a las oficinas de la Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima (Edesur), luego de que una gran cantidad de gente se acercara al lugar para reclamar por los fuertes aumentos en las tarifas de los servicios públicos y por el temor al corte del suministro. Edesur es una empresa distribuidora propiedad de Nicolás Caputo, el «amigo del alma» y testaferro de Mauricio Macri. ¿La Gendarmería está para cuidar las fronteras del país y sus ciudadanos o para cuidar las propiedades privadas de Macri?

El hecho ocurrió en la sede ubicada en la calla San José al 190. Los presentes están hace más de tres horas esperando para ser atendidos.

Los usuarios reclaman porque les llegan facturas de 3000 a 6000 pesos, en muchos casos con aviso de corte del servicio.

«Está aumentando todos los días, de a poquito se va aumentando», expresó Majori refiriéndose al costo de la harina, y culpó de los aumentos a los incrementos en las tarifas de los servicios públicos y, también, a los precios de los molinos harineros: «Hay poca entrega porque los molinos están esperando que aumente el precio», agregó.

En enero pasado, la bolsa de 50 kilos de harina a los panaderos estaba entre 250 y 300 pesos y en la actualidad ya se encuentra en torno a los 450 pesos, según Diego Cifarelli, presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM). Esa fuerte suba en el costo de la harina y la escalada de la tarifa de agua (los dos principales insumos del sector) amplió fuertemente la brecha de precios que pasó de entre 34 y 36 pesos en enero a entre 40 a 55 pesos en la actualidad.

Fuente: Perfil

El diputado kirchnerista Agustín Rossi presentó un proyecto de ley en el Congreso para congelar los precios de las tarifas por un año en todo el país. Era una de las propuestas de Unidad Ciudadana en la última campaña electoral.

El proyecto propone retrotraer al último 31 de diciembre los valores de las boletas de luz, gas, agua y cloacas. Si se aprueba, no habrá aumentos por un año. Tampoco se podrá cortar el suministro por falta de pago de facturas de 2016 y 2017. Establece que los futuros incrementos deben ser de acuerdo a criterios de equidad, o que no podrán exceder el Coeficiente de Variación Salarial y deberán ser a razón de no más de uno por año en cada servicio y de manera escalonada.

“Va a significar un alivio inmediato para el bolsillo de los trabajadores argentinos”, aseguró Rossi sobre un proyecto que “producirá efectos positivos para la industria y el comercio”. En los fundamentos recordó los efectos del tarifazo del gobierno de Mauricio Macri apenas asumió, y “que marcaron un camino de aumentos de tarifas que continúa actualmente y se anuncia también para el futuro, desfasado de la evolución del poder adquisitivo y de pago” de los ciudadanos.

Rossi recordó que la política tarifaria del macrismo “es contraria a lo sostenido por el Comité del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, que estipula que “los gastos  relacionados con la vivienda no deben comprometer el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas, y que el porcentaje de los gastos de vivienda sean, en general, conmensurados con los niveles de ingreso”.

¿Cómo votarán el Frente Renovador y el bloque de Diego Bossio? ¿Tendrá chances de ser aprobado el proyecto? Dependerá seguramente de la presión en las calles por su aprobación.

El aumento promedio de las facturas de gas para los usuarios de todo el país será, a partir de diciembre, de 45% para usuarios residenciales y de 58% para la casi totalidad de los comercios, se informó este miércoles oficialmente en el marco de la audiencia pública convocada por el Ministerio de Energía y en la que expuso Marcos Porteau, subsecretario de Exploración y Producción del Ministerio de Energía y Minería que conduce el cuestionado ex presidente de Shell, Juan José Aranguren. El aumento incluye la variación de los precios del fluido, el transporte y la distribución.

La suba del gas llegará en el momento en cual también se espera el aumento para la tarifa de la luz, el que permitirá un aumento de ganancias extraordinarias a amigos de Macri y Aranguren, como Joe Lewis y Nicolás Caputo.

Es importante recordar que Aranguren se encuentra denunciado penalmente por las compras de gas a empresas vinculadas a la Shell y utilizando sociedades en paraísos fiscales.

La 125 de Macri
Por Claudio Scaletta – Página|12

Finalmente las tarifas fueron, como todo lo anunciaba, la 125 del hijo de Franco Macri, aquel señor que se hizo multimillonario bajo la dictadura aumentando exponencialmente la cantidad de sus empresas y que ni en sus sueños “con final feliz” imaginó el destino que la democracia depararía a uno de sus hijos. Aunque haya existido una mala praxis común en los diseños e implementación, la causa de la 125 PRO fue mucho más deslucida que el intento estatal de participar en la renta sojera disparada por los precios internacionales. El actual gobierno se jugó a fondo por un objetivo sin épica: llevar adelante la política energética dictada por los accionistas de una firma anglo holandesa.

A diferencia de la 125 original, el revés no llegó después de abrirle el juego a un Congreso plagado de intrigas, sino por un fallo a medio camino de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Los Repúblicos encontraron su límite en el partido de los jueces. En el medio no faltaron campañas de miedo y hasta bombas en containers frente a los domicilios de magistradas díscolas.

El disparador de la nueva 125 también fue la reacción social. Pero si en 2008 salieron a las rutas los terratenientes y sus empleados, con el apoyo incondicional de los aliados ideológicos y mediáticos urbanos, en 2016 las denuncias, los amparos y los ruidazos surgieron de una mayoría transversal, no solamente “kirchnerista”, sin la amplificación de los medios de comunicación y hasta con la cerrada oposición del novel periodismo militante del ajuste.

Producido el fallo, y en contraposición a la reacción del titular del Ejecutivo, que según plumas cercanas debió ser frenado para no despotricar públicamente contra “la justicia populista”, los integrantes más lúcidos de la Alianza PRO no tardaron en advertir que la decisión de la Corte era, también, una oportunidad para salir por arriba del laberinto de la protesta social generada por la desmesura. A pesar de las amenazas apocalípticas con las que se intentó presionar a la CSJ y a la sociedad, ningún gobierno se juega en una sola medida ni en la determinación de un solo precio relativo.

La realidad es bastante más gris. A nueve meses de iniciada su gestión, Cambiemos no logró siquiera sortear la más fácil de las medidas que debía afrontar, el único precio relativo que podría haber manejado a voluntad combinando las dosis adecuadas de consenso social, gradualismo económico y muñeca política, aquello que se suponía venía a hacer la nueva derecha.

Yendo a lo resolutivo, entre sus claroscuros, el fallo de la CSJ presentó dos aspectos muy positivos:

El primero fue iluminar una dimensión que todos los comunicadores del régimen taparon o tergiversaron: el problema del precio del gas en boca de pozo o PIST (Precio de Ingreso al Sistema de Transporte, punto en el que se insistió repetidamente en este espacio) un valor que fue más que duplicado a fines de marzo al mismo tiempo que se multiplicaban las tarifas y que representa, en promedio, el 70 por ciento del valor facturado a los consumidores. Medios y gobierno intentaron ocultar que, al mismo tiempo que se aumentaban descomunalmente las tarifas de gas con el objetivo declarado de reducir el déficit fiscal, más que se duplicaba el precio del insumo de estas tarifas, expresado a través del PIST, el que pasó de poco más de 2 dólares el millón de BTU a casi 5. De hacerse efectivo, este aumento origina una transferencia a las gasíferas por un piso de 45.000 millones de pesos anuales. Para tener una referencia se trata de uno de los PIST más altos del mundo y sin ninguna relación con el costo de producción del fluido, calculado por la Fundación Bariloche en 1,9 dólares el millón de BTU.

Esta decisión administrativa, sin fundamentos en la economía real, habilita también a nuevas rondas de ajustes tarifarios, tanto en el caso de las facturas de gas, como de electricidad, de las que el gas es un insumo. Dicho de manera rápida y sin juegos de palabras: en marzo para reducir el déficit, se aumentó el déficit en 45.000 millones de pesos. Se argumentaba que así se entraba en un círculo virtuoso que favorecería a las empresas y a las provincias productoras vía regalías con cargo a los consumidores y al conjunto de la economía. La excusa fue que la multiplicación del PIST se traduciría en un aumento de la inversión; un error teórico y práctico y no verificado en la historia reciente.

Una de las grandes aspiraciones del gobierno antes de que se conozca el fallo de la CSJ era que la determinación del PIST quedara fuera del mandato constitucional de las audiencias públicas. El argumento era que se trataba en esencia de un precio de producción no regulado, es decir, determinado por el libre juego de la oferta y la demanda, y que en las audiencias solo debía discutirse el tramo regulado de las tarifas, es decir: el transporte y la distribución, el 30 por ciento del valor final. La Corte no se metió en la obvia caracterización de la imperfección de este mercado, en el cual unas pocas distribuidoras le compran a un puñado de petroleras en una estructura a la vez muy subordinada a la disposición física de yacimientos y gasoductos. Se limitó a afirmar que desde 2004 el Estado interviene en la fijación de este precio y, hasta que el valor no vuelva a ser fijado por el mercado –una indeterminación del fallo– el PIST debía incluirse en el debate de las audiencias. Dicho de otra manera, el fallo de la CSJ obliga a hablar de lo que no se quería hablar, lo que dejará en evidencia la voluntad macrista de transferir a las gasíferas un piso de 3000 millones de dólares anuales sin mayor fundamentación técnica más que una etéreo incentivo a la inversión.

El segundo aspecto positivo del fallo fue destacar que debe evitarse que las audiencias se conviertan en un simulacro. En rigor las audiencias son “no vinculantes”. El gobierno no está obligado por el corpus legal a obedecer lo que ellas dictaminen. Sin embargo el fallo sienta jurisprudencia para que su contenido no pueda ignorarse sin más, lo que abre una gigantesca oportunidad democrática en un contexto de movilización social contra el tarifazo. El inmediato desafío para la sociedad es una participación activa, solvente y multitudinaria en el proceso de audiencias públicas en defensa de los intereses de los consumidores y la estructura de costos de las empresas.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/33-9562-2016-08-21.html

La obstinación por sostener el Tarifazo por parte del gobierno de las corporaciones («la 125 de Macri»), tiene una sola explicación: duplicar el precio que el Estado le paga a las petroleras, asegurándoles el doble de ganancias a costa del bolsillo del conjunto de la sociedad. Por eso la negación a discutir el precio del gas «en boca de pozo». El gobierno quiere que les paguemos a las petroleras U$S 5 por millón de BTU cuando el costo está por debajo de los U$S 2. La diferencia entre el precio de 2015 y el que pretende el gobierno que paguemos es una ganancia extraordinaria para las empresas de 2800 millones de dólares.

Una pulseada por 2800 millones de dólares
Por Raúl Dellatorre – Página|12

La Resolución 28 de Energía aumentó en casi un ciento por ciento el precio en dólares del gas en boca de pozo, lo que les hubiera reportado un beneficio extra de 2800 millones a las petroleras. La Corte determinó que ese tema también va a audiencia pública.

De los distintos aspectos que trata el fallo de la Corte Suprema del jueves último, el que debe haber incomodado más al ministro Juan José Aranguren habrá sido la decisión del tribunal ordenando que la fijación del precio mayorista del gas (el denominado “gas en boca de pozo”) también deberá pasar por audiencia pública. Y la incomodidad del ministro se relaciona a que es la cuestión que menos interés tenía en ventilar y más hubiera querido preservar de un debate abierto. Hasta donde pudo, sostuvo que el precio del gas que se paga a los productores estaba fuera de toda regulación, y que si hubo un aumento del costo es porque el anterior gobierno (la herencia recibida) hizo al país “dependiente de la energía importada”, encareciendo así los costos del gas distribuido por redes. Justificación suficiente, a su criterio, para aumentar el precio que se paga a los productores y así incentivar la producción local. Pero el fallo de la Corte, sin embargo, lo obligará a explicar ante una audiencia pública por qué, si el precio anterior ya estaba (en dólares) por encima del que se paga, por ejemplo, en Estados Unidos o Canadá, lo aumentó en un 100 por ciento (en dólares), cuando ya existían otros mecanismos de incentivo de precios para quienes aportaran producción excedente (nuevos yacimientos o aumento de la producción de los que ya están en explotación). Es decir, que deberá defender una transferencia de ingresos a favor de los concesionarios de áreas gasíferas por 2800 millones de dólares, no a cambio de aumentar la producción ni de comprometer inversiones, sino simplemente por lo que ya producen. Quizás deba explicar, además, que entre los receptores del beneficio (que pagarían con la mayor tarifa los usuarios residenciales, comercios, pequeñas industrias y cooperativas, entre otros) se encuentra la empresa Shell, que participa en las concesiones de dos áreas gasíferas en la cuenca neuquina.

La Resolución 28 del Ministerio de Energía, de marzo de este año, le otorgó a los productores un precio del gas en boca de pozo de cinco dólares en promedio por millón de BTU (unidad calórica de medición, equivalente a unos 27 metros cúbicos). Dicho valor prácticamente duplica al vigente, en promedio, en el año 2015, de 2,60 dólares por millón de BTU. Vale tener en cuenta que, como el precio está fijado en dólares, las productoras, que pagan sueldos, precios de transporte, insumos y otros costos en pesos, ya recibieron un sustancioso beneficio en diciembre con la megadevaluación con la que debutó el gobierno de Mauricio Macri. A ese valor indexado, Aranguren lo multiplicó por dos. La diferencia entre el valor de producción del gas en 2015 y el que recibirían este año con el aumento, fue estimado por el Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO) en 2800 millones de dólares. Es el ingreso extra que recibirían las concesionarias de áreas gasíferas, incluída Shell en la nómina de beneficiarios. La empresa que el propio Aranguren presidiera hasta mediados de 2015 es operadora y principal accionista de dos concesiones en la cuenca neuquina, Sierra Blanca y Cruz de Lorena, a través de una subsidiara que le pertenece en un 100 por ciento: Oil & Gas Development. Aunque con una porción muy menor, participa del reparto que generosamente les otorgó su ex presidente local a las petroleras por resolución 28.

Las razones con las que el ministro Aranguren justificó esa contribución a la renta petrolera fue que, sin un incentivo de precio, no se podría recuperar la producción y, en consecuencia el país seguiría dependiendo de la importación para asegurar su abastecimiento de energía. La opción de hierro que planteó el gobierno era el aumento, que debían pagar los usuarios con la nueva tarifa, o que “el país se quede sin energía”. La sola idea de semejante catástrofe debería haber obrado como disuasivo de toda discusión o análisis, según habrán imaginado los estrategas oficiales. Pero la realidad política y la reacción social definió un sendero diferente.

Andrés Repar y Marcos Rebasa, coordinadores del IESO, aseguran que el precio anterior al aumento, el vigente durante 2015, no era insuficiente. Los 2,60 dólares que recibían como retribución los productores representan un valor 30 por ciento superior al que se paga, por ejemplo, en Canadá o Estados Unidos (en torno a los dos dólares por millón de BTU). El valor del gas que se utiliza para abastecer a los usuarios, sean residenciales o no, no tiene subsidios. Es decir, que lo paga en su valor pleno el consumidor que lo recibe por redes. Como ese gas representa el 70 por ciento de la tarifa, su brutal aumento en dólares –según los especialistas sin justificación en términos del precio internacional– provocó el ajuste exponencial en el cuadro tarifario que el propio Ministerio de Energía definió a partir de abril. En consecuencia, el principal factor del tarifazo no fue la eliminación de subsidios otorgados por el gobierno anterior, sino el fabuloso aumento en dólares que le concedió Aranguren a las petroleras.

Falacias y engaños

Los coordinadores del IESO analizaron, por otra parte, otras justificaciones y argumentos brindados por el gobierno nacional y los funcionarios del área para sostener el tarifazo. Uno por uno, señalan lo siguiente:

– «La emergencia energética por falta de producción». “Falso”, sostienen Rebasa y Repar. “En 2015 la producción de gas aumentó en un 4 por ciento con respecto a 2014 (42.971 millones de metros cúbicos contra 41.483 millones)”. Cabe agregar que, según datos oficiales, en el primer trimestre de 2016 se registró otro aumento de la producción de gas del 4 por ciento respecto del mismo período de 2015 (120,6 millones de metros cúbicos por día, contra 116 millones).

– «El derroche de gas por bajas tarifas». También “falso”, según los especialistas. “Los promedios de uso anual por usuario residencial se mantuvieron en los mismos valores desde el año 2000; la inmensa mayoría no ha derrochado el gas”, afirman y lo demuestran gráficamente, con una línea plana de consumo unitario que se mantiene apenas siempre por arriba de los mil metros cúbicos por año. Lo que sí creció es la cantidad de usuarios residenciales incorporados al sistema, de 5,5 millones a 8 millones aproximadamente, lo cual invalida el argumento. Salvo que se considere que sumar consumidores de zonas marginales sea “derroche”.

– «El aumento asegura inversiones en exploración y explotación de gas». “No hay garantías, ya que en la concesión del beneficio que le otorga el gobierno a las empresas productoras no hay condiciones de ningún tipo que supongan un compromiso de inversiones, ni exigencias de incremento de exploración o producción. En cambio, las empresas productoras ya tienen, por el gobierno anterior, un plan especial por el aumento de producción para el suministro de gas nuevo no convencional que aporten, para el cual se le garantiza un precio de hasta 7,5 dólares por millón de BTU”, señalan los coordinadores del IESO. El beneficio del 100 por ciento que otorgó Energía es sobre el denominado gas viejo, el que extraen de los pozos que ya se encuentran en producción.

– «El precio de gas en boca de pozo nunca fue actualizado». “Es falso”, dicen Repar y Rebasa. “Los valores del gas en boca de pozo entre 1992 y 2002 fueron estables y aceptados de buen grado por las petroleras, con un promedio de 1,20 a 1,30 dólares por millón de BTU. A ese precio se exportaba gas a los países vecinos. Entre 2002 y 2014 el precio se fue modificando y llegó a 2015 a una media de 2,50 a 2,60 dólares para toda la producción”.

– «El precio del gas que pagan los usuarios residenciales argentinos, incluso con el aumento propuesto, es muy inferior al que paga el resto del mundo». “Esa aseveración es totalmente falsa si se hace la comparación con países productores de gas. El residencial en Canadá paga por el gas el equivalente a 1,80 dólares por millón de BTU, en Estados Unidos la tarifa para este año en promedio es de 2,07 dólares, es decir, menos del 50 por ciento del precio que Aranguren pretende imponer aquí”.

El secreto mejor guardado

Llevar a discusión, en audiencia pública, el precio del gas en boca de pozo, es poner la lupa sobre los costos de las empresas petroleras en Argentina. Es, según los especialistas, “el eslabón más opaco de la cadena”. El fallo de la Corte dejó expuesto una conducta histórica pero pocas veces cuestionada: que las empresas concesionarias puedan evitar brindar esa información sin que se haya dictado siquiera una norma que las obligue. La nota de tapa del diario Río Negro de ayer, sábado, refleja la inquietud que provocó la decisión del Tribunal, que ya habría motivado contactos entre funcionarios del Ministerio de Energía y las firmas petroleras para encontrar una estrategia común frente a la ahora temible audiencia pública. De forma paralela, agrega el mismo medio, comienzan a agitar el fantasma de la caída de inversiones y la seguridad jurídica. Este mecanismo de audiencias públicas donde se pretende hablar de costos “desalentará el arribo de dólares que requiere el sector para despegar”, se quejan, según cita la misma nota.

Los mecanismos democráticos nunca se llevaron bien con las pretensiones del capital concentrado. Aranguren lo sabe, pero sus decisiones llevaron a las petroleras al lugar menos deseado. Ayer se empezaban a plantear dudas sobre si será el actual ministro la persona que el gobierno designe para defender el tarifazo en la audiencia. Por lo pronto, ni él ni el jefe de Gabinete, Marcos Peña, fueron convidados a la “reunión cumbre” del viernes en Olivos, cuando Macri reunió a una mesa chica para definir los próximos pasos tras el baldazo de la Corte Suprema.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-307441-2016-08-21.html

El desPISTe
por Horacio Verbitsky – Página|12

El gobierno citó a audiencia pública por “el traslado a tarifas” de los precios de gas en boca de pozo (PIST). Pero la Corte Suprema no habla de un precio ya establecido sino de su fijación por el Estado, que forma el 70 por ciento de la tarifa. Los costos de producción se mantienen en secreto porque desnudarían las superganancias del lobby petrolero. Mayores precios no significan más inversión sino más rápido agotamiento de reservas, que no se renuevan, como ya ocurrió en los 90.

Apenas horas después del fallo de la Corte Suprema de Justicia que anuló los descomunales aumentos de tarifas del gas por falta de gradualidad y racionalidad, dejó entender que hará lo mismo con los de la luz y el agua y dejó en vigencia la tarifa social, el presidente Maurizio Macrì dobló la apuesta. Mientras los ministros Marcos Peña Braun, Juan José Aranguren y Germán Garavano anunciaban que el fallo se cumpliría sin discutir, el Ente Regulador del Gas encontraba el modo de burlarlo: según la convocatoria del Enargas, en la audiencia pública que marca la ley y que la Corte le exigió como condición ineludible previa a cualquier aumento, se discutirá “el traslado a tarifas de los precios de gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte”, además de las tarifas de transporte y distribución. Pero la Corte no se refirió al “traslado a tarifas” sino al propio precio del gas en boca de pozo. De este modo, la Alianza Cambiemos intenta seguir ocultando el costo de producción del gas bajo siete llaves de reserva, incógnita, secreto, sigilo, enigma, mentiras y misterio, tal como hizo durante la interpelación de las comisiones de la Cámara de Diputados el ex presidente de Shell Argentina y actual accionista de Shell internacional Juan José Aranguren, en adelante el Ministro de Energía. Esto es así para ocultar la desproporción entre ese costo de producción y el precio que las petroleras cobran por entregar el gas al Sistema de Transporte. Según el propio Aranguren en su presentación ante la Corte Suprema, el precio del gas en boca de pozo, que en la jerga técnica se llama Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), representa más del 70 por ciento de la tarifa final del gas que paga el usuario. Ahora por otra vía, el gobierno insiste en su planteo inicial desechado por la Corte de que solo se puede discutir acerca de los precios de transporte y distribución. En este punto, el gobierno cuenta con la connivencia de los gobernadores de las provincias petroleras y del capo sindical y senador nacional Guillermo Pereyra, ya que las regalías provinciales son del 12 por ciento sobre el precio en boca de pozo y las remuneraciones de los trabajadores también están atadas a esa cifra.

La Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó, dictaminó que “la postura del Estado Nacional orientada a excluir del ámbito de la audiencia pública las cuestiones vinculadas al precio del gas en PIST implica restringir sustancialmente la eficacia de la audiencia pública para garantizar los derechos constitucionales de información, consulta y participación de los usuarios, pues de ese modo se recorta el debate sobre la accesibilidad, gradualidad, coherencia, progresividad y previsibilidad sobre el componente más determinante de la tarifa final en el marco de un aumento extraordinario”. Para la Corte Suprema “es razonable que hasta el momento en que efectivamente el precio del gas en el PIST se determine sobre la base de la libre interacción de la oferta y la demanda, su análisis se efectúe conjuntamente con la revisión de tarifas para la cual es necesaria, como ya se dijo, la celebración de una audiencia pública” (voto conjunto de Ricardo Lorenzetti y Elena Highton). Con sus propias palabras lo ratificaron Juan Carlos Maqueda (la audiencia pública debe incluir “todos los tramos que componen la tarifa final: precio en boca de pozo (PIST), transporte y distribución del gas natural”) y Horacio Rosatti (“corresponde que el análisis del precio en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) se efectúe conjuntamente con la revisión integral de tarifas”). Las diferencias entre ellos son menores, pero los cuatro sostienen que el debate es sobre el precio y no se limita a su “traslado a tarifas”, como los desvirtuó el gobierno. Con una sinceridad que de tan grande parece involuntaria, Garavano dijo que después del fallo el gobierno contempló dejar a resolución del mercado el precio del gas, pero desistió porque en tal caso el precio sería mayor. Díficil encontrar en el gobierno de los CEOS mejor reconocimiento de que las petroleras actúan como un cartel y que la regulación estatal es imprescindible para poner alguna cortapisa a sus abusos.

Cuestión de derechos

El fastidio oficial con cualquier restricción a la voluntad del presidente no es nuevo. Durante los meses de debate que lleva el tarifazo, el Poder Ejecutivo hizo hincapié en su facultad para fijar las tarifas, algo que nadie le discutía, ni en el Congreso ni en la justicia, pero siempre que se ejerciera dentro de los límites que marcan la Constitución y las leyes. Lo mismo pasó cuando la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue derogada por decreto: ante las protestas, el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad respondió indignado que una ley no podía limitar al presidente. El miércoles, cuando se difundió el dictamen de la Procuración, el gobierno informó que aceleraría las maniobras para desplazar a su jefa, Alejandra Gils Carbó, cosa que no ha hecho sólo porque no ha podido, y el presidente rezongó contra jueces y periodistas que “ponen palos en la rueda”.

Pese al lobby del gobierno y de las petroleras sobre la Corte, que se ejerció en forma directa y por medio de artículos periodísticos según los cuales los precios en boca de pozo serían excluidos de la audiencia pública, al confirmar la sentencia de la Cámara Federal de La Plata redactada por el excepcional juez Leopoldo Schiffrin, la Corte estuvo a la altura de sus mejores antecedentes. El fallo ahonda en las implicancias de la defensa de usuarios y consumidores constitucionalizada en 1994 y contempla el debate desde el ángulo de los derechos humanos. Cita para ello la Observación General 4 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas, del 13 de diciembre de 1991, que el CELS aportó a la Corte en un amicus curiae. Titulada “El derecho a una vivienda adecuada” afirma que todos “deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado” y que los “gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas”, para lo cual deberían ser “conmensurados con los niveles de ingreso”. Para la Corte “el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables, y evitando, de esta forma, el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera calificarse de ‘confiscatoria’, en tanto detraiga de manera irrazonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo familiar”. Luego de referirse a “la razonabilidad de la política tarifaria” en los “servicios públicos esenciales”, la Corte declara su “expectativa de que sean asumidos en el futuro para casos similares”, lo cual constituye una clara advertencia al gobierno y a los demás jueces en relación con las tarifas de electricidad, agua y transporte.

Rosatti, quien fue impugnado como juez porque considera que los jueces pueden aplicar o no un tratado internacional de Derechos Humanos con rango constitucional, lo dice con sus propias palabras, no menos contundentes que las de sus colegas: “En materia de servicios públicos no es admisible desvincular el costo global de la prestación de la capacidad de pago de los usuarios” ya que “una relación irrazonable entre monto y capacidad de pago en el cálculo de la tarifa puede convertir a una cuestión técnica, reservada al poder administrador, en una cuestión judicial por afectación de derechos constitucionales vinculados a la subsistencia o a una mínima calidad de vida de los usuarios. Ello así, al punto que existe un límite en el que toda ponderación entre el financiamiento del servicio y la capacidad de pago pierde sentido; se trata de la hipótesis en que la imposibilidad real de pago coloca al usuario frente al corte del servicio, circunstancia que debe merecer la tutela especial de la justicia pues, en este caso, no es posible rescatar técnicamente siquiera un umbral mínimo de un derecho esencial para la subsistencia”.

¿Qué clase de acción?

El punto más ambiguo de la sentencia es el que anula los incrementos sólo para los usuarios residenciales pero no para el resto, que incluye pequeñas fábricas y comercios, clubes y otras asociaciones. Con una referencia a su propio fallo Halabi sobre acciones colectivas o de clase, la Corte señala que si bien todos los usuarios fueron afectados en su derecho a la participación por la falta de audiencia pública, sólo los residenciales constituyen un colectivo homogéneo, porque para el resto el agravio económico es desigual. La escasa fundamentación de este razonamiento sugiere su elaboración a las apuradas para complacer en algo al gobierno. El juez de primera instancia había aceptado a todos los usuarios de gas como una única clase afectada por el tarifazo, la Cámara Federal lo confirmó y el gobierno no lo cuestionó en su recurso extraordinario, dada la penuria técnica de la defensa oficial, que tiene más expertos en lobby que juristas. Esto obligó a la Corte a tocar por propia decisión un asunto que no era materia del recurso y señalarle esta escapatoria al gobierno. Según la Corte, los residenciales son más vulnerables y tienen dificultades para acceder a la justicia mediante demandas individuales. Esta asimetría de poder justifica la acción colectiva en su beneficio, pero no de los comercios e industrias. Esta es una afirmación dogmática, sobre la cual no se produjo prueba ni debate y que no está desarrollada en la sentencia. Es ostensible que muchos comercios y pequeñas empresas tienen menos incentivos y más obstáculos para litigar que un usuario residencial de clase media o con recursos. Este recorte arbitrario es muy conveniente al gobierno, dado que según cifras oficiales del ENARGAS, sólo el 23,6 por ciento del consumo corresponde a los usuarios residenciales. Pero los 8,1 millones de usuarios residenciales son el 95,5 por ciento del total de 8,5 millones de usuarios. Esto implica que por el momento, el malestar social se reducirá en altísima proporción, mientras los efectos del incremento para el resto de los usuarios actuará como una carga de profundidad, con caídas de producción y empleo y cierres de industrias y comercios, en un proceso similar al de la última década del siglo pasado. Este podría ser no obstante un alivio de corto alcance para el gobierno, porque la propia Corte invita al resto de los usuarios a presentar reclamos individuales que, según la doctrina de este fallo, serían aceptados. También los habría por parte de asociaciones que representaran dentro de ese universo a otro colectivo homogéneo, como los clubes de barrio, las empresas con menos de 20 trabajadores o cualquier otro recorte que la inagotable imaginación jurídica sugiera realizar. Justamente por esta inexorabilidad de fallos adversos, es que la Corte le da al gobierno el tiempo necesario para convocar a la audiencia pública y subsanar el vicio que llevó a la nulidad de estos aumentos. Es inevitable que el 12 de septiembre, al iniciarse la audiencia, haya muchos amparos concedidos a comerciantes e industriales y medidas cautelares suspensivas de la refacturación que el gobierno quiere emitir. Pero tampoco la audiencia solucionará un problema central que la Corte destacó en su fallo: los aumentos que el gobierno pretende imponer son irrazonables y confiscatorios, de modo que a la larga tampoco serán convalidados. Es imposible predecir quién ganará esta carrera contra el tiempo: si las decisiones judiciales o la destrucción del tejido productivo y social. El gobierno, sus lenguaraces de prensa, los consultores de las empresas, desdeñan el enfoque de derechos, lo ridiculizan alegando que la energía no puede ser gratis, consideran las tarifas argentinas baratas en comparación con las de otros países de la región y le atribuyen el desabastecimiento, que imputan al aborrecido populismo. Este razonamiento podría aplicarse a otra época de la humanidad o a otros lugares del mundo, donde se viva en estado de necesidad, pero no a la Argentina, que tiene recursos suficientes para asegurar ese derecho a todos los ciudadanos.

Lo que omiten es que gracias a ese esquema la economía argentina no se reprimarizó, que crecieron las Pymes industriales y el empleo y que el salario medio fue el más alto de la vecindad. Para el jefe de los diputados oficialistas, Nicolás Massot, la alternativa al tarifazo es una inflación del 40 por ciento al infinito, porque los subsidios representan “siete de cada diez pesos que se emiten desde el Banco Central, generando inflación”. El déficit puede reducirse de otra manera, por ejemplo no reduciendo las retenciones a exportadoras de cereales y mineras y el nexo automático entre emisión e inflación ha sido mil veces desmentido en la experiencia nacional e internacional.

Costos y precio

Según el especialista Roberto Kozulj, en 2002 el costo medio por millón de BTU de gas (la unidad de medida británica) se estimaba en 0,70 centavos de dólar, mientras en el yacimiento de Loma La Lata oscilaba entre 0,14 y 0,25. De hecho se exportaba a 1,4 dólares por MBTU y la compañía Total cobró 0,97 dólares por MBTU de gas off-shore, que es el que más costaba extraer. A partir del alza de los precios internacionales del petróleo todas las empresas del mundo inflaron sus costos para pagar menos impuestos. Sobre esos datos, expertos de la Fundación Bariloche estimaron el costo en 2 dólares el MBTU. En este año el nuevo gobierno ha llevado el precio que les paga a 5,5 dólares. Pero en todos los casos se trata del supuesto costo declarado por las empresas, que el Estado no audita. Ante las preguntas del diputado sanjuanino José Gioja, el ministro Aranguren se negó a dar una cifra aduciendo que en cada lugar era distinta. Eso es cierto, ya que los campos y pozos no son sólo de gas. En la mayor parte de ellos se extrae petróleo y gas y la relación entre ambos es variable: en algunos yacimientos la relación gas/petróleo es alta y el producto principal es gas, mientras que en otros es baja y el producto principal es petróleo. A esto se suma que los operadores tienen distinto tipo de yacimientos. Total tiene más gas; PAE, YPF, Tecpetrol y Pluspetrol más petróleo. Además, el dato clave es la productividad de cada pozo, porque de eso depende que una inversión se amortice en meses o en años. Pero esa complejidad no implica que no pueda conocerse esa información, como ocurría con YPF hasta la privatización hace un cuarto de siglo y como sucede ahora en países donde la producción es estatal como Brasil con Petrobrás y Colombia con Ecopetrol, donde además el consumo residencial es muy bajo. Con la privatización de YPF empezó la oscuridad, que el kirchnerismo no pudo, no quiso o no supo revertir, por decirlo con un modismo caro al socio menor de la Alianza Cambiemos. Sin poder de supervisión, el Estado ignora el costo medio y marginal para cada nivel de oferta y demanda y no tiene cómo imputar los costos entre petróleo, gas y líquidos (GLP) en una producción que es conjunta (multi-producto) por yacimiento. Desde entonces ha habido pérdida de productividad por el agotamiento de pozos, incremento de salarios e insumos, pero aún así no es creíble la duplicación del costo. Los productores practican el chantaje cotidiano. Si no se les reconoce el precio que exigen, restringen la oferta y obligan a importaciones muy costosas o a practicar cortes, con el efecto social y político imaginable. La amenaza de la expropiación no es creíble, por las serias consecuencias en las relaciones internacionales y la falta de recursos para invertir. Aparte del ostensible interés personal del equipo ministerial, el razonamiento oficial es que con el mayor precio aumentará la inversión y se eliminará el déficit. Esto puede ser cierto en el corto plazo pero “en tres o cinco años te agotan el gas que queda, pues el quid es la nueva exploración y en esto el precio juega poco, y lo decisivo son el riesgo minero y la expectativa de hallar grandes cantidades en la Argentina o en otros destinos”. Una alternativa política e ideológica adecuada sería la creación de un ente regulador que compense las súper rentas garantizadas a los productores por los 25 o 20 dólares de subsidio del llamado barril criollo, que se pagan desde que bajaron los precios internacionales, transfiriendo rentas del petróleo para mejorar los precios del gas y del gas licuado, según el sesgo de activos de cada operador y cada provincia. Pero el propio Kozulj piensa que es una utopía.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-307462-2016-08-21.html

La decisión de la Corte Suprema complicó al gobierno nacional y pospuso la resolución de fondo del problema, por dos motivos: 1-Al convocar a audiencias públicas como requisito obligatorio para un aumento de tarifas le impide al gobierno y a las empresas energéticas aplicar retroactivamente el Tarifazo (lo que era su objetivo de máxima), pero lo habilita a futuro a implementar el Tarifazo tras estas audiencias que no son vinculantes, son un mero paso formal, en el que todos hablan pero luego el gobierno decide; 2-El fallo no atiende a los clubes de barrio, pymes e industrias, pero este sector no residencial (que representa el 74% del consumo total de gas del país) podrá por su lado recorrer el camino judicial de presentar amparos en juzgados de primera instancia, instancias de apelación y finalmente nuevamente la Corte. De esta forma, y como si fuera una bola de nieve, el problema tarifario seguirá en discusión por varios meses más.

Considerando que el 2017 será un año de elecciones, tampoco será el mejor escenario para el gobierno de las empresas para efectivizar un Tarifazo tan impopular. Cuando era posible aplicarlo políticamente (en 2016) el gobierno no pudo por las trabas judiciales, cuando sí pueda aplicarlo sin trabas judiciales (fines de 2016 y comienzos de 2017) será mucho más complicado por el contexto de desgaste político previo y la cercanía de las elecciones. 

Uno de los puntos más importantes del fallo es que le marca la cancha al gobierno para su futura decisión tras las audiencias. Como bien lo analiza la periodista de Página 12, Irina Hauser:

El fallo entra en un terreno que el Gobierno no esperaba, al exigir “razonabilidad” al Estado en los aumentos de tarifas. Le dice que: “Debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos”; ponderar “la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables”; evitar “el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera calificarse de ´confiscatoria´, en tanto detraiga de manera irrazonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo familiar a considerar”. A eso agrega que “un cálculo tarifario desmesurado o irrazonable generará altos niveles de incobrabilidad y terminará afectando el mentado financiamiento” y, a la larga, la “calidad y continuidad del servicio”.

FALLO COMPLETO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SOBRE EL TARIFAZO DE GAS:  

Fallo contra el Tarifazo

¿Podrá el Congreso anular el brutal Tarifazo de Macri?

El brutal aumento en los servicios públicos esenciales también tendrá este miércoles un nuevo capítulo en el Congreso. Una situación que volvería a unificar a todos los diputados del arco opositor en contra del tarifazo si los integrantes de las distintas bancadas logran superar las diferencias que los llevaron a convocar por separado dos sesiones especiales para el mismo día.

La primera fue solicita el jueves pasado por la noche por los bloques del Frente para la Victoria, Peronismo para la Victoria, Compromiso Federal y Frente de Izquierda y los Trabajadores, junto a los monobloques Solidario; Cultura Educación y Trabajo, Movimiento Solidario Popular, Concertación Forja y Proyecto Sur, que incluyen 82 proyectos de ley y de resolución presentados por diputados de todas las fuerzas parlamentarias relacionados con los aumentos en las tarifas.

Pero ayer se sumó otro pedido de sesión especial impulsada por el massista Frente Renovador, junto a Libres del Sur y al que también adhirieron la mayoría de los bloques que también acompañaron la otra solicitud para sesionar este miércoles, apenas media hora antes.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-306397-2016-08-09.html